El presidente del Gobierno de España entre los años 2004 y 2011 y exlíder del PSOE entre 2000 y 2012, José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido imputado por la Audiencia Nacional en la investigación relacionada con el caso Plus Ultra. Por ello fue citado para declarar en calidad de investigado por el cobro de comisiones ilegales y el lavado de fondos, en el marco de una investigación llevada a cabo por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), inicialmente el 2 de junio, aunque se pospuso al 17 y 18 de junio a petición de su defensa.
Es la primera vez en la historia de la democracia española que un presidente es investigado en una causa por corrupción. La imputación fue dictada por el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, a raíz de las investigaciones sobre el supuesto uso irregular de los 53 millones de euros del rescate del Gobierno a Plus Ultra, que sería desviado por los implicados.
En un auto de 85 páginas, el juez sitúa a Zapatero como presunto líder de “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” cuya finalidad es “la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra”. Según Calama, esta trama utilizó sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos “para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado”.
Además, se investigan el tráfico de oro, petróleo y divisas por parte de la “trama organizada”, que actuó en España, Venezuela, China y Emiratos Árabes. Una parte del dinero llegaría procedente del saqueo de la petrolera de Venezuela (PDVSA) y de un programa de alimentos de ese país.
Hasta cinco posibles delitos
Aunque el auto tipifica como delito principal el tráfico de influencias y abre la puerta a un posible blanqueo de capitales, los hechos que describe el juez encajan con la pertenencia a organización criminal, la apropiación indebida y la falsedad documental, por lo que se le podrían imputar estos presuntos delitos de manera formal, según avance la investigación.
En la operación de la UDEF están involucradas sociedades mercantiles y personas de su entorno, entre ellos, Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente del Gobierno que ya fue detenido y que podría ser el testaferro. El operativo investiga si la trama captaba el dinero de origen ilícito y lo reintroducía posteriormente en el circuito monetario, con parte del montante que saldría de empresas españolas que tenían como objetivo asegurar una línea directa con Moncloa, pero también gobiernos de otros países, lo que les llevaría a lograr beneficios tales como contratos públicos, informaciones privilegiadas y otras ayudas.
Entre las sociedades mercantiles implicadas se encuentra Análisis Relevante, con Julio Martínez al frente, de la que cobraron el propio Zapatero y sus hijas más de 660.000 euros en concepto de asesoramiento y comunicación, aunque los trabajos no habrían sido acreditados.
En total, la Audiencia Nacional atribuye a la trama el cobro de dos millones de euros o la creación de sociedades en Dubai para ocultar pagos por el rescate de Plus Ultra.
