José Luis Rodríguez Zapatero declaró el pasado 17 de junio ante el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, durante casi tres horas en las que negó haber ejercido influencias para favorecer a la aerolínea Plus Ultra, que recibió una ayuda pública de 53 millones de euros por parte del Gobierno en 2021. Sin embargo, la declaración del expresidente “no ha logrado desvirtuar los indicios de criminalidad expuestos en el auto de imputación, y que derivan de diversas y distintas fuentes de prueba” en su contra, según apunta en un auto el juez Calama, quien rechazó dictar medidas cautelares contra él como retirarle el pasaporte que pedía Fiscalía Anticorrupción, al no apreciar riesgo de fuga.
Zapatero es el primer expresidente del Gobierno que en democracia ha declarado como imputado en una causa en la que se investigan delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo y falsedad documental, además del delito fiscal y contrabando que el juez le imputó por las joyas valoradas en 1,3 millones de euros ubicadas en una caja fuerte en su oficina. En este sentido, Calama realizó en un auto el ofrecimiento de acciones a la Agencia Tributaria como “potencial perjudicada” por estos hechos investigados.
Además, el juez de la Audiencia Nacional imputó a las hijas de Zapatero, por el papel instrumental de una empresa suya usada para canalizar, ocultar o facilitar posibles pagos que, según la UDEF, pueden constituir una comisión a Zapatero, así como a la secretaria del expresidente, Gertrudis Alcázar, por “un papel operativo esencial dentro de una red organizada orientada al ejercicio ilícito de influencias”. Alcázar se acogió a su derecho a no declarar en la comisión de investigación del Senado tras ser citada por el PP.
Por otro lado, un nuevo informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional reveló nuevos detalles sobre el expresidente del Gobierno a través de conversaciones con Gertrudis. Lo más destacado son indicios de supuestas comisiones de 200.000 euros recibidas por Zapatero del grupo empresarial peruano Gloria con filiales en Bolivia.
Por su parte, el expresidente del Gobierno solicitó la “nulidad general de las actuaciones” del caso Plus Ultra al considerar que durante la investigación se han vulnerado varios de sus derechos fundamentales y que se ha incorporado al procedimiento “prueba ilícitamente analizada”.
