La vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, y el conselleiro do Mar, Alfonso Villares, participaron el pasado 28 de octubre en el Acto pola protección do sector pesqueiro, marisqueiro e da cadea mar-industria e en defensa do litoral galego, un encuentro que reunió en la Cidade da Cultura de Santiago a un centenar de representantes de todos los ámbitos de la actividad productiva vinculada al mar. Cofradías de pescadores, industrias transformadoras y conserveras, depuradores de mariscos, bateeiros, armadores y responsables de la patronal gallega se congregaron en el Edificio Fontán del Gaiás para defender, todos a una, que Galicia debe tener la potestad de decidir sobre su costa.
En el encuentro se dio lectura a un manifiesto donde el conjunto de la actividad se lamenta del lesivo recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Lei do Litoral de Galicia. Una decisión que provoca inseguridad jurídica y pone en riesgo la actividad, el empleo y servicios, además de paralizar obras de saneamiento y poner en peligros distintos tipos de servicios.
Ángeles Vázquez defendió la Ley del litoral gallega como una norma “que no va contra nadie”, una ley “buena” y que busca garantizar una gestión integrada del dominio público marítimo-terrestre que ofrezca “seguridad jurídica” a las actividades estratégicas al tiempo que preserva sus valores, por lo que lamentó la negativa del Estado a dialogar con la Xunta sobre la norma, antes y después de su aprobación.
Así y tras anunciar el pasado 10 de octubre que recurriría la norma gallega ante la Justicia, la vicepresidenta censuró la falta “de transparencia” demostrada una vez más por el Ejecutivo central que, según dijo, ni siquiera comunicó al Consejo de Estado su decisión de presentar el recurso, tal y como le confirmó por carta a la Xunta el propio organismo estatal.
Por todo lo expuesto, Vázquez Mejuto resaltó la importancia del manifiesto presentado en defensa de un sector “clave” para la Comunidad y del litoral gallego en su conjunto, un “frente común” necesario, añadió, para hacer que se escuche en Madrid “la voz del mar” y dejar claro que “con Galicia y su costa no se juega”.
Por su parte, Alfonso Villares argumentó que ninguna otra iniciativa legislativa sitúa “a la pesca, marisqueo o miticultura con un nivel de protección tan alto como hace la norma gallega”. El titular de Mar recordó que reconocía estas actividades como “estratégicas y prioritarias”, algo que ganó relevancia después de constatar cómo se aprobaron los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM) por el Gobierno central: sin diálogo ninguno con las comunidades autónomas ni con los sectores implicados.
El conselleiro do Mar considera que esa es la clave de que la cadena mar-industria depositara toda su confianza en la aprobación, el pasado 6 de julio, de la Lei do litoral de Galicia, la Loxilga, pues la norma autonómica, ahora en suspenso, reconoce con total claridad el uso pesquero, marisquero y acuícola como “estratégico y prioritario” para el desarrollo sostenible del litoral.
También se sumó Alfonso Villares al mensaje de que desde el Gobierno central en funciones no pueden dejar de escuchar el clamor que crece cada día más en Galicia en defensa de su sector productivo y de su litoral, instando nuevamente a rectificar, dar marcha atrás y permitir que Galicia tome el timón de sus competencias sobre la costa y los caladeros.
Por parte del mundo del mar los encargados de transmitir las inquietudes de este conjunto de actividades fueron el presidente de la Federación Galega de Cofradías de Pescadores, José Antonio Pérez Sieira, y la presidenta de la Comisión Mar-Industria de la patronal autonómica (CEG), Isabel Cañas. En el manifiesto que leyeron entre los dos se defiende el valor fundamental del sector marítimo-pesquero para Galicia, una actividad estratégica que sustenta más de 40.000 empleos y generan 9.000 millones de euros de actividad productiva, con un peso que no tiene parangón ni en el resto de España ni en el conjunto de la UE.
Todas las actividades
El manifiesto firmado el día 28 fue suscrito por distintas entidades de la cadena mar-industria de Galicia y se pretende que se extienda entre muchas más, con el objetivo de conformar un fuerte frente común en la defensa del litoral gallego y de que las decisiones sobre este ámbito se puedan tomar desde la Comunidad Autónoma.
En el acto en Santiago estaban los máximos responsables de la federación gallega y de las tres federaciones provinciales de cofradías de pescadores, así como decenas de patrones mayores y miembros de los cabildos de los pósitos; la cúpula de Anfaco-Cecopesca y de la Cooperativa de Armadores de Oporto de Vigo (ARVI); de Pescagalicia-Arpega; Amegrove; de la Asociación de Empresarios Depuradores de Moluscos (Agade); los palangreros de Orpagu; la Asociación de productores de Rodaballo de Galicia (Aroga); la Asociación Nacional de Mulleres da Pesca (Anmupesca); las redeiras de O Peirao; la Sociedad Cooperativa Santa Uxía de Ribeira; la Federación Galega de la Construcción (Fegacons); y los responsables de la mayoría de los grupos de acciones locales en pesca (GALP), entre otros colectivos y empresas.
