Vox presentó el pasado 23 de julio una querella ante el Tribunal de Instancia de Madrid contra Sofía Puente por delitos de prevaricación y usurpación de funciones legislativas.
Los hechos denunciados corresponden a octubre de 2022, la etapa en que Sofía Puente ocupaba el cargo de directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, momento en el que firmó la Instrucción que ha permitido la nacionalización de descendientes de emigrantes españoles (unos días después de la aprobación de la Ley de Memoria Democrática).
El partido afirma que la Instrucción fue firmada con el conocimiento de Puente de que era ilegal, lo que conlleva el delito de prevaricación. Además, recuerdan en la querella, según publica OK Diario, que un director general no tienen potestad reglamentaria y que la Instrucción firmada por Puente ha tenido “unas consecuencias jurídicas sustanciales”, de ahí que le acusen de usurpación de atribuciones legislativas.
El escrito, además de contra Sofía Puente, también va dirigido contra su sucesora en el cargo, María Ester Pérez. En este caso, según publica OK Diario, Vox entiende que la actual directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública “perfeccionó” la extralimitación de Puente mediante la Instrucción de 5 de noviembre de 2024 por la cual se aceptaba que todas aquellas personas que hubiesen pedido cita previa para tramitar la nacionalidad antes del 22 de octubre de 2025 pudiesen formalizar la solicitud más allá de dicha fecha, algo que la ley “no contempla en ningún caso”.
