Vox reclamó el pasado 30 de junio la suspensión de la llamada disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática y propuso restringir el voto por correo a los españoles residentes en el extranjero. La formación defiende que quienes estén inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) solo puedan ejercer su derecho al voto de manera presencial en consulados o embajadas, independientemente de la distancia respecto a su lugar de residencia.
José María Figaredo, secretario general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, reconoció que esta medida provocaría “dificultades” para las personas inscritas en el CERA. Al mismo tiempo, sin embargo, Vox defiende que existe una necesidad de tomar medidas ante lo que considera un “golpe de estado a cámara lenta” que el Gobierno vendría impulsando desde el 2022.
Figaredo recordó que Vox ya presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la disposición que regula adicional octava de la Ley de Memoria Democrática. Además, solicitó la “revisión de oficio”, la suspensión cautelar y la nulidad de la instrucción del Ministerio de Justicia emitida en octubre de 2022, que establece el procedimiento para la concesión de la nacionalidad a través de esta vía.
En palabras del dirigente de Vox, el proceso de inscripción y acceso al CERA presenta una “enorme opacidad”. Señaló que el Gobierno ha delegado en autoridades extranjeras parte del procedimiento de nacionalización y de incorporación al registro de electores en el extranjero. Figaredo afirmó que, para emitir el voto postal en territorio nacional, se exige la identificación del elector tanto al solicitar el voto como al entregarlo en Correos; mientras que en el extranjero el material electoral se remite a todos los inscritos en el CERA sin requerir identificación en la entrega, y el sistema postal depende del país de residencia.
Figaredo apuntó también que los nuevos ciudadanos pueden elegir la circunscripción en la que votar. “No hace falta que voten todos al PSOE, basta con que se dirija un puñado de votos a las provincias donde baila un diputado entre un partido y otro para que el PSOE pueda asegurarse 10 o 15 escaños con que les voten 10.000 o 20.000 personas”, explicó el diputado, quien considera que los socialistas están “tratando de dirigir el voto”.
Sobre la LMD
Otra de las críticas de Vox se centra en la externalización del procedimiento. Figaredo citó el caso de Cuba, donde la gestión de la regularización y el sistema de votación se han adjudicado a las empresas Palco y Neoris. El secretario general de Vox recordó que el CERA registra actualmente 2,7 millones de personas y que existen 2,5 millones de solicitudes de nacionalidad pendientes de resolución. Según los datos facilitados, entre 2020 y 2023 el número de inscritos aumentó un 7,2% y en los últimos tres años el crecimiento ha sido del 17,9%.
“Si logran sacar adelante todo el procedimiento, podrán más que duplicar el actual CERA y parece que lo están haciendo”, afirmó Figaredo, quien considera que la concesión de nacionalidades y el registro se han “acelerado terroríficamente”. Preguntado por la labor de los cónsules que deben resolver las solicitudes, Figaredo respondió que no podrán denegar las nacionalizaciones porque se tramitan conforme a una ley que, en su opinión, está “pensada para el fraude”.
El secretario general de Vox también se refirió a las recientes declaraciones del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien calificó el procedimiento de nacionalización de “ingeniería electoral”. Según Figaredo, Vox está “generando opinión” y considera positivo que otras formaciones se sumen a sus planteamientos: “El tiempo nos da la razón de forma sistemática, que todos se suban al carro es fantástico”, señaló.
Pero… ¿que se han fumado estos?.
Parece que el problema no es el fraude, sino que voten. Porque si de verdad la preocupación fueran las garantías, se reforzaría el sistema; no se pondrían barreras a millones de ciudadanos.