Canarias distribuirá 5,3 millones de euros para ayudar a los afectados por coronavirus a pagar el alquiler

La cuantía máxima será de 900 euros mensuales por familia

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, presentará en el próximo consejo de Gobierno, las bases que regularán la tramitación y concesión en las islas, de las ayudas aprobadas por el Gobierno de España para apoyar a las familias afectadas económicamente por el coronavirus a la hora de pagar el alquiler de su vivienda habitual, unas ayudas para las que el Ejecutivo canario dispondrá de 5,3 millones de euros.

El Instituto Canario de Vivienda (ICAVI) se encargará de gestionar esas ayudas de manera telemática y a través del servicio de información y atención al ciudadano el 012, que ofrecerá atención personalizada una vez se abra el plazo de presentación de solicitudes en los próximos días.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha repartido para estas ayudas al alquiler de vivienda habitual 100 millones de euros del fondo de contigencia entre las 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas, con un criterio de reparto idéntico al de la actual distribución territorial del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. De esta forma, a Canarias le han correspondido los 5,3 millones ya reseñados.

La Consejería está preparando una resolución que se publicará en los próximos días donde se especificarán las bases de la solicitud, plazos de presentación de las mismas y procedimientos.

La cuantía de esta ayuda será de hasta un máximo de 900 euros mensuales por familia. El máximo de las ayudas podrá ser hasta del cien por cien del total de la renta de alquiler durante seis meses. En el caso de que se haya suscrito un préstamo o microcrédito para el pago de la renta de la vivienda habitual, se abonará también el cien por cien del principal e intereses del préstamo siempre que éste no exceda de los 900 euros mensuales.

Suspensión de los desahucios

Esta ayuda se suma a las medidas ya aprobadas por el Gobierno de suspensión de los desahucios, prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler y la aprobación de líneas de avales para financiación de arrendatarios (inquilinos) en situación de vulnerabilidad, todas ellas tendentes a aminorar las cargas económicas de los arrendatarios en situación de vulnerabilidad.

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