Con la Ley en la mano

¿Una política de retorno sin entorno?

Por Ricardo Martínez Barros

Ricardo Martínez Barros.

España padece una crisis demográfica alarmante. De los 8.124 municipios que conforman el mapa nacional, el 44%, o sea unos 3.589, sufren un “deterioro” demográfico que el MAPA 174 (alusión al artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la UE) trata de analizar para promover políticas de reforzamiento en las distintas áreas económicas, sociales y territoriales.

En la Conferencia de Presidentes Autonómicos celebrada el pasado día 30 de julio en la ciudad de Salamanca, el Sr. Núñez Feijóo expresaba la necesidad de dar una oportunidad a esos más de tres millones de españoles que, desde el exterior, son los verdaderos artífices, para bien y para mal, de la ‘Marca España’ y que, con una política adecuada, no dudarían en regresar a su país.

Es muy loable que cada Comunidad trate de desarrollar estrategias para fomentar el retorno, pero la emigración es una cuestión de Estado, no de Gobierno. Pero desgraciadamente los Gobiernos se han apoderado de los Estados y de su Carta Magna, haciendo inútil los esfuerzos de aquellos “visionarios” que un buen día redactaron ese art. 42 de la CE, que le obliga “al Estado velar especialmente por la salvaguarda de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero, y orientar su política hacia su retorno”.

Si circulas por una autopista a más de 120 km/h te multan; si no pagas el recibo de la luz o el agua te cortan el suministro; si te olvidas de tus impuestos hasta puedes ir a la cárcel; y si no abonas la hipoteca de tu piso te lo “birlan”. Pero si el Gobierno, el Estado, no cumple con los mandatos constitucionales se le ríe la gracia y hasta se le vota y se le complace.

El derecho al retorno es un derecho constitucional. Sin embargo, ese derecho se queda desnudo, aunque se ejecute, si no va provisto de una serie de medidas que han de conformar el “entorno” adecuado para que el derecho a retornar sea efectivo y positivo. Entre esas medidas se nos antoja como imprescindible una red de asesoramiento y consultorías que ilustre debidamente al retornado para que cada decisión que tome venga acompañada de un conocimiento esencial que le actualice en los distintos campos del derecho, de la economía y demás ramas del conocimiento. No debemos olvidarnos que, en muchos casos, el retornado proviene de un entorno socio-económico-político-jurídico bien diferente al que existe en su país de retorno. La UE tiene que jugar un papel más protagonista a la hora de establecer directrices y medidas que obliguen a los países integrantes, con grave incidencia en su demografía, a fin de hacer posible lo que es necesario. Porque si no se atienden estos problemas, posiblemente el Sur de Europa vuelva a ser el deseo anhelado de aquellos otros imperios que, una y otra vez, tratan de engullir los pilares de nuestra civilización occidental.

Política de retorno, sí, pero bajo los principios de libertad y arropada en un entorno que haga fácil y asequible la reinserción en el entramado social del país receptor para no tener que repetir, una y otra vez, aquella frase del escritor suizo Max Frisch: “Pedimos mano de obra y llegaron personas”.

Ricardo Martínez Barros es el fundador del Despacho Martínez Barros en Vigo, uno de los más prestigiosos y grandes de Galicia, formado por abogados gallegos. Director de los servicios jurídicos del R.C. Celta y Vicepresidente en su día. Persona ligada a la emigración con más de 1.500 artículos publicados en varios medios.

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