ESPECIAL NÚMERO 1.000

Una notoria falta de voluntad política

Por Eduardo Dizy Sánchez, presidente del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior

Eduardo Dizy.

Quiero iniciar este artículo con un especial agradecimiento a la dirección del periódico España Exterior por esta invitación a participar en su edición especial, de este ejemplar número 1.000 que, además, coincide con su 24 aniversario ¡Muchas Felicidades! Asimismo, aprovecho para felicitar a todo el equipo humano que hace realidad la comunicación especializada en la ciudadanía española en el exterior, acercándonos y reviviendo con nostalgia nuestras raíces. Gracias de manera muy especial, Miguel, por pensar en mí.

En estas complicadas circunstancias sanitarias a nivel mundial, donde se ha modificado la vida de cada persona y, haciendo un ejercicio mental en retrospectiva, recuerdo que mi primera participación en el Consejo de Residentes Españoles en México y en el antiguo Consejo General de la Emigración (hoy Consejo de la Ciudadanía Española en el Exterior), data ya de 1998 (casi al año de inicio de nuestro periódico España Exterior) y desde ese entonces, hemos sido testigos de avances en el bienestar de los españoles que residimos fuera del territorio nacional. Por nombrar algunos, que destacan en su alcance e impacto, me vienen a la cabeza los contenidos en el marco de los derechos civiles y participación: el derecho a ser elector y elegible, la asistencia y protección de los españoles en el exterior, el derecho de petición, de acudir al Defensor del Pueblo y de información, derecho a la participación en órganos consultivos de la emigración, organizaciones sindicales y empresariales y derecho de asociación. Asimismo, se crea el establecimiento de un censo de asociaciones y centros radicados en el exterior. Por otro lado, se completa con la prohibición a los poderes públicos de cualesquiera medidas que puedan ocasionar discriminación por razón de género, así como con la promoción de políticas de igualdad entre mujeres y hombres.

En el ámbito de los derechos sociales y laborales: el derecho a la protección de la salud, derechos en materia de Seguridad Social y prestaciones por razón de necesidad y servicios sociales para mayores. De los anteriores nacen las pensiones asistenciales por ancianidad RD 728/1993, las pensiones de los niños de la guerra Ley 3/2005, las ayudas asistenciales por incapacidad, las ayudas extraordinarias para emigrantes,  ayudas para cobertura de la asistencia sanitaria, las subvenciones destinadas a programas de actuación para la ciudadanía española en el exterior y retornados. Estas incluyen los programas de asociaciones, de centros, de proyectos e investigación, de jóvenes, de comunicación, el programa de mayores y dependientes, los viajes a España del Imserso, etc. También, son muy importantes los convenios bilaterales o multilaterales de seguridad social, el convenio especial en el sistema de Seguridad Social española para emigrantes españoles e hijos de éstos y el plan seguro de gastos médicos para la tercera edad por circunstancias de exclusión social. De más reciente creación es el combate a la violencia de género, la información y asesoramiento a las mujeres españolas víctimas de ella y a sus familias, para que así tengan conocimiento de sus derechos y de los recursos disponibles en el país de residencia.

Eduardo Dizy presidiendo una reunión del CGCEE.

En el terreno educativo se contemplan los derechos relativos a la educación y la cultura: derecho a la educación, homologación, convalidación y reconocimiento de títulos y estudios extranjeros, así como el acceso a las lenguas y culturas españolas. Estos derechos constituyen un todo que persigue, en definitiva, mantener los vínculos con España de los españoles en el exterior, tanto para aquellos que residen fuera como, especialmente, para aquellos que deciden regresar. En este sentido, se crean las aulas de lengua y cultura españolas (ALCE) para alumnos españoles, entre 7 y 18 años, residentes en países de lengua extranjera.

De la misma manera hay que reconocer que, en todo este tiempo, también se está sufriendo un retroceso en derechos fundamentales y sociales, así como en la reducción de presupuestos destinados en favor de la emigración, mismos que modifican negativamente programas existentes, suprimen otros o limitan las posibilidades de realizar labores en sentido del bienestar social. Tal es el caso de la imposición del voto rogado, de la supresión del voto municipal, de la escasa facilidad para la participación de los españoles en los órganos de representación (CRE y CGCEE), de la invisibilidad y nulos resultados de estos órganos de participación por falta de voluntad política, de la incapacidad de los parlamentarios para llegar a acuerdos en la supresión del voto rogado, de aprobar una ley de nacionalidad justa, inclusiva y acorde a la actualidad, por señalar algunos.

A mi entender, creo que el formato del CGCEE (antiguo Consejo General de la Emigración, CGE), tal y como está concebido actualmente, es obsoleto y se encuentra agotado. El CGE fue preconcebido en 1985 y creado a finales de la consolidación democrática española por el RD 1339/1987. En aquel ambiente político, para los intereses del Gobierno que regía (1982-1996), se consideraba muy importante la participación de la emigración en la vida nacional y, por lo mismo, había una verdadera voluntad de escuchar, modificar, solucionar y avanzar en todos los temas planteados por las resoluciones de los diferentes Plenos y Mandatos del CGE. Era tan relevante y considerado su trabajo que todo el Consejo era recibido por S. M. El Rey y por el Presidente de Gobierno. Ese ímpetu e interés se trasladó al siguiente Gobierno (1996-2004) que siguió escuchando y avanzando en las demandas de la emigración, si bien no todas, sí algunas de importancia.

Miembros del CGCEE en la última reunión plenaria celebrada en Madrid en junio de 2018.

Se alcanza la mira más alta de la emigración en el Gobierno (2004-2011) con la promulgación de la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior. Por su condición, estos españoles exigen un tratamiento específico por parte del Estado que permita, en cumplimiento del artículo 14 de la Constitución Española de 1978, garantizar a los españoles residentes en el exterior el ejercicio de los derechos y deberes constitucionales en condiciones de igualdad con los residentes en territorio nacional, con el compromiso de los poderes públicos de adoptar las medidas necesarias para remover los obstáculos que impidan hacerlos reales y efectivos.   

Con la aprobación de la Ley 3/2005, de 18 de marzo, por la que se reconoce una prestación económica a los denominados ‘niños de la guerra’ se logra un importante avance en este sentido.

El Estatuto de la ciudadanía española en el exterior constituye el marco básico para establecer el deber de cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas, así como los mecanismos necesarios para la coordinación de sus actuaciones, en colaboración con la Administración Local, con los agentes sociales y con las organizaciones y asociaciones de emigrantes, exiliados y retornados. Con posterioridad, se promulga la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, denominada de Memoria Histórica, por la cual se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. Paradójicamente, es a finales de ese Gobierno, entre 2008 y 2011, cuando se produce un éxodo de emigrantes a causa de la crisis económica -que no se reconocía públicamente- y que llevó al exilio económico a más de 700.000 españoles contabilizados hasta el año 2012, la mayoría jóvenes altamente cualificados. También, en ese Gobierno, se aprueba la Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero, por la que se modifica la anterior Ley Orgánica del Régimen Electoral General 5/1985, de 19 de junio, que introduce el denominado ‘voto rogado’ y la supresión del voto municipal, ADN del emigrante. Es en este momento histórico cuando comienza una notoria falta de voluntad política hacia los asuntos de la emigración y la ciudadanía española en el exterior.

En el Gobierno (2011-2018), ante la grave crisis económica heredada, se continúa y acentúa la falta de voluntad política hacia los asuntos de la ciudadanía española en el exterior, e incluso me atrevo a decir que comienza una invisibilidad del CGCEE y una política de desapego hacia la España exterior. Ese camino, de marcado retroceso en los asuntos de la ciudadanía en el exterior, acompañará todo el tiempo restante de legislatura hasta su finalización con la moción de censura a ese Gobierno. También es de reconocer que, durante este periodo, se aprobó la Ley 12/2015, de 24 de junio, en materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España.

Desde su inicio, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha realizado repetidos ceses y nombramientos políticos afectando seriamente la trayectoria del Consejo General. Primero, por la falta de convocatoria de los Plenos y de las reuniones de las Comisiones delegadas no realizadas y, segundo, por la falta de comunicación con el Presidente, la Comisión Permanente y las Comisiones delegadas. La sensación que nos embarga desde hace algún tiempo es similar a la de orfandad

Con el nuevo Gobierno (2018-2020) el CGCEE continúa en franco deterioro. Tanto es así que no es convocado en 2019 el III Pleno del VII Mandato, por falta de voluntad política y cambios de cargos en las altas direcciones ministeriales. Ya con el Gobierno actual de coalición (desde enero de 2020) y una vez declarada la pandemia mundial, se fracciona el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, convirtiéndose una parte en el actual Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que, desde su inicio, ha realizado repetidos ceses y nombramientos políticos afectando seriamente la trayectoria del Consejo General. Primero, por la falta de convocatoria de los Plenos y de las reuniones de las Comisiones delegadas no realizadas y, segundo, por la falta de comunicación con el Presidente, la Comisión Permanente y las Comisiones delegadas. La sensación que nos embarga desde hace algún tiempo es similar a la de orfandad.

Quiero terminar este relato de acontecimientos y desencuentros con el último suceso que, desde el pasado 24 de julio de 2020, se viene dando desde la Secretaría de Estado de la España Global (SEEG), perteneciente al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, con el lanzamiento de la campaña ‘Españoles globales, héroes locales’ que trata de identificar, dinamizar, conectar, apoyar, proyectar y escuchar a todos los españoles con presencia en los ámbitos empresarial y académico, en el sector público internacional, en la cooperación y la sociedad civil, la comunicación, la cultura y el deporte. En todos estos ámbitos se enmarca la campaña que busca visibilizar a esos españoles en el exterior y cuyo contenido comienza a difundir el Ministerio a través de sus redes sociales y de su canal de YouTube. Ejemplos de españoles y de otros muchos perfiles que representan a los 2,6 millones de españoles repartidos por el mundo y que con su trabajo e implicación diaria contribuyen a construir una relación sólida entre España y su ciudadanía exterior, algo que desde la SEEG se considera de enorme utilidad, no solo para la acción exterior española, sino para afrontar los retos del país.

Qué pena que hayan obviado, desde su inicio, la presencia de los CRE y del CGCEE, donde se aglutina la representación de esos 2,6 millones de españoles en el exterior. Cabe recordar que los miembros de los CRE son electos por sufragio universal dentro de la comunidad española residente en su demarcación consular y los Consejeros Generales son electos entre los mismos.

Qué pena que la segunda vicepresidencia del CGCEE sea la Subsecretaria del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y no nos hayan tomado en cuenta para este proyecto que, a todas luces, señala nuestra participación.

Es más que evidente que, el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, sufre la imposibilidad de cumplir y finalizar su VII Mandato dentro de lo que marca la Ley 40/2006 y el RD 230/2008.

Por último, quiero participar a los lectores que la emigración y la ciudadanía española en el exterior envían remesas de dinero, actualmente más de 14.000 millones de euros anuales al erario público español, solo por productos del trabajo, amén de la aportación histórica durante la posguerra y décadas posteriores. El no reconocimiento por el Gobierno en turno del valor que significa la emigración y el beneficio que aporta a la economía y al bienestar de los españoles, está directamente relacionado con la falta de reciprocidad, la invisibilidad e intranscendencia del CGCEE. Desde mi punto de vista, la solución a la compleja situación pasa por la representación parlamentaria directa (diputados y senadores por la emigración), tantas veces solicitada y otras tantas obviada. En general, quienes vivimos fuera, no nos vemos representados por los diferentes grupos políticos del arco parlamentario español.

Finalmente, nosotros reconocemos que la única visibilidad y repercusión de la ciudadanía española en el exterior viene dada de la mano de los medios de comunicación especializados en la emigración, como éste, y a los que les estamos sumamente agradecidos por su importante y entrañable trabajo para quienes residimos tan lejos de nuestra querida España.

De nuevo, ¡Muchas felicidades y muchas gracias!

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *