Una ley promovida por el Gobierno permite la rebaja de las penas a los agresores sexuales

Una quincena de condenados se han visto beneficiados y cuatro de ellos han sido excarcelados

La Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida popularmente como la Ley del “sólo sí es sí” lleva poco más de un mes en vigor y ha generado una gran polémica por sus consecuencias. La medida estrella de Podemos en el Gobierno, a través del Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero, se presentó como una norma que iba a reforzar la seguridad y los derechos de las mujeres. Sin embargo, su entrada en vigor ha provocado una gran cantidad de peticiones de revisión de condenas y de excarcelaciones de agresores sexuales porque la nueva norma incluye la rebaja en el límite de la pena mínima, al absorberse el delito de abuso sexual en el tipo penal de agresión sexual. Con el consiguiente mazazo a las víctimas de estos delitos.

Varios medios de comunicación cifran las revisiones de casos aprobadas, hasta el momento, en una quincena  -y 23 años menos de cárcel en total para agresores sexuales-, de las cuales cuatro han supuesto la excarcelación de los reos. Y se calcula que puede haber ya otro centenar de sentencias en revisión. Los expertos, además, aseguran que esta situación ya no tiene arreglo y el Ejecutivo sólo puede hacer una contrarreforma para casos futuros, pero hasta entonces los condenados se seguirán beneficiando de la Ley aprobada por el Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos.

La ministra Irene Montero, el resto de altos cargos de Igualdad y los portavoces de Podemos reaccionaron criticando a los jueces por considerar que no han entendido la norma y que deben formarse. Todo ello acompañado de descalificaciones a los jueces como machistas o fachas que fueron replicadas como intolerables por el Consejo General del Poder Judicial.

La parte socialista del Gobierno comenzó apostando por una revisión de la Ley, como varios de los socios del Ejecutivo, hasta que el presidente Pedro Sánchez pidió esperar a que se pronuncien el Tribunal Supremo y la Fiscalía. Los partidos de la oposición (PP, Vox y Ciudadanos) pidieron la dimisión o el cese de Montero y las críticas llegaron también desde dentro de Podemos.

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