Eva González Pérez, abogada española que ejerce desde hace dos décadas en Países Bajos, ha sido responsable en destapar el mayor escándalo político y administrativo de la década de gobierno de Mark Rutte y la dimisión en bloque del Ejecutivo holandés: la discriminación xenófoba a la hora de exigir a 26.000 padres de origen extranjero la devolución de las ayudas para los cuidados de sus hijos por el mero hecho de ser extranjeros.
El escándalo estalló en el Parlamento y en la prensa nacional gracias a la perseverancia de esta letrada, nacida en Cáceres en 1973, que pasó años sin tirar la toalla, haciendo llamadas de teléfono, enviando correos y visitando a funcionarios de la agencia tributaria para demostrar que sus clientes no habían defraudado a Hacienda y necesitaban las ayudas.
Decenas de miles de familias, en su mayoría de origen turco y marroquí, fueron víctimas de acusaciones infundadas de fraude en la asignación que usaban para financiar el cuidado de sus hijos y fueron obligados a devolver cantidades ingentes de dinero, a veces de hasta 100.000 euros, en el plazo de semanas, llevando a muchos a perder su casa y su trabajo.
El Gobierno holandés ha reconocido su mala actuación, ha dimitido en bloque y ya está estudiando las indemnizaciones.
