El Tribunal Constitucional (TC) avaló, con los seis votos a favor de la mayoría próxima al Gobierno y los cuatro en contra de la minoría conservadora, la Ley de Amnistía destinada a borrar los delitos cometidos en el marco del proceso independentista catalán cuyo culmen fue el 1 de octubre de 2017 con el referéndum ilegal y la posterior declaración de independencia, suspendida temporalmente.
Esta decisión exonera de responsabilidad a dirigentes y participantes en el procés, aunque deja en un limbo a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras al no pronunciarse sobre la malversación de fondos públicos.
El 26 de junio, el Pleno del TC resolvió el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP avalando la norma porque busca “una mejora de la convivencia” en España y considera que sirve al interés público porque facilita la normalización política en Cataluña sin vulnerar la Constitución. “La ley impugnada responde a un fin legítimo, explícito y razonable”, afirma la sentencia. Manifiesta que “todo lo que no está constitucionalmente vedado queda, en principio, dentro del ámbito de decisión del legislador”, de acuerdo con el “principio democrático”.
Desde el órgano de garantías precisan que este tipo de leyes solo es “constitucionalmente admisible cuando responde a una coyuntura extraordinaria”, como “la crisis constitucional derivada del proceso secesionista catalán”. Considera que esta decisión servirá para “paliar” los efectos del procés y “mejorar la convivencia”.
La sentencia considera que la prohibición de los indultos generales en la Carta Magna no supone la prohibición implícita de las amnistías. “El legislador puede hacer todo lo que la Constitución no prohíba explícita o implícitamente”, subraya el escrito del tribunal. Además, descarta que sea una “autoamnistía”, pues “una ley debatida y aprobada por el Parlamento de un Estado democrático de derecho que contempla la extinción de la responsabilidad penal por amnistía no puede calificarse” así.
La sentencia cuenta con cuatro votos particulares en los que los discrepantes reprochan la “falacia” del interés general y emiten una dura crítica a sus compañeros por “abdicar de su deber como garantes del orden constitucional” y olvidarse de que “son sus guardianes y no sus propietarios”.
Al inicio de los debates, la mayoría progresista descartó igualmente plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que también está llamado a pronunciarse sobre la Ley de Amnistía ante las preguntas formuladas por otros tribunales españoles. De hecho, el próximo 15 de julio tiene previsto celebrar la primera vista.
Se trata de la primera sentencia sobre la amnistía puesto que hay pendientes más de una treintena de asuntos relativos a esta ley.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que la sentencia es una “magnífica noticia para España y para la convivencia”. “Se cierra una crisis que nunca debía de haber salido del ámbito político”, añadió. Mientras que el exlíder socialista y expresidente del Gobierno, ️Felipe González, ve la ley de amnistía como “un acto de corrupción política” y amenazó con no votar más a Sánchez.
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, dijo que el aval del TC a la ley de amnistía es “una vergüenza” para cualquier demócrata, puesto que su promulgación fue “un ejercicio de corrupción política”. “Lo que se ha venido es a validar la autoamnistía, que ha sido la moneda de cambio que ha entregado el señor Sánchez para ser presidente del Gobierno después de haber perdido las elecciones generales”, señaló.
