ESPECIAL NÚMERO 1.000 - EDITORIAL

Un momento para reflexionar sobre la situación actual y para mirar al futuro

La situación actual de la ciudadanía española en el exterior no permite echar una mirada atrás. Procede, más bien, realizar un análisis del presente para mejorar las expectativas de cara al futuro. Siempre que se conmemora el aniversario de una publicación, de una institución o incluso de una persona es frecuente hacer balance del recorrido ya cumplido, de los hitos alcanzados o de los retos pendientes en relación con el inicio de esa trayectoria. España Exterior llega a su número 1.000 y no va a dedicar muchos esfuerzos, como decíamos, en mirar atrás.

La situación actual de la ciudadanía española en el exterior no permite echar una mirada atrás. Procede, más bien, realizar un análisis del presente para mejorar las expectativas de cara al futuro. Siempre que se conmemora el aniversario de una publicación, de una institución o incluso de una persona es frecuente hacer balance del recorrido ya cumplido, de los hitos alcanzados o de los retos pendientes en relación con el inicio de esa trayectoria. España Exterior llega a su número 1.000 y no va a dedicar muchos esfuerzos, como decíamos, en mirar atrás.

Aunque conviene centrarse en el presente y no revivir tiempos pasados ni perderse en los recuerdos, los últimos 15 años no han estado marcados, desde luego, por las buenas noticias para los residentes en el extranjero. Desde la aprobación de la Ley del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior se han sucedido hechos que han culminado en lo que el presidente del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), Eduardo Dizy, define como “un retroceso en derechos fundamentales y sociales, así como en la reducción de presupuestos destinados en favor de la emigración”.

Hay dos heridas que aún provocan mucho dolor. En 2007 se aprobó la conocida como Ley de Memoria Histórica, que permitió el acceso a la nacionalidad de miles de descendientes de españoles en el exterior, pero que supuso un agravio discriminatorio para otros muchos al dejar fuera cuatro supuestos, uno de ellos además por cuestiones de género. En 2011, PSOE, PP, CiU y PNV modificaron la Ley electoral: los votantes en el extranjero perdieron el derecho a participar en las elecciones municipales y se instauró en los demás comicios el voto rogado, denostado a día de hoy por todos y cuya reforma vive en un limbo permanente sin que nadie se decida a dar el paso definitivo de derogarlo.

Pero aún faltaban por llegar la crisis económica, con sus recortes y la nueva emigración de los jóvenes, y la pandemia de la Covid-19, que ha dificultado la subsistencia de las entidades de la diáspora. Aunque el primer Ejecutivo de Pedro Sánchez prometió recuperar los niveles de atención anteriores a la crisis, la llegada de José Luis Escrivá al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones provocó todo lo contrario. Al poco tiempo de tomar posesión anunció la reducción al mínimo del apartado de emigración, chocando directamente con la Ley del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior y sin escuchar la opinión ni las propuestas de sus representantes.

La voluntad de Escrivá se ha traducido en la renuncia al desarrollo de una política integral de atención a este colectivo y de fomento del retorno, suprimiendo las ayudas extraordinarias para retornados, el plan especial de apoyo a los más desfavorecidos en Venezuela y los programas para centros, proyectos, comunicación y jóvenes, entre otros. El desprecio definitivo llegó al desviar 5,8 millones de euros de ayudas a los españoles en el exterior a inmigración, como publicó en exclusiva este medio. Y nada se sabe del Plan de Retorno a España.

Cabe recordar que el Gobierno central es el responsable de la atención a los ciudadanos en el exterior, según la Constitución. En este sentido, una actuación esperanzadora es la iniciativa Ciudadanía Española Global, del Ministerio de Asuntos Exteriores, que ha creado interesantes expectativas. También son reseñables las políticas de algunas administraciones autonómicas que complementan la función del Gobierno. Es el caso de Galicia, muy sensible con este colectivo, o Canarias, ambas con lazos históricos con la emigración.

Por otro lado, los órganos de representación de la colectividad van perdiendo visibilidad. El pleno del CGCEE no se convoca desde 2018, incumpliendo las normas que lo rigen, y las elecciones a los Consejos de Residentes Españoles se han celebrado en plena pandemia, con las dificultades que ello conlleva.

Por tanto, la situación actual de la ciudadanía española en el exterior está marcada por la incertidumbre, con reclamaciones históricas de la colectividad pendientes de solución, por los recortes presupuestarios y los prejuicios de un Ministerio que ignora el potencial de este colectivo, además de la pérdida de protagonismo de sus representantes. Todo ello ha generado indignación y un profundo malestar entre los españoles en el extranjero. España Exterior se ha hecho eco de ello y seguirá informando, en base al compromiso que adquirió hace ya 24 años, exponiendo hechos por encima de todo.

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