El Juzgado de 1ª Instancia número 1 de A Coruña declaró el 2 de septiembre que el Pazo de Meirás es propiedad del Estado y ordena a la familia Franco su restitución al patrimonio público tras una demanda interpuesta por la Abogacía del Estado, respaldada por la Xunta, los ayuntamientos de Sada y A Coruña y la Diputación. La sentencia considera que el dictador Francisco Franco actuó de mala fe con una simulación de compraventa en 1941.
