El sábado 19 de febrero a las ocho y media de la mañana ya estaban haciendo cola para entrar a la Quinta de Galicia los socios de la mutua gallega para levantar el cuarto intermedio de la asamblea general que celebraron en enero luego que la Justicia uruguaya sentenciara el cierre de la mutua de 104 años fundada por el emigrante de Baiona, José María Barreiro.
Las caras eran de menor preocupación que aquella jornada del 15 de enero, donde no se había confirmado el interés de un grupo inversor, pero al notificarse en la movilización un par de días atrás que “el inversor está”, los afiliados venían confiados en recibir información del futuro de la sociedad médica y hasta de saber quién la salvaría.
Sin embargo, también hablaban mientras esperaban la iniciación de la asamblea, la falta de apoyo de las otras instituciones gallegas de Montevideo. José, señaló, que “tenían que haber traído la bandera del Pontevedrés, o de Alma Gallega, no les costaba nada y así los gallegos mostrábamos que estamos defendiendo a Casa de Galicia”.
Mirta, ya sentada en una silla playera junto a otros emigrantes, decía que le llamaba la atención “que no hubiera ningún gaitero en las manifestaciones, y eso que Casa de Galicia formó a casi todos los músicos y bailarines gallegos”, sin embargo “nadie viene a manifestar para defender a la mutualista”.
Próximo a las diez de la mañana, ya comenzaba a calentar el sol veraniego, y en la mesa que presidiría la asamblea estaba Patricia Pérez, Tomás Álvarez y el abogado Martín Reyes, los tres socios de la mutua, la primera empleada y los otros también lo fueron años atrás. Faltaba uno de los que más visibilidad ha tenido desde que se decretara el cierre, Eduardo Miras, quien había contraído el Covid y estaba en cuarentena ya saliendo de la etapa más aguda de la cepa Omicron.
Comenzando la asamblea, Tomás Álvarez y Patricia Pérez relataron los pasos que dieron desde la última asamblea, particularmente luego que el 17 de enero el ministro de Salud Pública uruguaya, Daniel Salinas, aceleró la liquidación de Casa de Galicia, la que culminó con la ley que tiene el honor de ser una de las tres que se trataron y aprobaron en un solo día en las dos cámaras legislativas uruguayas en los 192 años de historia de la República.
Tomás, que trabajó en la mutua tres décadas y jubilado fue directivo de esta, explicó que “el 13 de enero fue la primera reunión con los abogados y representantes del inversor” pero al mismo tiempo continuaron con las gestiones para sumar apoyos y denunciar el atropello que los socios recibían por parte del Gobierno uruguayo que jamás les recibió.
Precisó que se realizó una entrevista por videoconferencia con el secretario xeral da Emigración de la Xunta de Galicia, Antonio Rodríguez Miranda, en simultáneo con el delegado de la Xunta para Uruguay y Argentina, Alejandro López Dobarro, todo lo que derivó en que “el 11 de febrero la Xunta de Galicia envió una carta catalogada de “muy firme” al presidente Lacalle Pou.
También se mantuvieron varias reuniones con el embajador de España en Uruguay, Javier Gómez-Llera, quien según expresó Patricia Pérez “nos dijo que contáramos con todo su apoyo y que él nos iba a acompañar adonde fuera necesario” dejando ver así también la preocupación de la patria de miles de socios de Casa de Galicia.
Los representantes de los afiliados mantuvieron reuniones con los políticos de todos los partidos, el síndico designado por la Justicia y las interventoras del Ministerio de Salud Pública, pero igualmente no lograron convencer de la viabilidad de Casa de Galicia y se les negó la espera de tres meses para presentar el proyecto definitivo de rescate de esta.
De esta forma el proceso de la inversión de este grupo español, que administra más de una decena de hospitales en España, se debió acelerar, para lo que el 17 de febrero redactaron una carta para ser presentada al presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, aunque no pudo ser posible ya que iniciaba en esa jornada un viaje a Dubai, por lo que debió ser entregada en la Secretaría de Presidencia recién el viernes 18.
Los inversores contrataron a dos abogados uruguayos, Santiago Cachón e Ignacio Gutiérrez, para que les representaran en el país, haciéndose presente en la asamblea el primero de ellos, quien expresó que “con fecha 18 de febrero fue presentada ante la Secretaría de la Presidencia de la República una nota dirigida al presidente Lacalle Pou. El grupo presenta al presidente un interés de inversión en el proyecto Casa de Galicia ratificando por escrito lo propuesto verbalmente. Esta nota establece que se está en condiciones de viajar para analizar la viabilidad de la operación sanitaria Casa de Galicia y las necesidades de inversión, con la finalidad de darle cabida técnica, financiera y de gestión, y se manifiesta al presidente que se está a las órdenes para extender las redacciones necesarias para presentar una carta de intención”.
La muy escueta información hizo estallar a muchos asambleístas que reclamaban por el nombre del inversor y que va a pasar con ellos, a lo que Tomas Álvarez acongojado confesó que esta mesa “ha estado trabajando incesantemente, hace un mes que no duermo, porque además de tener la misma preocupación que tienen todos ustedes, tengo un secreto adentro que no lo puedo decir”, refiriéndose a la confidencialidad solicitada por el inversor para llevar adelante su planteo.
Patricia Pérez por su parte, reflexionó: “Qué importa el nombre del inversor. Lo primero que debemos hacer es la defensa del edificio que hay a mi izquierda (el hospital de Casa de Galicia), sin esto no podemos negociar absolutamente nada. El segundo escalón de la negociación serán los socios y los trabajadores. Aquí la asamblea del 15 de enero respaldó la actuación de esta mesa y fue votado por unanimidad. Ahora, también les quiero decir que yo no estoy atornillada a esta silla y me levanto cuando ustedes quieran. Y por último, esto tiene que ser escalón por escalón, primero el edificio, segundo los socios y trabajadores, hay que sentarse después a negociar con el inversor”.
Para más adelante explicar a sus consocios, que “hoy no somos nadie, ni siquiera somos socios de Casa de Galicia porque todo lo que se está facturando viene a nombre de ASSE (ente estatal de la salud) y nada a nombre de Casa de Galicia”, la que tiene una muerte jurídica casi definitiva.
La asamblea votó la continuidad de la mesa que les representa integrada por Eduardo Miras, Tomas Álvarez, Patricia Pérez y Martín Reyes, con un solo voto en contra, por lo que continuará el proceso que lleve a la participación de un inversor privado que rescate la mutua gallega fundada hace 104 años en Montevideo.
Brindando un poco de información, Martin Reyes explicó que los inversores pretenden “hacer de Casa de Galicia un sanatorio de primerísimo nivel, respetando los derechos de los actuales socios, pero a su vez apuntar a ser de primer nivel de todo Latinoamérica. Ojalá se pueda lograr, pero necesitamos negociar con el Gobierno y las autoridades sanitarias”.
Apuntó que “el Uruguay está buscando inversores y aquí llegó un grupo a invertir en una institución de 104 años. Ya veremos qué solución jurídica se da, porque si no llegamos va a ser una muerte agónica” aseguró Reyes.
Mientras que Álvarez subrayó que “la mutualista con 45.000 socios no es sostenible, tiene un déficit mensual de 200.000 dólares, la única solución es la de un inversionista”,
Pérez finalizó señalando que “seguimos vivos, el problema lo tienen ellos ahora y nosotros tenemos que esperar a ver qué contesta” el presidente Luis Lacalle Pou.
Inquietud por el patrimonio de Casa de Galicia
El síndico que gestiona la liquidación de Casa de Galicia ha encomendado a la casa de remates de Eugenio Bavastro que realicé un inventario de todo el patrimonio de la entidad para posteriormente llevarlo a remate y así conseguir saldar las deudas de la mutua gallega.
Así se ha ido confeccionando el inventario del instrumental médico hospitalario y de policlínicas, de servicios y demás elementos del hospital que construyeron con el aporte de los socios, entre ellos muchos que no eran dueños de su casa, pero igual pusieron parte de sus ahorros para construir el imponente edificio de ocho plantas y anteriormente el primer sanatorio de dos pisos aún en uso.
El inventario también incluyó el rico patrimonio artístico gallego y el panteón social en el cementerio del Norte de la capital uruguaya.
Además de pinturas, frisos y vidrieras, como la existente en el cementerio con un peregrino que le pone color al lado oriental del panteón, o su cruceiro donado en 1967 por el Ministerio de Información y Turismo Español, entonces bajo la dirección de Manuel Fraga. También fue inventariada la escultura de Asorey conocida como ‘A Santa’.
Esta preocupación por el posible remate del patrimonio cultural gallego de Casa de Galicia también inquieta a sus asociados. Tomas Álvarez, uno de los representantes de los socios, explicó que se están realizando gestiones para defender estas obras para que no desaparezcan de manos de la diáspora gallega, que con miles de sacrificios las compró en su momento.
Finalmente, en caso de liquidarse la mutua, ni la Justicia ni el Gobierno aseguran a los socios que ocurrirá con el panteón social que alberga los restos desde sus fundadores y que aún continúa funcionando con normalidad hasta el presente.
