La consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, lamentó el pasado 2 de septiembre la decisión del Gobierno alemán de advertir sobre los viajes a Canarias ante el índice de contagios por Covid-19 que se ha alcanzado en la Comunidad Autónoma de Canarias pasando a engrosar la lista de zonas con índice de riesgo que elabora el Instituto Robert Koch (RKI), competente en materia epidemiológica en el país germano, y que toma como referencia para esa calificación las zonas que hayan superado los 50 nuevos casos por cada 100.000 habitantes en una semana. En esa categoría hay unos 130 países.
Según palabras de Castilla, “esta decisión supondrá, sin lugar a dudas, una clara merma en la demanda de viajes a Canarias, si bien no tan drástica como en el caso del Reino Unido”, puesto que de momento no se obliga a realizar al regreso una cuarentena de 15 días, sino a la realización de una prueba que verifique que se está libre del virus y en todo caso esperar en cuarentena domiciliaria hasta el resultado.
No obstante, y tal y como se adelantó estos días a la consejera de Turismo desde la Embajada de Alemania en España en una reunión telemática celebrada con objeto de conocer los planes del país para con Canarias, este requisito será sustituido previsiblemente desde principios de octubre por la obligatoriedad de cuarentena.
Yaiza Castilla confía en que Canarias pueda reconducir esta situación en las próximas cuatro semanas para lo que considera imprescindible endurecer las medidas restrictivas y los controles para frenar el índice de contagios, así como el compromiso férreo de toda la población, “que debe tomar conciencia de que casi uno de cada dos puestos de trabajo dependen directa o indirectamente del turismo, sin contar todo el empleo inducido que genera esta actividad en Canarias”.
Castilla apeló una vez más al logro de la implantación de las pruebas PCR en origen y destino, no sólo como medida de protección de la población canaria, sino como elemento de confianza de los turistas y sus respectivos gobiernos de cara a la consideración de las Islas como territorio seguro.
