Un grupo de trabajadores del Centro Gallego de Buenos Aires organizó el pasado 11 de julio una olla popular a las puertas de la institución para reclamar el pago de los sueldos atrasados y por lo que consideran es un proceso de “vaciamiento” de la entidad por parte de la intervención que encabeza Martín Moyano Barro en representación del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social del Gobierno argentino (Inaes).
“Nosotros lo que buscamos es visibilizar nuestra situación y nuestros reclamos para que la sociedad sepa que se está realizando el vaciamiento del Centro Gallego y que hace nueve meses que no cobramos nuestros sueldos en tiempo y forma”, explicó a España Exterior Pablo Sigot, un trabajador con 23 años de antigüedad en la institución que actualmente desarrolla labores administrativas en el anexo de Valentín Alsina, al que fue trasladado “por una persecución política y gremial por ser parte del movimiento de trabajadores que salen a luchar”.
Sigot resaltó que ya van nueve meses que cobran sólo 1.000 pesos por semana (poco más de 30 euros) y que además les adeudan los últimos aguinaldos, por lo que un grupo de trabajadores decidieron, en una asamblea realizada hace tres semanas, hacer una olla popular todos los miércoles frente a la puerta de entrada del Centro Gallego.
Asimismo, acusó al Gobierno de Mauricio Macri, a través de la intervención del Inaes, de provocar el vaciamiento del hospital de la institución: “La intervención está tratando de provocar un desgaste para que se vayan los trabajadores y los socios. Lo que percibimos es que la empresa que hizo la oferta para comprar al Centro Gallego quiere que le entreguen un sanatorio vacío”, afirmó en referencia al Grupo Ribera Salud de España.
Sigot añadió que el reclamo busca reactivar el funcionamiento del hospital ya que, advirtió, los socios “prácticamente no tienen atención, el 90 por ciento de los sectores están cerrados y sólo hay 35 camas ocupadas”.
Respecto a la relación que tienen con los responsables de la intervención, la calificó de ser “prácticamente nula” y explicó que, a pesar de haber mantenido varias reuniones con ellos, “aún no tenemos respuesta a nuestros reclamos. Nos dicen que están esperando que los representantes de los socios lleguen a un acuerdo con Ribera Salud”.
En la misma dirección, continuó: “Ya van dos años que el interventor nos viene mintiendo, nos dijo varias veces que ya estaba la solución, que ya estaba hecha la venta. A esta altura es muy poco creíble todo lo que nos diga, porque las pruebas son que hasta el momento no se concretó nada de lo que nos dijo y los trabajadores estamos en una situación cada vez más difícil”.
Si bien destacó que hay muchos socios que los apoyan, señaló que las agrupaciones de representantes que participan de las asambleas de la institución “están en sus juegos políticos” y que gran parte de los trabajadores no se suman a las manifestaciones porque tienen miedo “a la burocracia sindical cómplice” que responde al líder del gremio de la sanidad, Héctor Daer, “que a su vez es cómplice del interventor”, y los acusó de “generar miedo a los trabajadores para que no nos acompañen en el reclamo porque pueden perder lo poco que les están pagando”. Cabe recordar que el interventor convocó para el próximo 10 de septiembre nuevas elecciones para renovar la directiva de la entidad.
De todas maneras, adelantó que seguirán realizando ollas populares todos los miércoles y que también tienen planeado movilizarse hasta los ministerios de Desarrollo Social y Trabajo y a la Legislatura porteña: “Queremos seguir visibilizando nuestro reclamo y llegar a los organismos más altos, porque acá hay un interventor que puso el Gobierno de Macri para sanear la institución y devolvérsela a sus dueños, que son los socios, pero nada de eso está ocurriendo y no podemos permitir que nos sigan manteniendo en esta situación de miseria a los trabajadores”.
