El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, firmó el pasado 6 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, el convenio entre el Gobierno autonómico y el Ejecutivo central para mejorar la atención a personas migrantes que llegan a las costas de las Islas por valor de 50 millones de euros. En el acto, al que asistió la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, Torres recordó que la partida “se podrá destinar a la atención de menores durante este año y 2023. Con estos recursos se busca mejorar la estancia y atención de esas personas en las Islas”, apuntó.
El convenio establece la atención a personas migrantes nacionales de terceros países acogidas en centros gestionados por la Comunidad Autónoma; actuaciones sanitarias destinadas a personas migrantes nacionales de terceros países desarrolladas en los centros de gestión compartida del Gobierno de Canarias y del Ministerio, incluyendo aquellas actividades para atender a personas afectadas por protocolos de cuarentena covid, y acciones para mejorar las posibilidades de inserción sociolaboral de jóvenes extutelados, un aspecto recogido con el cambio de la Ley de Extranjería. También podrán financiarse actuaciones en los países de origen para prevenir la migración irregular.
Torres indicó que, si bien el acuerdo en la mesa sectorial para el reparto de casi 700 menores llegados a Canarias entre el resto de comunidades autónomas es “un gran paso, porque hasta ahora solo había una solidaridad voluntaria”, se sigue necesitando un cambio de la ley para que se instaure una corresponsabilidad obligatoria que permita un reparto ajustado a la población y las características de los territorios y que además cuente con recursos suficientes. El presidente recordó que, de esos casi 700 menores, ya se han redistribuido 208, mientras que el resto se irá repartiendo entre este año y 2023. No obstante, considera que sigue siendo insuficiente y que se precisa un cambio normativo que es difícil que se apruebe en lo que queda de la legislatura estatal. Eso sí, lo cree imprescindible.
El ministro Escrivá sostuvo que, junto con la Consejería, el Gobierno de España ha trabajado con las autoridades europeas “la singularidad canaria, de forma que en los próximos presupuestos comunitarios haya cantidades significativas para apoyar los gastos de Canarias con los menores no acompañados”, con financiación a través del Fondo de Asilo, Migración e Integración de la UE.
Torres recordó que, en 2020, en plena pandemia, llegó el 700% más de migrantes a Canarias (de 2.000 personas se pasó a casi 24.000). Este año han arribado por mar 600 personas menos que en 2021, pero recalcó que es un fenómeno que seguirá por factores como las hambrunas, las guerras en África, los efectos de la invasión rusa de Ucrania o la desertización por el cambio climático.
La máxima inversión del Estado
El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, resaltó el pasado día 7 el trato que reciben las Islas en el proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023. El jefe del Ejecutivo autonómico recalcó que se trata de las Cuentas con “la mayor inversión en Canarias de toda la historia, algo que resulta indiscutible porque basta con sumar todos los capítulos para reconocerlo, aparte de contemplar todas las partidas de nuestro Régimen Económico y Fiscal”. Ángel Víctor Torres puso de relieve el incremento que experimenta el Plan Integral de Empleo de Canarias, que pasa de 42 a 45 millones. Un aumento que contrasta con los años en los que, según recordó, fue eliminado este programa específico para la formación y el empleo en las Islas por los gobiernos del PP, con Rajoy de presidente.
Asimismo, el presidente de Canarias destacó la relevancia de los 30 millones nominados que se dirigen a las personas damnificadas por el volcán y a paliar las consecuencias de esa emergencia en La Palma, “cifra que se completa con otros 6 millones para vivienda por la erupción”. El jefe del Ejecutivo regional subrayó también los 500 millones añadidos para pensiones en las Islas y el aumento en las partidas para becas, “lo que implica atender a los que tienen más dificultades”.
