El pleno del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad (343 votos a favor) en su sesión del martes 23 de febrero la toma en consideración de la Proposición de ley orgánica de reforma del voto exterior presentada por PSOE y Unidas Podemos. De esta manera se da el primer paso para la eliminación del voto rogado, una reivindicación que, tanto los órganos de representación de la ciudadanía española en el exterior, como diversas entidades que agrupan a este colectivo han exigido desde que en 2011 se cambió la Ley orgánica de régimen electoral general lo que produjo el inmediato descenso de la participación electoral de los residentes en el extranjero que oscilaba entre el 15 y el 30 por ciento a menos de un 6% de media en las elecciones posteriores.
Para defender la iniciativa intervino la diputada por A Coruña y secretaria del Área de Políticas Migratorias del PSOE, Pilar Cancela, quien recordó que la reforma de 2011 tenía como objetivo dar respuesta a la “sospecha de la existencia de irregularidades en la emisión y en el recuento del voto exterior”. Sin embargo, reconoció que los cambios promovidos hace diez años por todos los partidos salvo Coalición Canaria e Izquierda Unida provocaron efectos no deseados: “En la práctica ocurrió que con esta sobreprotección lo que hemos hecho ha sido asfixiar el ejercicio del propio derecho, de tal manera que en algunos de los últimos procesos electorales ha participado poco más del 3 por ciento de ese censo en el exterior”.
El PSOE pide perdón
Pilar Cancela puso el dedo en la llaga al afirmar que los impedimentos impuestos desde 2011 a la participación electoral de los ciudadanos residentes en el extranjero “han instalado la convicción entre ellos de que han sido castigados y considerados como ciudadanos de segunda”.
En tono compungido, pidió perdón a todos los españoles en el exterior por haber promovido hace diez años la reforma del voto exterior: “Quisiera, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista y del Partido Socialista Obrero Español, pedirles perdón a los ciudadanos y ciudadanas en el exterior. Queremos pedirles perdón porque desde el año 2011, en que nosotros promovimos y amparamos esta modificación legislativa, les hemos tratado como ciudadanos de segunda. Les pedimos perdón por eso, por haber atenazado su derecho a participar de la vida y de los asuntos públicos del país al que pertenecen, y les pedimos perdón también por haber llegado tarde”.
El diputado del Partido Popular José Antonio Bermúdez de Castro también hizo manifestaciones contritas sobre los perversos efectos de la reforma del voto exterior de 2011 que apoyaron los populares junto a los socialistas, no sin antes explicar que aquellos cambios tenían como objetivo “una mayor transparencia y evitar la posibilidad de fraude” y que vinieron precedidos de las “durísimas acusaciones de fraude y manipulación en el voto de la emigración” lanzadas en aquellos años por “los grupos nacionalistas y de izquierdas”.
Sin embargo, el cambio provocó un efecto “no querido por el legislador” que ha sido “el descenso inaceptable de la participación”. “Por eso –recalcó el diputado popular– nosotros estamos a favor de suprimir el voto rogado, pero, eso sí, sin reducir las garantías en el procedimiento”, aclaró.
Disposición a negociar
Cancela fue muy clara en su exposición y mostró la intención de su partido de negociar aquellos aspectos que necesitan mayor concreción, como la papeleta descargable, también ahondar en la ampliación de plazos o tener en cuenta las circunstancias concretas de cada país en cada convocatoria electoral. “Este texto que presentamos constituye el punto de partida que retomamos de la negociación de la pasada legislatura, en la que fuimos capaces de ponernos de acuerdo en algunas directrices o líneas fundamentales en relación con este texto legislativo. Creo que tenemos mucho trabajo adelantado”, señaló.
Indicó que “es cierto que tenemos que profundizar en algún aspecto” y citó “el modelo de esa papeleta electrónica, los requisitos que tiene y cómo se emite, y en el procedimiento que se va a desarrollar. Pensemos también en aquella población de más edad, que no tiene tanto acceso ni se mueve con facilidad por las nuevas tecnologías. Pensemos también en ellos; nadie puede quedar rezagado en el ejercicio del derecho”.
También afirmó que “hay que ahondar en la ampliación de los plazos, que fue lo que atenazó e hizo imposible el ejercicio del derecho” y destacó que “hay que tener en cuenta las circunstancias de cada uno de los países, señorías. No es lo mismo vivir en un país de la Unión Europea que vivir en un país de América Latina, de Centroamérica, de Asia o de África. Las circunstancias no son las mismas. Tenemos que tenerlas también en cuenta para que no vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido hasta ahora”. “Por tanto, tenemos que hacerlo mucho mejor, porque se lo debemos a ellos y a ellas”, añadió.
Democracia y emigración
Cancela argumentó que los principios que deben guiar la regulación del voto exterior deben ser el ejercicio del derecho y la seguridad jurídica. Y también puso en correlación dos conceptos determinantes como democracia y emigración. En este sentido afirmó que “la ciudadanía española que está en el exterior debe sentirse como ciudadanía de primera, como cualquiera que ejerce el mismo derecho al voto, pero en territorio español, sin restricciones, sin sentirse bajo sospecha, en plenitud del ejercicio de sus derechos”. Y al mismo tiempo recalcó que “es imposible no correlacionar el derecho al voto y la democracia con la emigración. Ambos conceptos están interrelacionados en este caso y son inseparables”. Quienes están fuera de España, señorías, sea temporalmente o sea de forma permanente, desde hace poco tiempo o desde toda una vida, han emigrado en busca de nuevas oportunidades, vitales o profesionales, o bien son descendientes de generaciones que antes emigraron”.
En su discurso, la diputada socialista recordó la contribución de la emigración al progreso de España –“¡cuántos pueblos de España vieron mejoradas sus condiciones de vida por las remesas que enviaban nuestros emigrantes!”, dijo–, recordó también a los exiliados políticos y aseguró que “para un partido como el que yo represento, donde la memoria democrática o la memoria histórica forma parte de nuestra propia genética política, no es un tema menor”.
Para finalizar, Cancela se mostró optimista respecto a la tramitación de esta modificación de la Loreg. “La ciudadanía plena no se ruega, la ciudadanía se ejerce, y votar es la manifestación viva y plena de la democracia. Estoy convencida de que vamos a ponernos de acuerdo, de que vamos a hacerlo, porque se lo debemos”, afirmó.
Hay que señalar que, unos días antes del debate, Pilar Cancela afirmó que confiaba en que la nueva regulación del voto exterior sea una realidad y se apruebe antes de que finalice el actual periodo de sesiones de las Cortes, es decir, en el mes de junio, según indicó en declaraciones a Atlántico Diario.
La diputada de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia En Común, Lucía Muñoz Dalda, fue la encargada de defender la propuesta por su grupo político. En su intervención citó varios ejemplos de los problemas y dificultades que han sufrido gente joven que emigró en los últimos años para poder ejercer su derecho al voto. Achacó el origen del problema a la reforma de 2011 y culpó a PSOE y PP, con el apoyo de PNV y CiU, de promover esa reforma, “casualmente”, en un momento “en el que nos ha golpeado una crisis económica, en el que hay un aumento de la emigración, en el que hay un éxodo juvenil, en el que hay un nivel de indignación muy alto –es el año del 15-M–, en el que se está poniendo en cuestión el sistema bipartidista, en un año en el que la desafección con la clase política es brutal”. “Señorías, si les soy honesta, creo que no es muy difícil ver una intencionalidad política en esta reforma”, concluyó.
Tanto Lucía Muñoz Dalda como Pilar Cancela quisieron agradecer a las agrupaciones en el exterior de sus respectivos partidos y a otras organizaciones, como Marea Granate, citada por la diputada de Podemos, el trabajo realizado para impulsar la reforma del voto exterior.
Un trámite no exento de complejidades
Aunque todos los grupos manifestaron su buena disposición para reformar el sistema de voto exterior, la iniciativa legislativa comienza un trámite no exento de complejidades durante el cual habrá que limar algunas aristas. Si bien hay varios aspectos concretos que son del agrado de todos los partidos, como la eliminación del voto rogado, el adelanto en el envío de la documentación o la ampliación de los plazos del escrutinio, hay otros en los que se mantienen las diferencias. Por ejemplo, tanto el representante del Partido Popular, José Antonio Bermúdez de Castro, como el del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Mikel Legarda, como el del Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego, dejaron meridianamente claro que no aceptarán la vuelta al sistema anterior y que exigirán que el elector del exterior tenga que identificar su personalidad cuando decida votar por correo.
Sobre este asunto, Bermúdez de Castro fue muy claro y recordó que los electores en España, cuando votan por correo, tienen que identificar su personalidad dos veces, una cuando solicitan el voto y otra cuando reciben la documentación que solo se entrega personalmente al elector previa identificación.
Postura del PP
El diputado popular, que fue uno de los que trabajó en la reforma de 2011, insistió en que “como recuerda la propia Junta Electoral Central, la identificación del elector es el requisito sustantivo previo al ejercicio del derecho a sufragio, precisamente para evitar sospechas de fraude o delegación de voto”, pero al mismo tiempo afirmó que “para facilitar la participación de nuestros compatriotas en el exterior, estamos dispuestos a eliminar el requisito previo de solicitar el voto, el ruego del voto” aunque mantuvo que “debe haber, al menos, no dos, pero sí un trámite de identificación de la identidad del elector, por razones de seguridad jurídica”. El diputado del PP considera que “eso no es ni un obstáculo ni una indignidad, eso es una garantía”.
Otro punto de la iniciativa de PSOE y Podemos con el que tampoco está de acuerdo el PP es que no se envíen papeletas con la documentación para votar. Bermúdez de Castro preguntó a los autores de la propuesta si habían pensado en los españoles que residen en países donde la conexión a internet es difícil, o en los electores de mayor edad poco acostumbrados al uso de las nuevas tecnologías. “Si la justificación para eliminar el voto rogado es que supone un obstáculo a la participación, lo que no podemos añadir es un nuevo trámite que, para muchos electores, no es que sea un obstáculo, es que es un impedimento para poder votar”, afirmó.
En este aspecto parece que PP y PSOE pueden llegar a un acuerdo porque también lo citó la diputada socialista Pilar Cancela. Indicó en su intervención que durante la tramitación de la iniciativa habrá que concretar “cómo será esa papeleta” que en la propuesta se indica que solamente se podrá descargar on line y cómo se facilitará el acceso a ella a todos los electores.
El PP defenderá también la normalización del voto en urna permitiendo que se pueda votar en cualquier instalación tanto de titularidad pública española (embajadas, consulados, centros del Instituto Cervantes, colegios españoles, etc.), como en centros españoles o regionales en el extranjero –postura compartida también por Coalición Canaria, como manifestó la diputada Ana Oramas–.
Así, la postura del PP se resume, en palabras de Bermúdez de Castro, en: “Suprimir el voto rogado, sí, pero generalizando el voto en urna, que es un voto siempre transparente, y garantizando, al menos, un trámite de identificación del elector en el caso del voto por correo; adelantar el envío de la documentación electoral, sí, pero incluyendo también papeletas físicas, además de la posibilidad de descarga telemática de las mismas; facilitar la participación de nuestros compatriotas en el exterior, sí, pero sin merma de garantías”.
Y para llevar a cabo este cambio los populares consideran imprescindible “que haya un informe previo de la Junta Electoral Central”.
“Ese es nuestro compromiso firme con los españoles que viven lejos, pero que sienten a su patria muy cerca y quieren seguir participando en el destino de esta gran nación, que es España”, dijo Bermúdez de Castro quien finalizó su intervención asegurando que ese compromiso “por nuestra parte también se expresa en nuestra voluntad firme de trabajar para mejorar esta iniciativa, que vamos a apoyar en este trámite, a pesar de nuestras dudas y reservas, como un paso para intentar conseguir el consenso que tiene que presidir toda reforma de nuestro sistema electoral”.
Recelos del PNV
Por su parte, el diputado del PNV, Mikel Legarda, fue el que se mostró más receloso ante la reforma del voto exterior. En su opinión, la proposición de ley presentada mantiene los mismos defectos que la presentada en febrero de 2019 ya que no se garantiza la identificación del elector y no se ha presentado después de haberla consensuado. Recordó insistentemente que la reforma de 2011 se llevó a cabo por las “fundadas sospechas de fraude electoral denunciadas sobre todo por partidos de la izquierda”. Añadió, además, que “no debemos olvidar que para los españoles residentes en España el voto por correo es un voto rogado”. En incluso planteó si no habría que reflexionar sobre la conveniencia de retirar el derecho al voto a aquellos españoles que lleven años fuera del país.
La de Legarda fue la postura más distante sobre la necesidad de reformar el procedimiento del voto exterior. La mayor parte de las intervenciones estuvieron salpicadas de referencias emocionales hacia la ciudadanía en el exterior y muchos de los intervinientes citaron casos concretos de españoles que no han podido votar a causa de un sistema que fue calificado varias veces por los diputados como yincana o carrera de obstáculos.
Otro obstáculo
Otro obstáculo que se puede presentar en la tramitación de esta proposición de ley orgánica es la intención de algunos grupos, en concreto de Ciudadanos, de no ceñirse a la reforma del voto exterior, y plantear otros cambios en la Loreg como las listas abiertas, reforma del Senado o establecer un límite del 3% de los votos a nivel nacional para tener representación en el Congreso. No parece que los grupos mayoritarios estén dispuestos a abrir ese melón ni que la reforma del voto exterior se fuese a realizar de forma rápida y consensuada si así fuese.
Respecto al voto electrónico, en el debate hubo posturas totalmente contrarias. Mientras desde Junts per Catalunya (JxCat) defendían la puesta en marcha del voto telemático como una opción más, el portavoz del PNV afirmó que esta posibilidad “está fuertemente desaconsejada por el Centro Criptológico Nacional” al no poder “garantizarse su seguridad” ante ciberataques.
Por otro lado, todos los partidos reconocieron que la eliminación del voto rogado no va a ser la solución definitiva para el voto exterior, sino que hay otros muchos factores que entran en juego como los plazos demasiado ajustados, la dependencia de sistemas postales poco fiables, desidia de consulados y embajadas a la hora de facilitar información, etc. La derogación del voto rogado es una prioridad, pero debe ir acompañada de otros cambios, señalaron varios diputados.
✅ El #Pleno aprueba la toma en consideración de la Proposición de Ley Orgánica de reforma de la LOREG para la regulación del ejercicio del voto por los españoles en el extranjero.
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— Congreso (@Congreso_Es) February 23, 2021
Trámite a partir de ahora
Una vez aprobada la toma en consideración, la Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General inicia su tramitación parlamentaria y se remitirá a la comisión competente, en este caso la Comisión Constitucional. Entonces se abre un plazo para la presentación de enmiendas, que puede ser prorrogado. Luego, se designará una ponencia –grupo reducido de diputados representantes de todos los grupos parlamentarios presentes en la Comisión– que a puerta cerrada redactar un informe. Concluido ese informe la Comisión se reúne de nuevo para debatirlo, así como las enmiendas artículo por artículo. Tras votarlos, emite un dictamen que someterá al pleno de la Cámara. Los grupos parlamentarios disponen de 48 horas, desde la aprobación del dictamen, para comunicar cuáles de los votos particulares y enmiendas que resultaron rechazados en la Comisión tienen intención de defender en el pleno.
Hay que tener en cuenta que al tratarse de una modificación de una ley orgánica requerirá para su aprobación de la mayoría absoluta de la Cámara.
Una vez que el pleno del Congreso la haya aprobado, el texto pasará al Senado que dispone de dos meses para tramitar el texto.
En definitiva, la mayor o menor rapidez con la que se tramite este texto depende de la voluntad de los partidos políticos.
El voto es un derecho de la democracia y no hay que rogarlo hay que ejercerlo