Todos los alumnos pasarán al curso siguiente de forma generalizada, salvo casos muy excepcionales. No habrá aprobado general, pero sí una promoción general, aunque cada uno con su nota. La evaluación del tercer trimestre sólo servirá para hacer diagnóstico y no podrá suspenderse. Si acaso, servirá para recuperar las otras dos anteriores. Cada comunidad autónoma decidirá por su cuenta los criterios con los que los estudiantes se podrán sacar el título. El curso terminará en junio y el primer trimestre del próximo curso será de refuerzo.
Éstas son algunas de las medidas acordadas ayer entre la ministra de Educación, Isabel Celaá, y las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Educación (celebrada virtualmente) para cerrar este curso sin precedentes por el cierre de las aulas debido a la pandemia del coronavirus. El acuerdo se convertirá mañana en una orden ministerial.
Sin embargo, Madrid, Murcia y País Vasco han anunciado este jueves que se desmarcan del documento que salió de la reunión. En el caso de las dos comunidades gobernadas por el PP (Madrid y Murcia), están en disconformidad con, al menos, dos de los puntos del documento: la promoción general de los alumnos (que quiere decir que pasen de curso el máximo número de estudiantes) y la obtención de la titulación en 4º de ESO y 1º de Bachillerato pese a tener asignaturas suspensas. Estas autonomías consideran que el ministerio debería fijar un máximo de asignaturas suspensas para poder pasar de curso y titular.
Por su parte, el País Vasco quiere lo contrario: que el Ministerio no establezca normas comunes para todas las comunidades porque considera que el desenlace del curso forma parte de sus competencias educativas y está ultimando su propio plan.
Castilla y León, Andalucía y Galicia también ponen pegas
Hay otras tres comunidades que han puesto pegas, pero no que no se han bajado del acuerdo: Castilla y León (PP), Andalucía (PP y Ciudadanos) y Galicia (PP). En el caso de las dos primeras, han manifestado que se acogerán a todos los puntos del documento excepto a la promoción general y la titulación, y que ellos decidirán qué medidas aplicar. Galicia, por su parte, ha mostrado su conformidad por “lealtad institucional” y aplicará las instrucciones, aunque quiere que quede constancia en el documento su discrepancia con esos dos puntos.
La orden del Ministerio solo se aplicará en aquellas comunidades que suscriban el documento. Las que no lo hagan se ceñirán a lo que establece la actual ley educativa (Lomce) y a las normativas autonómicas. Además, esas comunidades podrán modificar esas normativas con motivo de la pandemia del coronavirus.
