La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentó el pasado 14 de enero en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica, basado en el acuerdo del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) que supone 4.700 millones de euros más su Comunidad y el reconocimiento del principio de ordinalidad, que quien más aporte a la caja común, más reciba.
La titular de Hacienda, que negó que se haya pactado “un cupo separatista” para contentar a Cataluña, afirmó que adoptar o no el nuevo modelo es voluntario, es decir, cada autonomía podrá decidir libremente si aplican el nuevo modelo o se quedan con el actual.
También explicó que ahora se iniciarán reuniones bilaterales con todas las comunidades para profundizar en diferentes aspectos y que después de esto, el Gobierno sacará a audiencia pública la ley orgánica. Luego, en segunda vuelta, volverá a ser aprobada por el Consejo de Ministros y será remitida al Congreso, donde necesitará el apoyo de la Cámara para que entre en vigor en 2027.
El Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se prolongó más de cuatro horas, terminó con el rechazo mayoritario de las comunidades autónomas. Todas menos Cataluña se mostraron contrarias a este nuevo modelo, porque nace “viciado” del pacto entre el Gobierno y ERC y amenazaron con llevarlo a la Justicia. Las 11 comunidades gobernadas por el PP, Canarias (con coalición de CC y PP) y las dos gobernadas por el PSOE -Castilla-La Mancha y Asturias- transmitieron a Montero su oposición, ya que es un pacto “precocinado” por el acuerdo previo entre Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras. Cabe recordar que País Vasco y Navarra no participaron porque tienen su sistema propio.
Como reacción a esta propuesta, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo y los barones regionales del PP firmaron el día 18 la ‘Declaración de Zaragoza’, un documento que contiene el modelo de financiación autonómica de la formación. Núñez Feijóo exigió a Sánchez que “retire” la reforma de la financiación y le acusó de “desguazar” el Estado.
Por otro lado, el presidente del Gobierno anunció de nuevo un real decreto-ley en materia de vivienda con una bonificación fiscal del 100% en el IRPF para los propietarios que no suban el precio del alquiler, así como otras medidas en materia de vivienda que provocaron la reacción en contra de sus socios en la coalición y de sus aliados parlamentarios en bloque. Sumar aseguró que no la apoyará en el Congreso, al igual que Podemos y EH Bildu.
Por último, el coordinador de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, hizo un llamamiento a ir “más allá de Sumar” para agruparse “en torno a un proceso político movilizador” al que se sumen otras formaciones. Maíllo quiere repetir una coalición de partidos de izquierda para las elecciones generales previstas en 2027, pero con “un nombre diferente” a Sumar.
Nuevos traspasos al País Vasco para garantizarse el apoyo del PNV
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, presidió el 16 de enero la reunión de la Comisión Mixta de Transferencias Administración del Estado-Comunidad Autónoma del País Vasco, que concretó los cinco traspasos de funciones y servicios acordados entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari, Imanol Pradales, por los que la Comunidad vasca gestionará servicios en materias como Salvamento Marítimo, Seguridad y Salud en el Trabajo, Protección por desempleo, Prestaciones familiares o el Seguro Escolar.
Con ello contenta al PNV para garantizarse su apoyo en la legislatura tras las últimas cesiones a Junts, Bildu o ERC. El vicesecretario de Hacienda, Vivienda, e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, rechazó el traspaso de la competencia de prestaciones por desempleo a Euskadi porque se hace, según aseguró, para que “Sánchez siga en Moncloa”.
