Sofía Puente defiende la Instrucción de la Ley de Memoria Democrática y cuestiona las cautelares del Supremo

La actual secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Sofía Puente, defendió la Instrucción de aplicación de la Disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática (LMD) que firmó en octubre de 2022 cuando era directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia, y cuestionó la decisión del Tribunal Supremo de estimar las medidas cautelares solicitadas por Iustitia Europa y Vox contra el acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) sobre la incorporación al censo de los nacionalizados por la LMD.

En una entrevista emitida el 14 de septiembre en el programa ‘Malas Lenguas’ de TVE, Puente aclaró que el Supremo “no ha suspendido la Instrucción” en sus autos, sino que ha adoptado una decisión cautelar en el procedimiento, y puso en duda que el alto tribunal pueda terminar anulando una norma que afecta a los derechos de unas 400.000 personas sin que estas hayan tenido la posibilidad de participar en el proceso.

“La instrucción no la ha recurrido nadie”

Puente cuestionó que el objeto del procedimiento judicial sea la propia Instrucción de 2022. “La Instrucción no la ha recurrido nadie a lo largo de estos cuatro años”, afirmó. En su opinión, resulta difícil entender cómo el Supremo podría terminar anulando una norma que afecta a los derechos de cientos de miles de personas “sin ni siquiera haberles dado la posibilidad de participar dentro del procedimiento”.

También se refirió al voto particular emitido por una magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo. Según explicó, la magistrada sostiene que el objeto del procedimiento era un recurso contra un acto de la Junta Electoral y que el Tribunal ha ido más allá de lo que le permitía el procedimiento. “No lo digo yo, lo dice la propia magistrada que firma el voto particular”, señaló.

Puente también indicó que la Junta Electoral Central también estuvo dividida al abordar las actuaciones que debía adoptar para ejecutar los autos.

Una presunción de exilio aplicada desde 2008

La alta funcionaria del Ministerio de Justicia defendió el contenido de la Instrucción que firmó en 2022 y, en particular, la presunción de exilio que facilita la acreditación de esta condición para los descendientes de españoles.

Explicó que la Disposición adicional octava de la LMD reconoce derechos a personas que tuvieron que salir de España por distintas razones y que la norma supone la evolución de la Ley de Memoria Histórica de 2007, que ya había permitido optar a la nacionalidad a hijos de españoles y nietos de exiliados.

Sobre la necesidad de dictar una instrucción, explicó que la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública es competente en materia de Registro Civil y que este tipo de normas sirven para resolver las dudas sobre los plazos, la documentación y el procedimiento de aplicación de las leyes.

En cuanto a la presunción de exilio que se realiza sobre todos los españoles que salieron del país entre julio de 1936 y 1955 (año en el que España ingresó en la ONU), afirmó que ya figuraba en la instrucción de aplicación de la Ley de Memoria Histórica y que se viene aplicando “de manera pacífica desde el año 2008”, también durante los gobiernos del Partido Popular.

Puente recalcó también que la Instrucción de 2022 fue publicada en el Boletín Oficial del Estado y que permaneció durante cuatro años a disposición pública, mientras se aplicaba por los encargados de los registros civiles sin que nadie la pusiese en duda.

Críticas al supuesto fraude electoral

La secretaria general atribuyó la controversia sobre el aumento del Censo Electoral de Españoles Residentes Ausentes (CERA) a una maniobra de deslegitimación del sistema electoral y rechazó que la incorporación de nuevos electores implique una ventaja para una determinada formación política.

“El censo electoral no tiene un color político, porque no sabemos qué es lo que va a votar la gente cuando se incorpora el censo electoral”, afirmó.

Puente cuestionó que el aumento del censo pueda considerarse por sí mismo un peligro real para la formación de los resultados electorales y criticó que se parta de la premisa de que los nuevos electores votarán al Partido Socialista por el hecho de que la ley haya sido aprobada por un Gobierno socialista.

“Esto es un planteamiento completamente simplista porque parte de la premisa de que como la ley la ha aprobado un gobierno socialista uno tiene el voto cautivo de todos estos ciudadanos”, señaló.

En este sentido, recordó que otras normas que han concedido derechos también han tenido efectos sobre el censo, como la Ley de Memoria Histórica o la ley de nacionalidad para sefardíes, que, según sus declaraciones, incorporó al censo a unas 80.000 personas descendientes de españoles que habían perdido la nacionalidad hace 500 años.

También sostuvo que la participación de los nacionalizados por la LMD no ha alterado los resultados electorales en los procesos celebrados en 2026, aludiendo a las elecciones autonómicas de Castilla y León y Andalucía. “El resultado electoral no se ha visto alterado por la participación de estas personas”, afirmó, insistiendo en que su participación en los procesos electorales es minoritaria.

Tranquila ante la querella de Hazte Oír

Preguntada por la querella presentada contra ella por la organización Hazte Oír por una presunta prevaricación administrativa y una presunta usurpación de atribuciones por la aplicación de la instrucción, Puente aseguró que no pensó que pudiera ser denunciada por hacer su trabajo y defendió que no existe ninguna actuación prevaricadora en la norma que firmó.

Recordó que una querella anterior, presentada en 2024, fue sobreseída y que tanto el Juzgado de Instrucción como la Audiencia Provincial de Madrid, al resolver el recurso de apelación, concluyeron que no había indicios de actividad ilícita en la instrucción.

“En esta nueva pues estoy exactamente igual de tranquila que con la anterior”, afirmó.

La responsable de Justicia también fue preguntada por la posibilidad de que el Ministerio de Justicia recurra al Tribunal Constitucional una eventual anulación de la instrucción. Puente evitó pronunciarse: “Cuando lleguemos a ese río ya cruzaremos ese puente”.

Puente también atribuyó parte de la polémica al hecho de ser la hermana del ministro de Transportes, Óscar Puente. Aseguró que, si no se apellidara Puente, la discusión habría discurrido por términos estrictamente jurídicos, y defendió su trayectoria profesional independiente de la de su hermano.

“Yo hace 30 años que soy fiscal. He sido directora general en el año 2010 cuando Óscar Puente no era nadie ni dentro del partido ni fuera del partido. Se me nombró directora general cuando mi hermano era alcalde de Valladolid y dentro de mi mundo que es el de la Administración de Justicia, él es el hermano de Sofía Puente”, afirmó.