La Comisión de Salud del Parlamento uruguayo recibirá esta semana a una delegación de socios y trabajadores de Casa de Galicia que plantearon situaciones irregulares en la declaración judicial del cierre de la mutua gallega, al tiempo que presentarán soluciones para afrontar la continuidad de la mutualista creada hace 104 años, y que hoy tiene a las autoridades de España y Uruguay expectantes por si alguien puede solucionar esta crisis que podría hacerla desaparecer.
La semana posterior a la asamblea extraordinaria de los socios de Casa de Galicia, informada en la última edición de España Exterior, ha sido revulsiva dentro de la sociedad uruguaya, así como también en la colectividad gallega de aquí y de la otra orilla del Atlántico.
En tanto parece que la posibilidad de un inversor extranjero se va enfriando o al menos no aparece su propuesta, en una misiva que firman socios y trabajadores de Casa de Galicia piden una entrevista a la Comisión de Salud del Parlamento uruguayo para explicar lo que a su entender es una inadecuada decisión del poder judicial y del Gobierno uruguayo. Así, esta semana serán recibidos por la Comisión.
Apuntan a la “omisión del control de la Junta Nacional de la Salud sobre los fondos a distintas mutualistas, entre ellas la nuestra. Fondos que vale la pena aclarar que no son del Estado, sino de empleados, empresas y jubilados”, y a la apresurada intervención del hospital de Casa de Galicia que realizó el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, que quieren creer “que no fuera en tono de provocación”. En este sentido, señalan que el ministro incluso habló de conservar la Cruz de Santiago, símbolo de la entidad y quizás el nombre lo que sería a ojos de los firmantes de la carta “como un recuerdo póstumo de la infamia que se está cometiendo”.
Sin duda se puede percibir el enojo que, un día si y otro también, emiten en las redes sociales con sus nombres propios los socios y trabajadores de la mutua denunciando manejos turbios de las directivas desplazadas, sobre los que la Fiscalía penal aún no ha determinado si dicta acusación tras las pruebas e investigaciones que se realizan.
Por otra parte, los socios y trabajadores que enviaron esta carta al Parlamento afirman que la deuda que mantiene Casa de Galicia con el Estado es a largo plazo, entre 8 y 10 años, y su pago está garantizado a través de los fondos Fonasa que provienen de las cuotas abonadas por los socios que se descuentan de sus rentas mensualmente y se destinan a la mutua. Si los socios de Casa de Galicia se distribuyen entre otras mutuas, la entidad deja de percibir esos fondos y no podrá hacer frente a la deuda lo cual podría provocar que el Estado le plantease al juez quedarse con el Hospital de Casa de Galicia como pago de dicha deuda.
Una distribución de socios casi ilegal
Justamente el Ministerio de Salud Pública ha determinado que solamente cuatro instituciones médicas serán las que los socios de Casa de Galicia puedan escoger para ir tras el cierre de la mutua, entre las que no está la Asociación Española.
En la carta pública los socios y trabajadores confiesan que “duele también la falta total de sensibilidad del presidente de la República, Sr. Luis Lacalle Pou, que además está permitiendo no sólo atropellar los derechos fundamentales de 43.000 socios de Casa de Galicia a elegir su prestatario de salud como todo uruguayo tiene derecho, sin embargo, desde un ministerio se nos impone irónicamente elegir libremente entre cuatro mutualistas: Cudam, Universal, Evangélico y Círculo Católico. Ni hablar que encima de todo esto es el mismo Estado que discrimina a tal suma de personas”.
La misiva distribuida fue firmada por “grupo de socios” que no se han identificado, aunque en las redes sociales muchos adhirieron a las expresiones allí vertidas que finalizan con: “Hoy somos nosotros, mañana puede ser otra mutualista. Galicia se defiende, ¡no lo duden!”.
La realidad vista desde dentro
Por otra parte, también hizo pública el doctor Héctor García una carta donde señala que “el día 23 de diciembre nos encontramos con un fallo sorpresivo, el cierre de Casa de Galicia. Si bien somos respetuosos del poder judicial, no podemos estar de acuerdo con él igual que lo manifestaron políticos y autoridades con dicho fallo”.
Califica el fallo de “desmedido, inapropiado y que el propio juez en reportaje en (el semanario) Búsqueda dice que otro juez podría haber fallado diferente”, puntualizando que recién allí “supimos entonces de la deuda y situación económica” de la institución.
Asegura que “Casa de Galicia ha tenido varías crisis en estos años y salió adelante por el apoyo y sacrificio de socios y trabajadores. Es por eso por lo que pedimos tener la oportunidad de pagar la deuda con el trabajo de nuestros trabajadores y el apoyo de los socios”, asegura el doctor García.
Explica que “el sanatorio es una pieza importante para la asistencia de los socios de ASSE por la situación actual del hospital Saint Bois y hospital del Cerro” ubicados en la zona de influencia del oeste metropolitano.
García asegura que “nuestra propuesta es brindar la asistencia a los socios de ASSE en urgencia y sanatorio con el personal de Casa de Galicia”. El Estado uruguayo “no tendría que pagar sueldos y tendría el beneficio de la asistencia. Nosotros podríamos ir descontando la deuda con el trabajo y otras medidas que pudiéramos tomar”, aseguró.
“Esta es una oportunidad única que tiene la política y las autoridades de decidir en favor del trabajo y la dignidad de los 43.000 socios y 3.000 trabajadores y familias o de las necesidades del sistema. Es momento de decidir entre las personas o el sistema” escribió en su misiva.
Puntualizó que “la palabra la tienen primero los ministros de la Suprema Corte con el fallo de la reclamación y después el Gobierno y las autoridades. Nosotros confiamos que en este país sigan siendo importantes las personas y el respeto por el trabajo”, concluyó.
Declaraciones del delegado de la Xunta en Uruguay
El delegado de la Xunta de Galicia en el Río de la Plata, Alejandro López Dobarro, tras recabar información en Montevideo sobre la situación que vive la mutua gallega fundada hace 104 años, expresó que “uno de nuestros roles es seguir de forma permanente la evolución de la situación porque no es menor la entidad, el número de las personas implicadas, ya sean trabajadores, socios, médicos, y los socios que muchos de ellos son descendientes de gallegos”, puntualizando que “estamos preocupados y vamos monitoreando, vemos que se hizo una asamblea, vemos que hubo también una reunión de alto nivel con las autoridades de Gobierno (uruguayo), y se llegó a esa propuesta de un inversor del exterior, en un mercado de salud como el uruguayo, como cualquier mercado de salud, que tiene sus particularidades”.
Al respecto, López Dobarro afirmó que “a veces no es tan sencillo que alguien venga de afuera y se ponga a gestionar una actividad, además muy sensible, como lo es la sanitaria. Creo que están en un momento de explorar todos los caminos. Lo que nosotros deseamos es que las cosas pasen de la mejor manera. También es una cuestión que no es tan fácil a veces que un inversor entre en un mercado. Para el Estado uruguayo, Casa de Galicia es un prestador estratégico y ahí el propio Ministerio tiene mucho que decir”.
López Dobarro explicó que “del área de Presidencia de la Xunta depende la Secretaría Xeral da Emigración” que “es quien tiene el contacto y la relación y su función específica es la realidad de las entidades gallegas en el exterior y la realidad de la ciudadanía”.
Afirmó que “eso lo hace también el Estado español, lo que pasa que la Xunta de Galicia, dado el colectivo que tiene en el exterior, tiene esta área de gobierno especifica y actúa trabajando a la par cuidando a los gallegos en el exterior”.
Sobre las cifras que “la Xunta de Galicia desembolsa cada año, unos 350.000 euros para todas las entidades gallegas en Uruguay, incluida Casa de Galicia, que recibe unos 80.000 mil euros anuales”, agregando que, además “hay ayudas personales, el último año se brindaron unas 200 en Uruguay, por un monto de unos 750 euros anuales, cada una”.
El delegado aseguró que “la Xunta de Galicia, además, cumple un mandato de su propio pueblo a través del Parlamento”, puntualizando que “nosotros no podemos, por lo menos en lo que tengo competencia y de la Secretaría da Emigración, no podemos disponer de masas de dinero a mayores para pagar deudas o para subsidiar un giro negativo de un hospital”.
Explicó que “cuando uno habla de un resultado negativo de un hospital hay que ser muy cuidadoso porque siempre se tiende a pensar que hay mala administración. La realidad de los sistemas sanitarios en el mundo, pero particularmente en países como Uruguay o Argentina, es que la sanidad es un mercado de trabajo muy difícil con márgenes muy pequeños y con demandas crecientes en cuanto a las prestaciones”.
