El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respaldó públicamente a su vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, al encargarle la coordinación de la reforma laboral. Un paso sobre el que Calviño no se ha mostrado muy convencida, en coincidencia con la opinión de la Comisión Europea. Esta decisión molestó enormente a su socio de gobierno, Unidas Podemos, firme partidario de la derogación de la legislación laboral aprobada por el Ejecutivo del PP de Mariano Rajoy, como la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha afirmado en varias ocasiones.
Podemos entendió esto como una injerencia en una materia de su competencia y exigió revisar el cumplimiento de su acuerdo de coalición con el PSOE. Las discrepancias, además, se agravaron con la decisión de la presidenta del Congreso, la socialista Meritxel Batet, tras varios maniobras dilatorias de retirar el acta de diputado al exsecretario de Organización de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, tras su condena por patear a un policía en una protesta en 2014.
Mientras, el PSOE celebró su 40ª Congreso en Valencia, con un cierre de filas en torno a Pedro Sánchez, que reorganizó el partido a su gusto con plenos poderes y fue arropado por los expresidentes del Gobierno, Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero.
Por otro lado, el pasado 20 de octubre se cumplieron 10 años del anuncio de la banda terrorista ETA del cese definitivo de su lucha armada, tras cinco décadas de extorsión, secuestros y asesinatos. Los socios del Gobierno (Podemos, PNV, ERC, JxCat y Bildu) se manifestaron el día 23 por las calles de San Sebastián para pedir beneficios a los presos de ETA.
Además, Bildu rechazó una resolución del resto de partidos en el Parlamento vasco en la que se condenaba a ETA. Y eso se produjo solo tres días después de que su líder, Arnaldo Otegi -quien cumplió condena en su momento por pertenencia a la banda armada-, proclamase sin demasiada convicción su apoyo a las víctimas del terrorismo y sin condenar a la banda ni pedir perdón. Aunque posteriormente dejó claro que lo único que le importa son los presos de ETA y que, por eso, estaría dispuesto a votar los Presupuestos Generales del Estado, siempre y cuando eso permitiera su salida de las cárceles.
