La reforma de la reforma electoral

Artículo del experto Anxo Lugilde sobre las posibilidades de que haya cambios en la normativa en lo que afecta al voto exterior

España se situó el año pasado entre los países del mundo con mayor abstención en el exterior, fruto de una legislación muy generosa en la inclusión en el censo y cicatera al máximo en el procedimiento de votación.

Resulta difícil encontrar ejemplos de una abstención en las elecciones en el exterior superior a la registrada en España el 20 de noviembre del año pasado, cuando sólo ejerció su derecho al sufragio el 5% de los electores residentes en el extranjero. Hay alguna noticia de tasas superiores, como la de Honduras de 2005, cuando únicamente el 3% de los potenciales votantes inscritos en el exterior participó en el proceso electoral. Pero si bien resulta frecuente que la participación en el extranjero sea inferior a la que se registra en el interior del país, no es nada común que se sitúe en estos niveles tan descomunales.

En el entorno cercano de España, Portugal aparece como el país que presenta las mayores tasas de abstención en el extranjero, si bien por debajo del reciente nivel español. Así en las legislativas portuguesas del año pasado votó el 17% del censo. En cambio en Italia y Francia en los últimos comicios en el exterior, las legislativas de 2008 y las presidenciales del 2007, respectivamente, se alcanzaron índices considerablemente superiores, del 40 y del 42%

Las tasas de participación en el extranjero pueden llevar al engaño, debido a los muy diversos criterios que usan los países para incluir a sus expatriados en el censo electoral y también por el diferente impacto de los procedimientos de emisión del sufragio, en urna, por correo, por delegación o por Internet. A simple vista, el 80% de participación registrado en las presidenciales mexicanas de 2006 da idea de una implicación de la diáspora azteca muy superior a la de la italiana, con ese 40% del 2008. Pero mientras en el caso mexicano apenas había 40.000 personas con derecho al sufragio en el extranjero, en Italia el cuerpo electoral sobrepasaba los 2 millones. De ahí que lo revelador sea medir el peso del voto llegado del extranjero en el total de los emitidos en unas elecciones. En el caso de México esa proporción es ínfima, por debajo del 0,1%, y en Italia bastante elevada, del 3%.

Por más que la tasa de participación en el exterior presente serias limitaciones, un nivel tan escandalosamente bajo como el que alcanzó en España tanto en las elecciones al Congreso de los Diputados del 20-N como en las autonómicas del 22 de mayo indica que existe un grave problema. Una abstención tan elevada podría deberse teóricamente a unos fallos garrafales en el censo, a unas dificultades insalvables para la emisión de los sufragios o una desafección terrible con el sistema democrático.

En este caso, es el producto de la superposición de dos reformas de contenido antagónico, la expansiva de 1995 y la restrictiva de 2011. La primera instauró la inscripción de oficio, la inclusión automática de los expatriados en el censo electoral, una práctica nada habitual para los residentes en el extranjero, que existe en pocos países, como Italia, Perú y España. La segunda estableció el “voto rogado” para las convocatorias en las que se permite la participación desde el exterior (legislativas españolas, autonómicas, referéndums y europeas), un penoso trámite que obliga a pedir a España la documentación para votar, incluso para aquellos que quieran depositar sus papeletas en las urnas que se instalan en los consulados y sin distinguir entre los emigrantes, los nacidos en España, y sus descendientes.

Fruto de ese movimiento pendular tan habitual en las políticas públicas, España figura entre los países más generosos a la hora de conceder el derecho al voto y más cicateros a la hora de facilitar su ejercicio. Es el producto de lo que fue un pacto de desarme en el exterior de PP y PSOE. En 2010, cuando los socialistas sabían que iban a abandonar el Gobierno, temían dejarles en manos de los populares la potente arma del voto exterior, que tiene sobre todo efectos en las elecciones autonómicas, especialmente en las gallegas. Y el PP temía que mientras el PSOE todavía estuviera en el poder, los populares volviesen a ser perjudicados como ocurrió en el recuento de Ourense las gallegas de 2009. Así ambos asumieron una vieja propuesta del BNG, la de generalizar el voto rogado, que se usaba en las municipales cuando los expatriados podían participar en ellas.

La necesidad de regularizar el voto en el exterior para subsanar las graves irregularidades que existían fue reconvertida por PP y PSOE en una apuesta por reducir drásticamente el volumen de votos. Pero ya desde el fiasco de las autonómicas de 2011 ambos partidos empezaron a criticar los efectos de la reforma como si no la hubieran hecho ellos. Y de los congresos de ambos partidos celebrados este año en Sevilla salieron resoluciones tendentes a modificar de nuevo la legislación, lo que se tradujo en un inicio de las negociaciones entre sus respectivos responsables de emigración. La igualdad en el congreso socialista, que desató una carrera por el voto del último delegado, incluidos los del exterior, parece haber sido la espoleta que desencadenó este giro.

La reforma de la reforma resulta muy necesaria, aunque no para volver al patológico modelo anterior, fuente de constantes irregularidades, sino para restituir los canales de participación electoral desde el exterior y dotarlos de las debidas garantías democráticas. Sin embargo, de momento no se percibe una voluntad real de los partidos de acometer esta nueva modificación legislativa. Dependerá de la intensidad de la demanda de cambios que llegue del exterior y de las oportunidades que puedan surgir, si en algún momento durante esta legislatura, monopolizada por la crisis económica, se decide acometer modificaciones de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

Anxo Lugilde es periodista, doctor en Historia y experto en participación electoral de los españoles residentes en el extranjero.