Una mujer herida como consecuencia del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) del pasado 18 de enero falleció en un hospital el día 30, de manera que el total de víctimas asciende a 46. A las que hay que añadir el maquinista en prácticas que murió dos días después en otro siniestro de un tren de Rodalies (Cercanías) en Gelida, provincia de Barcelona.
Estos siniestros más otros más leves y el caos en la red de Rodalies de Cataluña provocaron un aluvión de críticas a la gestión del ministro de Transportes, Óscar Puente, y de peticiones de dimisión por parte de familiares de los fallecidos, otros afectados por accidentes e incidentes, de maquinistas y trabajadores ferroviarios y de la mayoría de los partidos políticos. De hecho, el Senado aprobó con los votos de PP, Vox, ERC, UPN y la abstención de Junts la reprobación y la petición de dimisión de Puente. Además, los sindicatos mayoritarios convocaron tres jornadas de huelga ferroviaria en España, que comenzaron el 9 de febrero, para reclamar más seguridad e inversión tras los accidentes de Adamuz y Gélida.
En el funeral por las víctimas del accidente de Córdoba, presidido por los Reyes de España en Huelva y al que no asistió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero sí más de 4.000 personas, los familiares de fallecidos afirmaron que “lucharán por saber la verdad porque solo la verdad nos ayudará a cerrar la herida”.
Mientras sigue la investigación, en los últimos días se supo que la red ferroviaria roza los 1.000 puntos críticos con limitaciones de velocidad, que la Comisión Europea calificó de “obsoleta” la línea de AVE Madrid‑Sevilla en 2023 y aprobó 111 millones para su modernización y el Banco Europeo otros 90 millones en 2022 porque llegaba el “fin de su vida útil”.
