El Gobierno de Asturias ha apelado al consenso en torno a la Ley de Impulso Demográfico, la primera iniciativa legislativa que aprobará el Ejecutivo autonómico. El Ejecutivo ha recibido con sorpresa y decepción las declaraciones del Partido Popular (PP), tras la reunión mantenida el pasado 23 de octubre en la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, enmarcada en una ronda de contactos para ultimar su redacción.
El Consejo de Gobierno había previsto aprobar el proyecto de ley en la primera reunión de la legislatura. No lo hizo a petición del ya exportavoz del PP, Diego Canga, quien propuso aplazarla para facilitar el acuerdo. El pasado 23 de octubre, el PP ha dado unilateralmente por rotas las negociaciones.
Por su parte, los populares asturianos acusan al Ejecutivo autonómico de romper las negociaciones sobre el Reto Demográfico: “Ha sido un paripé, los socialistas no quieren un acuerdo ni compromisos claros”, señaló la diputada regional popular Cristina Vega quien denuncia que los socialistas rechazan sus tres propuestas de mínimos.
Desde el Ejecutivo del Principado señalan que “el compromiso de este Gobierno es alcanzar el mayor consenso posible y seguiremos trabajando para conseguirlo”, afirmaron fuentes de la Consejería. “En el proceso de diálogo de esta ley hemos demostrado que la voluntad de acuerdo es real, modificando y asumiendo propuestas de otras fuerzas políticas”, han agregado.
En la reunión del pasado 23 de octubre, indican desde el Gobierno asturiano, se ha asumido una de las demandas de los populares, compartida por otros grupos y relacionada con la aplicación del Plan Retorna, concebido para favorecer el regreso de personas emigradas. “Nos llama la atención que el PP niegue acto seguido un acercamiento cuando se les ha traslado una propuesta concreta que recoge sus aportaciones”, lamentó la Consejería.
Desde del departamento recuerdan también que el pasado 20 de octubre, con esa misma voluntad, la directora general de Emigración y Políticas de Retorno, Olaya Gómez Romano, se reunió en Santiago de Compostela con el secretario xeral da Emigración de la Xunta de Galicia, Antonio Rodríguez Miranda, en un encuentro que sirvió para conocer de primera mano la experiencia gallega para avanzar en la elaboración del plan asturiano.
El Gobierno de Asturias se ha comprometido a impulsar en 2024 el Plan Retorna, para cuya elaboración se contará con las aportaciones de las comunidades asturianas en el exterior, de organizaciones y de expertos en la materia.
“Resultan sorprendentes el fondo y las formas de algunas manifestaciones que hemos visto hoy. Por ejemplo, la fiscalidad diferenciada que reclama el PP para el medio rural ya es una realidad en Asturias (está recogida en el proyecto) y el objetivo es seguir avanzando en ella con cada presupuesto”, añadieron desde la Consejería.
El giro en la actitud de los conservadores respecto al planteamiento inicial de Diego Canga ha asombrado al Gobierno autonómico. “En el PP parecen más interesados en escenificar una ruptura que en dialogar y alcanzar acuerdos. No obstante, el Ejecutivo sigue con la mano tendida pese a que parece evidente que hoy hemos asistido a un cambio en la actitud del primer partido de la oposición. Si hace unos días la prioridad era aportar y acordar, ahora parece que es tensar y crispar irresponsablemente, buscando excusas con las que justificar un desacuerdo. Sería una lástima que los intereses partidistas impidieran un buen acuerdo para Asturias. Esperamos que recapaciten y vuelvan al diálogo”, concluyeron desde la Consejería.
El impulso demográfico es una “prioridad indiscutible” para el nuevo mandato, tal y como subrayó el presidente Adrián Barbón en su discurso de investidura, en el que explicó que el éxito en este ámbito, que exige una acción transversal, dependerá del buen desempeño de todas las políticas del Ejecutivo. El objetivo que se persigue es responder al descenso de habitantes, el envejecimiento y el despoblamiento con iniciativas eficaces a medio y largo plazo.
El Gobierno ya había aprobado un proyecto de ley relacionado con el reto demográfico al final del anterior mandato. El texto, que no llegó a tramitarse en la Junta General, estaba basado en el dictamen consensuado en la Cámara por todos los grupos parlamentarios, excepto Vox.
