El Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto ley de medidas socioeconómicas para hacer frente a la crisis del coronavirus que representa “la mayor movilización de recursos de la historia de nuestra democracia”, según destacó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en rueda de prensa. Las medidas adoptadas suponen la movilización de 200.000 millones de euros –el 20% del Producto Interior Bruto (PIB) –, de los que 117.000 serán públicos y los restantes 83.000, privados. Se trata de “un paso rotundo en defensa del sistema productivo y la pretensión de no dejar a nadie atrás”, según resaltó el presidente, que explicó que el objetivo es “proteger el empleo, a las familias y a las empresas con un escudo económico y social que solo los poderes públicos pueden ofrecer, y frenar la curva descendiente del empleo y la producción, para que a la caída le siga una recuperación y no un estancamiento”, de modo que se produzca “una uve en lugar de una ele”. El mandatario apuntó que las medidas refuerzan las del primer plan de choque económico aprobado la semana pasada y recogen algunas de las “valiosas” propuestas que les han hecho llegar en estos días los agentes sociales –sindicatos, empresas, líderes de partidos políticos y presidentes de las comunidades autónomas–, a los que agradeció su colaboración.
Familias, trabajadores, empresas e investigación
El real decreto-ley ha entrado en vigor este miércoles y las medidas que contiene -sobre cuatro áreas áreas prioritarias: las familias, los trabajadores, las empresas y la investigación científica-.mantendrán su vigencia durante el plazo de un mes, sin perjuicio de que el Gobierno pueda prorrogar la norma en función del Estado de alarma.
Respecto a las familias, se destinan 600 millones de euros para financiar las prestaciones básicas de las comunidades autónomas y los entes locales que tienen por objeto la atención de las personas mayores y los dependientes; y se garantizan los servicios de energía, agua y telecomunicaciones, así como el derecho a la vivienda de las personas con más dificultades, a través de la moratoria del pago de las hipotecas. “Nadie será desahuciado”, enfatizó el presidente
En cuanto a los trabajadores, se facilita la reducción de la jornada laboral hasta el 100% para que puedan conciliar la vida profesional con la familiar, se promueve el teletrabajo y se flexibilizan las condiciones para los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). Como norma general, se apuesta por la “reducción de las jornadas laborales como alternativa a los despidos”, para “que se mantenga el empleo”, porque se trata de una “crisis temporal”, idea esta –la de la crisis temporal– que Sánchez repitió una y otra vez durante la rueda de prensa a modo de ‘leit motiv’.
En lo que se refiere a las empresas, se exonera del pago de cotizaciones a la Seguridad Social a las compañías que se acojan a ERTE en vez de despedir a los empleados y se crea una línea de avales de garantías públicas por un total de 100.000 millones de euros para proporcionarles liquidez, cantidad que puede llegar a los 150.000 o 200.000 euros con la participación del sector privado. También se apoya la digitalización y el I+D+i de las pequeñas y medianas empresas (pymes) para extender el teletrabajo. En cuanto a los autónomos, se flexibiliza el acceso a la prestación por cese de actividad, y se exime también del pago de cotizaciones a los trabajadores de este grupo que se quede en el paro. Lo que no ha acordado el Ejecutivo es la suspensión del pago de la cuota, algo que había exigido la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA). Además, se reforma la normativa sobre inversiones exteriores para impedir que empresas de fuera se hagan con el control de otras españolas por la caída de sus acciones.
Finalmente, respecto a la investigación científica, se destinan 30 millones de euros para dotar al Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y al Instituto de Salud Carlos III de recursos que les permitan profundizar en la búsqueda de una vacuna y una cura definitiva de la enfermedad.
“Se avecinan días muy duros”, anunció el presidente, que confesó que “nadie tiene un manual de instrucciones infalible” para luchar contra la pandemia, pero aseguró que con el criterio de los expertos científicos y sanitarios, la entrega de los servicios públicos y la disciplina social venceremos a la enfermedad. En este sentido, hizo una llamada “a la unidad de acción y a la responsabilidad”, concluyendo que “resistiremos unidos”.
Endurecimiento del estado de alarma
Sánchez anunció además que el Gobierno ha modificado el decreto del estado de alarma para impedir también, de manera explícita, la libre circulación en las playas. Otras medidas de endurecimiento de la situación son el cierre de peluquerías, que como los restaurantes sólo podrán trabajar a domicilio, aunque se permite la apertura de centros sanitarios o clínicas veterinarias. Estas actividades comerciales podrán suspenderse si existe riesgo de cambio y además el Ministerio de Sanidad puede, en cualquier momento, «modificar, ampliar o restringir» las actividades permitidas para atender situaciones no previstas, según afirmó el presidente, que reiteró que las salidas permitidas son de manera individual, salvo en las personas que requieran ayuda.
Presupuestos de reconstrucción
Preguntado sobre los próximos Presupuestos del Estado, Sánchez subrayó que serán de “reconstrucción social y económica”, con “nuevas proyecciones acordes a la situación socioeconómica posterior a la crisis”, y que se intentarán pactar “con todas las fuerzas políticas”.
