El pasado 30 de julio se celebró en Salamanca la Conferencia de Presidentes con la presencia del Rey Felipe VI, que fue recibido con vítores y ovaciones por los ciudadanos, y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, increpado y abucheado. En el marco de la reunión de trabajo, Sánchez anunció a los jefes de los Ejecutivos autonómicos la llegada de 3,4 millones más de vacunas en agosto. Además, avanzó la cesión del 55% de los fondos de la Unión Europea a las comunidades autónomas, con lo que dispondrán de 10.500 millones de euros procedentes de Bruselas.
Varios asistentes a la reunión se quejaron de que el Gobierno de España les va a imponer a qué se dedican esas partidas, dejándoles sin margen para realizar inversiones de interés. Además, criticaron el trato preferente que se da a Cataluña -cuyo presidente Pere Aragonès se negó a acudir a la reunión y con el que el Ejecutivo central negociará en una mesa bilateral al margen del resto de comunidades- y al País Vasco -al que se cedió la gestión de más tributos y un aumento de la deuda a cambio de la presencia del lehendakari Íñigo Urkullu en Salamanca-.
El día anterior, antes de irse de vacaciones, el presidente del Gobierno realizó un balance del curso político muy optimista y aseguró que el Ejecutivo ha cumplido el 32,8% de sus compromisos de legislatura. El líder de la oposición, Pablo Casado (PP), le señaló como el causante de la destrucción de la economía y del empleo.
Finalmente, cabe señalar que Pedro Sánchez realizó un breve viaje a Estados Unidos, en el que no fue recibido por miembros de la Administración estatal y se limitó a reunirse con inversores privados, quienes reclamaron seguridad jurídica y garantías en el mercado de trabajo, fiscal e inmobiliario.
