El presidente de la Xunta en funciones, Alfonso Rueda, destacó el objetivo de llegar a los 8.000 inmuebles de promoción pública al final de la legislatura. Además, destacó el doble papel de la vivienda en un territorio al ser una pieza clave del progreso social e individual de los ciudadanos y un elemento intrínseco del paisaje. En este sentido, el titular del Gobierno gallego resaltó la importante labor que juegan promotores, constructores y arquitectos a la hora de configurar la Galicia del presente y del futuro.
Lo hizo durante su intervención el pasado 7 de marzo en la XXVIII edición de los premios de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Provincia de Pontevedra (Aproin), que se celebró en Vigo, donde destacó la apuesta de la Xunta por mejorar el acceso a la vivienda de los ciudadanos, especialmente de los colectivos más vulnerables. En esta línea, subrayó el compromiso del Gobierno gallego de ampliar en un 50% el parque público residencial hasta superar las 5.600 viviendas protegidas en 2026 e impulsar la construcción en suelo público de otras 3.000 por parte de promotores privados.
Y además, la Xunta también promueve la rehabilitación de inmuebles. Para eso, a través de diferentes programas de incentivos convocados desde el año 2022, se destinaron más de 100 millones de euros a conceder ayudas a propietarios particulares y ayuntamientos para rehabilitar más de 20.000 viviendas en toda Galicia.
Tal y como resaltó el presidente, los presupuestos de 2024 muestran la relevancia de las políticas de vivienda para el Gobierno autonómico al incrementar casi un 22% la partida para vivienda y suelo empresarial hasta llegar a los 214,8 millones de euros, de los cuales se estima que alrededor de 56 millones se destinarán a ayudas para facilitar el acceso a la vivienda o su rehabilitación.
Previamente, el 29 de febrero, Alfonso Rueda anunció que el Gobierno autonómico va a destinar este año más de 2,2 millones de euros a ayudar a los ayuntamientos a rehabilitar viviendas y ponerlas en alquiler social. El objetivo, según resaltó, es seguir incrementando el parque residencial a disposición de los colectivos más vulnerables “con alquileres a precios accesibles”. Estos fondos se canalizan a través de una orden de ayudas que publica este mes de marzo la Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, tras recibir ese día 29 el visto bueno del Consello da Xunta.
La convocatoria incluye dos programas diferenciados aunque con el objetivo común de apoyar a las entidades locales gallegas en la ejecución de obras de rehabilitación con fines residenciales para atender las necesidades de su población y, en especial, para facilitar el acceso a un hogar de familias y personas con escasos recursos económicos.
Concretamente, tal y como explicó Rueda, la convocatoria de 2024 reserva 1,85 millones de euros a las ayudas a ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes “para rehabilitar edificaciones y viviendas de titularidad municipal que ya no están en uso, como pueden ser las antiguas casas de los maestros, y destinarlas a alquiler social”.
La Xunta podrá llegar a subvencionar hasta el 95% del coste de la actuación con incentivos de 50.000 euros con carácter general o de 55.000 euros si la edificación está en un conjunto histórico o en alguno de los Caminos de Santiago, cuantías que se incrementarán hasta los 52.000 y los 57.000 euros, respectivamente, si el inmueble pertenece al ámbito de alguna de las siete Áreas de regeneración urbana de interés autonómico (Rexurbe) declaradas actualmente en Galicia.
Además, los adjudicatarios de las viviendas resultantes deberán ser personas o familias que tengan ingresos inferiores a 2,5 veces el Indicador público de renta de efectos múltiples (Iprem), es decir, 21.000 euros al año.
En cuanto a la otra línea de ayudas, el programa de infravivienda, va dirigida a municipios de menos de 10.000 habitantes y, por lo tanto, eminentemente rurales. Con un presupuesto asignado de 370.000 euros, la Xunta cubrirá también hasta el 95% de las obras -con un límite de 15.000 euros- destinadas a rehabilitar elementos exteriores, mejorar las condiciones estructurales, la seguridad o la accesibilidad de los inmuebles o garantizar la habitabilidad.
El presidente explicó que los ayuntamientos pueden acogerse a estos incentivos para recuperar viviendas “en mal estado” que formen parte de su patrimonio con el fin de alquilarlas a familias con pocos recursos -ingresos ponderados que no superen 1 vez el Iprem- o también “para ayudar con carácter de urgencia” a vecinos que residan en una infravivienda y carezcan de medios propios con los que financiar las obras necesarias para garantizar la habitabilidad de su domicilio.
En este último caso, las entidades locales beneficiarias deberán acreditar que alguno de los residentes es propietario de esta, que ni él ni ninguno de los otros habitantes poseen otra vivienda en propiedad, y que los ingresos -ponderados en función del número de miembros que integre la unidad de convivencia no superan los 8.400 euros anuales.
Entre ambas líneas y toda vez que el presupuesto total reservado para la convocatoria de este año asciende a 2,22 millones de euros, el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) estima que podrá ayudar a rehabilitar más de 60 viviendas destinadas a alquiler a precios accesibles en el conjunto de la Comunidad.
352 recuperadas desde 2016
Cabe recordar que el Gobierno gallego convoca subvenciones para restaurar infraviviendas en el rural y para la rehabilitación de edificios de titularidad municipal destinados a alquiler social desde los años 2016 y 2017, respectivamente. En este período, el IGVS destinó cerca de 10 millones de euros a apoyar a más de un centenar de ayuntamientos gallegos en la recuperación de 352 viviendas, de las que 200 fueron fruto de la rehabilitación de inmuebles municipales que estaban en desuso o abandonados, como las viviendas de maestros; y los 152 restantes eran viviendas localizadas en entornos rurales -habitados o no- cuyo estado de conservación hacía necesaria una intervención, parcial o total, que garantizar su habitabilidad.
Además, cabe recordar que los ayuntamientos que reciben ayudas para rehabilitar viviendas de su propiedad y destinarlas después a alquiler social tienen la posibilidad de beneficiarse también del Fondo de Cooperación del IGVS, que ofrece préstamos sin intereses a devolver en 8 años a municipios de menos de 50.000 habitantes. Estos préstamos pueden destinarse a la adquisición de nuevos inmuebles para rehabilitar o a financiar la parte de la recuperación integral de edificios de su propiedad que no cobre la otra subvención.
Finalmente, Rueda, anunció el pasado 7 de marzo que la Xunta realizará una nueva convocatoria de ayudas para mejorar la accesibilidad tanto en edificios residenciales colectivos como en viviendas particulares con un presupuesto de cerca de 9,5 millones de euros. Según concretó, el objetivo es poder llegar a financiar intervenciones en “alrededor de 1.350 viviendas gallegas”.
El Consello da Xunta dio razón ese día de la convocatoria por tercero año consecutivo de este programa, gestionado por la Vicepresidencia Segunda y Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que busca facilitar la adaptación exterior e interior de diferentes tipos de inmuebles de uso residencial a las necesidades de personas con alguna discapacidad, física, sensorial o intelectual.
El jefe del Ejecutivo autonómico en funciones destacó que el objetivo es apoyar la ciudadanía en la financiación de obras e instalaciones que contribuyan a eliminar barreras arquitectónicas, faciliten el acceso o favorezcan la autonomía y la movilidad tanto en construcciones unifamiliares como en edificios de tipo residencial colectivo y en las viviendas que los integran. Además, las actuaciones podrán realizarse no solo dentro de los inmuebles sino también en los espacios comunes, como jardines o zona deportivas, y en los que sirven para comunicarlos con el exterior.
El mandatario gallego puso como ejemplo de las obras subvencionables la instalación de ascensores, salva escaleras, cuestas o mecanismos motorizados para la apertura de puertas; las reformas de los accesos desde la vía pública; la colocación de productos de apoyo como grúas, sistemas tecnológicos de guiado, señales luminosas, visuales, táctiles o sonoros; dispositivos electrónicos de comunicación entre las viviendas y el exterior; la aplicación de domótica y otro tipo de tecnología que favorezca la autonomía personal; y cualquier intervención que facilite la accesibilidad universal en el interior de las viviendas y en los propios edificios residenciales colectivos, así como en sus vías de evacuación.
En cuanto a los beneficiarios, informó de que podrán acogerse al programa personas físicas propietarias, usufructuarias o inquilinas de los inmuebles, comunidades vecinales, sociedades cooperativas y empresas constructoras, propietarias o arrendatarias de los edificios.
Ayudas de entre 6.000 euros y 18.000 euros por vivienda
Rueda precisó que las aportaciones oscilarán “entre los 6.000 y 18.000 euros por vivienda” en función del tipo de inmueble y de si entre los vecinos hay alguna persona con discapacidad. De hecho, con carácter general, las ayudas cubrirán, como máximo, el 60% del coste de la actuación que se acometa, aunque este porcentaje podrá incrementarse hasta el 80% si en la vivienda o en el edificio reside una persona con discapacidad o que sea mayor de 65 años.
Además de estas limitaciones, la cuantía de las subvenciones será variable y dependerá tanto de la tipología y de las características de los inmuebles como de las circunstancias de sus residentes. Así, si se trata de una casa unifamiliar -aislada o agrupada-, el beneficiario podrá recibir hasta 12.500 euros para hacerla más accesible y, cuando la subvención se solicite para intervenir sobre un edificio residencial, se concederá un máximo de 9.000 euros por vivienda y de 90 euros por metro cuadrado de superficie construida en el caso de un local comercial. Por último, si la solicitud tiene por objeto intervenir sobre una vivienda ubicada en una edificación de tipo colectivo, el importe de la ayuda de la Xunta no superará los 6.000 euros.
Con independencia de la tipología del inmueble -que en los tres casos tendrán que ser anteriores a 2006- la subvención llegará hasta los 15.000 euros por vivienda si en ella reside una persona con discapacidad y hasta los 18.000 euros si acredita tener un grado de discapacidad del 33% o superior.
Además, para acogerse a las ayudas de este año las actuaciones no podrán haberse iniciado con anterioridad al 1 de enero de 2022 ni estar ya finalizadas antes de que se publique la resolución con la convocatoria en el Diario Oficial de Galicia.
Asimismo, el plazo de ejecución de las obras, en el caso de viviendas unifamiliares, no podrá exceder los 12 meses, mientras que para los edificios de tipología residencial colectiva será de 24 meses, toda vez que las intervenciones en este tipo de inmuebles suelen ser más complejas y requieren de más tiempo. En cualquier caso, las actuaciones subvencionadas deberán estar finalizadas antes del 1 de diciembre del año que viene.
Plazos de ejecución
Rueda puso en valor que este es el tercer año que la Xunta, a través del Instituto Galego da Vivenda e Solo, convoca con carácter plurianual el programa de ayudas de accesibilidad en las viviendas. De este modo, destacó que desde 2022 la Xunta destinó “12 millones de euros a mejorar la accesibilidad a viviendas de toda la Comunidad”.
En concreto, en 2022 el presupuesto asignado a esta línea fue de 4,3 millones de euros y ante la elevada demanda detectada, la dotación de la segunda convocatoria se incrementó hasta los 9 millones de euros, cuantía que se volvió a reforzar este año, alcanzando los 9,42 millones de euros.
En el período 2022-2023 la Xunta concedió 364 ayudas directas para hacer más accesibles viviendas y edificios de carácter residencial. El importe otorgado superó los 12 millones y gracias a estas subvenciones, propietarios particulares, comunidades e inquilinos pudieron ejecutar mejoras y adaptaciones en casi 2.000 viviendas en el conjunto de Galicia.
