El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, informó el pasado 2 de septiembre de que el Consello dio “luz verde” para que el Gobierno autonómico “interponga un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley orgánica 1/2024 de amnistía ya anunciado”, después de contar con el dictamen favorable del Consello Consultivo de Galicia.
En este sentido, destacó que la juridisprudencia reconoce el derecho de las comunidades autónomas a interponer recursos de inconstitucionalidad no solo para la defensa de competencias propias sino para el restablecimiento del orden jurídico constitucional. “Siempre dijimos que Galicia actuará con toda la contundencia cuando pensemos que hay normas que atentan contra sus intereses, como es el caso”, indicó.
El presidente destacó que, tras un amplio trabajo de documentación, la Xunta recurrirá la Ley aprobada por el Gobierno central al considerar la Asesoría Jurídica que esta Ley orgánica “contradice artículos de la Constitución como el 9.1”, que establece que todos los ciudadanos y poderes públicos estarán sometidos a la Carta Magna y al resto del ordenamiento jurídico.
Además, Rueda hizo hincapié en que, según la Asesoría Jurídica, se trata de una ley que tiene “consideración arbitraria”, que “quiebra con el principio de igualdad”, que vulnera el principio de separación de poderes al “dejar sin efecto decisiones firmes adoptadas por el poder judicial” y que también “quiebra el principio de seguridad jurídica” al actuar en un ámbito tan amplio e indeterminado.
Efectos económicos
Previamente, el pasado 5 de agosto, el presidente de la Xunta había advertido que la salida de Cataluña del régimen común, tras el acuerdo bilateral alcanzado con el Gobierno central, supondría para Galicia una pérdida de recursos de 444 millones de euros, según el cálculo presentado por la Consellería de Facenda e Administración Pública elaborado “desde el punto de vista objetivo y, por lo tanto, contrastable”.
El titular del Ejecutivo gallego recordó que, tal y como vienen destacando desde varios territorios, este acuerdo “va a ir en perjuicio de las haciendas autonómicas en todos los casos”, de ahí que se presentase este informe para evaluar su efecto en Galicia.
Así, según el documento que se evaluó el día 5 en el Consello, en caso de que se mantuviera el actual modelo de financiación autonómica, pero sin Cataluña, la Comunidad gallega perdería 270 millones de euros anuales del Fondo de Garantía, que asegura que las comunidades autónomas con mayores niveles de ingresos contribuyan a las que por población ajustada ingresan menos; y perdería también 83 millones de euros del Fondo de Cooperación.
Asimismo, tal y como se desprende del informe, esta nueva situación comprometería también las transferencias de financiación finalistas que reciben las comunidades, como son la financiación de las políticas de empleo y la de dependencia, cuyo impacto supondría para Galicia una pérdida de 91 millones de euros anuales adicionales. En total, el mantenimiento del actual sistema de financiación pero sin las aportaciones de Cataluña implicaría para Galicia una minoración de sus recursos en torno a los 444 millones de euros.
En este sentido, el presidente de la Xunta avanzó que “lógicamente, si otras comunidades autónomas, como Madrid o Baleares, pidieran lo mismo, estaríamos hablando de una cantidad muchísimo mayor”.
Vulneración de principios
Según resaltó Rueda, además de las cifras, el acuerdo también contiene “complicaciones jurídicas”. Así, incumpliría hasta 16 artículos de la Constitución Española, especialmente los que consagran los principios de solidaridad interterritorial y la potestad del Estado para garantizarlos; así como otros que se recogen en la Lofca (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas), la norma orgánica que regula las relaciones financieras de las comunidades.
Esta ruptura afectaría a todas las comunidades, alterando el sistema de financiación y a las relaciones financieras de las comunidades autónomas entre sí y con el Estado. En este sentido, el texto recuerda que la reforma del sistema de financiación debe ser debatida en el Consejo de Política Fiscal y Financiera en un contexto de multilateralidad.
