El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció el pasado 26 de enero que el Consello aprobó el II Pacto de vivenda de Galicia, por el que el Ejecutivo autonómico “va a invertir cerca de 2.000 millones de euros” en este ámbito “entre 2026 y 2030”. Tal y como explicó, la previsión es que estos fondos públicos destinados por la Xunta a la vivienda permitan “movilizar otros 5.000 millones por parte de empresas y particulares y crear o mantener miles de puestos de trabajo -alrededor de 60.000-”. La mayor parte de esta inversión procederá de fondos propios de la Comunidad Autónoma, según explicó. Serán 1.630 millones de euros, que suponen el 82,67% del total. Los fondos estatales alcanzarán la cifra de 241 millones y los europeos los 100 millones de euros.
El nuevo Pacto de vivenda ejemplifica la actuación política del Gobierno gallego en materia de vivienda, construido desde el consenso y la participación de todos los agentes implicados, para garantizar y asegurar la eficacia en la aplicación y efectividad de las medidas adoptadas. “Tenemos una hoja de ruta clara que incluye construir, rehabilitar y desarrollar suelo”, indicó la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue.
El II Pacto de vivenda de Galicia fue gestado en el marco del Observatorio da vivienda de Galicia, en el cual están representados todos los colectivos que tienen algún tipo de relación con el sector: Fegamp, Federación de Promotores de Galicia, Federación Galega da Construción, la Unión Galega de Cooperativas de Vivenda, los consumidores, Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, Consello Galego de Arquitectura Técnica, Colexio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia y Colexio Oficial de Axentes da Propiedade Inmobiliaria, así como la Xunta.
Rueda destacó que el nuevo Pacto de vivenda establece un nuevo compromiso en materia de vivienda de promoción pública. “Adquirimos el compromiso de que la Comunidad llegue a las 10.000 viviendas públicas en 2030”, indicó. Es decir, la Xunta sumará 2.000 nuevas viviendas a las 8.000 que prevé que conformarán el parque público residencial en el 2028.
Tal y como explicó la conselleira, este nuevo Pacto de vivenda de Galicia se estructura en cuatro líneas estratégicas y tres anexos dedicado a la vivienda y juventud, estimaciones económicas del Pacto y seguimiento del 1º Pacto de vivenda de Galicia 2021-2025.
La Línea estratégica 1, Acceso a la vivienda, engloba la promoción pública de viviendas, la vivienda protegida de protección autonómica (promoción privada), el apoyo a los parques municipales de vivienda y el impulso a la vivienda sin protección, así como medidas para facilitar el acceso a la vivienda tanto en alquiler como en compra.
La Línea estratégica 2, Rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, cuenta con programas dedicados a la rehabilitación directa por el IGVS (Rexurbe, reparación de VPP y Consorcio do Casco Vello de Vigo), ayudas a ayuntamientos (ayudas de rehabilitación de viviendas de titularidad municipal, fondos de cooperación e infravivienda) y áreas Rexurbe. También incluye el fomento de la rehabilitación por los particulares, con un programa de ayudas a particulares y comunidades (eficiencia energética, conservación, seguridad, accesibilidad, comunidades de VPP y núcleos rurales) y otro de áreas de rehabilitación integral (municipales y supramunicipales).
La Línea estratégica 3, Suelo residencial, está destinada a la colaboración con los ayuntamientos para la cesión de suelo residencial, desarrollo de la estrategia de suelo residencial y adjudicación de suelo residencial.
La Línea estratégica 4, Otras medidas en materia de vivienda y rehabilitación, se centra en el desarrollo normativo, impulso de la construcción industrializada, promoción de la innovación y el uso de la inteligencia artificial en la construcción, política fiscal y financiera en materia de vivienda, agilización de licencias e informes sectoriales, etc.
Además, la conselleira resaltó que el nuevo Pacto incluye un apartado con medidas específicas para facilitar el acceso a la vivienda de la juventud como los alojamientos compartidos o la reserva de parte de los nuevos inmuebles protegidos para este colectivo, tanto en régimen de compra como de alquiler.
Balance 2021-2024
En los cuatro primeros años del Pacto de vivenda de Galicia 2021-2025, se puso en ejecución el 97,8% de las medidas previstas y se concedieron 30.501 ayudas por importe de 365.047.877 euros, además de las actuaciones directas realizadas por el Instituto Galego da Vivenda e Solo.
Colaboración a constructoras
Posteriormente, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, solicitó a los constructores gallegos su colaboración e implicación en el objetivo de alcanzar las 10.000 viviendas públicas en 2030: “Es un objetivo del Gobierno galego, y es un objetivo perfectamente concreto y concretado en número de viviendas y en plazo de ejecución. Y, por eso, con vuestra ayuda vamos a hacerlo”, apuntó el presidente. Así lo señaló el día 29 durante un acto de presentación al sector de las medidas del Gobierno gallego en esta materia, en el que estuvo acompañado por la conselleira María Martínez Allegue, que se organizó en colaboración con la Federación Galega da Construción (Fegacons) y contó con la participación de representantes de empresas constructoras de la Comunidad.
En su intervención, recordó que al inicio de la legislatura la Xunta se marcó el objetivo de duplicar el parque público de vivienda en 2028, y pasar de 4.000 a 8.000 viviendas. Ahora, esa meta se amplía para los próximos años, en tanto el II Pacto pola vivenda, prevé la construcción de 2.000 viviendas más hasta 2030. Estas, sumadas a las 4.000 ya comprometidas, supondrán que Galicia contará en 2030 con 10.000 viviendas públicas: “Nunca hubo una propuesta tan cerrada, tan importante en inversión y tan medida en cuanto a los plazos. Porque responde a una necesidad social, ya que nunca hubo tanta necesidad de vivienda”, subrayó Rueda.
Conseguir este objetivo supone no solo una importante movilización de inversión, sino que también implicará un esfuerzo sin precedentes en materia administrativa y de gestión, a la hora de poner en marcha las licitaciones, mesas de contratación o supervisiones técnicas; además de una gran carga de trabajo para las empresas constructoras. De hecho, la previsión este año es licitar casi 2.700 viviendas de promoción pública, con una inversión de cerca de 500 millones de euros: “Nuestra responsabilidad es hacer vivienda donde se necesite y donde sea posible en plazos razonables. Y no queremos obsesionarnos con el número, porque también es importante la calidad. Las viviendas de protección pública no tienen por qué significar viviendas de menor calidad. Eso también hay que cuidarlo”, señaló el presidente.
En cualquier caso, Rueda recordó que la construcción es una parte fundamental de la política en materia de vivienda, pero no la única: “El problema de la vivienda no se va a acabar simplemente construyendo, pero construir es necesario para arreglarlo”, señaló. Así, citó, por ejemplo, las ayudas a la rehabilitación y al alquiler, los beneficios fiscales o el desarrollo de suelo residencial. Sobre este último punto, recordó que la previsión del Gobierno gallego es desarrollar suelo hasta 2028 para 25.000 viviendas -20.000 de ellas protegidas-: “Ojalá que esto sirva para seguir transformando la construcción en Galicia, seguir en un puesto puntero. Y ojalá que esto sea el principio de muchas más cosas que tengan que venir”, destacó el presidente.
Ahorro de casi 227 millones
Por otro lado, el conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, destacó el pasado 6 de febrero, durante la clausura de las XIV Jornadas Técnicas de Fiscalidad y Contabilidad, que las bonificaciones en materia de vivienda aprobadas por la Xunta desde 2016 permitieron a los gallegos un ahorro total de casi 227 millones de euros.
El conselleiro de Facenda subrayó así el esfuerzo continuado de incentivo fiscal en el acceso a la vivienda llevado a cabo por el Gobierno gallego, manteniendo tipos reducidos para los menores de 36 años, familias numerosas, personas con discapacidad y otros colectivos vulnerables como las víctimas de violencia machista. “Estos tipos reducidos van desde el 7%, el 5%, el 3% y hasta el 0%, es decir, no pagan nada si la vivienda que se compra está en el medio rural, en zonas con menor densidad de población”, explicó, recordando que, de este modo, Galicia es la comunidad con menor tributación para comprar una vivienda habitual en el rural y en la que menos impuestos pagan estos colectivos prioritarios.
Asimismo, explicó que estos tipos reducidos se aplican con una limitación de patrimonio que sube hasta los 240.000 euros, para ajustarlo a valores actuales. Una medida que también incluye a las familias monoparentales y que se aplica además a la compra de un local comercial con destino a vivienda.
Tras recordar la rebaja del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) del 10% al 8%, Corgos hizo hincapié en que el acceso a la vivienda en general, y especialmente para la juventud, es prioritario para el Gobierno gallego. Para ello, explicó, “en las Cuentas de 2025 ya se triplicaron los recursos en esta materia, con continuidad este año” y en los ejercicios siguientes.
“Bonificamos al 100% el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para operaciones de vivienda protegida realizadas por el Instituto Galego da Vivenda e Solo y las sociedades públicas autonómicas, para rebajar el coste de promover vivienda pública”, dijo, destacando además las medidas adoptadas para dinamizar el mercado de alquiler de la vivienda.
A lo largo de su intervención, el conselleiro de Facenda e Administración Pública resaltó que Galicia logró también consolidarse como una de las comunidades con mejor tratamiento fiscal en el Impuesto de Sucesiones. No en vano, el 99,9% de las herencias de un familiar directo no tributan y, desde el año pasado, la Comunidad se sitúa entre las autonomías con mejor trato a parientes del grupo III: los primeros 25.000 euros entre hermanos, tíos, sobrinos, suegros, cuñados, yernos y nueras no pagan nada. Sobre esta última iniciativa, avanzó que, en su primer año de vigencia, ya se beneficiaron de esta reducción más de 2.000 contribuyentes.
Por último, Corgos recordó también el compromiso de la Xunta para facilitar la transmisión intergeneracional de empresas y negocios, al contar, ya desde 2010, con una reducción en la base imponible del 99% para la transmisión por herencia o donación de empresas familiares o de participación en ellas, mucho más ventajosa que la existente a nivel estatal y en la mayoría de las comunidades.
El conselleiro de Facenda concluyó poniendo en valor el modelo fiscal gallego, que aporta estabilidad y permite dar seguridad a empresas y ciudadanos. Un modelo consolidado y sostenible que toma medidas adecuadas a la coyuntura económica de cada momento, que apuesta por aprovechar y ejercer su autonomía fiscal y que hace compatibles los alivios fiscales con el refuerzo de la sanidad, la educación y los servicios sociales.
“Y todo este trabajo permite que, hoy, Galicia sea un territorio fiscalmente competitivo, con colectivos prioritarios a la hora de tomar decisiones en política fiscal: las rentas medias y bajas, los menores de 36 años, las familias numerosas, los colectivos vulnerables y, desde el 1 de enero, también las familias monoparentales”, profundizó.
