El presidente de la Xunta en funciones, Alfonso Rueda, destacó el pasado 21 de marzo que la prórroga de Presupuestos Generales del Estado (PGE) va a hacer que Galicia “reciba de nuevo el peor presupuesto del Estado de los últimos años”. Una situación que hace que la Comunidad seguirá recibiendo la mitad de la inversión territorializada que Cataluña.
Rueda lamentó que el Gobierno central “renuncie” a intentar sacar adelante los Presupuestos de 2024 tras la convocatoria de elecciones en Cataluña, y advierte que esto “tiene consecuencias y ninguna beneficiosa para las comunidades”. Además, aseguró que muestra las diferencia entre el Gobierno autonómico gallego que apuesta por “tener los presupuestos aprobados para luego convocar elecciones” y el estatal, donde apuestan por la “ausencia de presupuestos”.
En la misma línea, el conselleiro de Facenda e Administración Pública en funciones, Miguel Corgos, aseguró que tal y como se desprende de un informe evaluado previamente por el Consello, la falta de presupuestos en el Estado “causa incertidumbres, falta de estabilidad y merma de recursos en las comunidades”. Algo que, según añadió Rueda, puede afectar a servicios esenciales como “la sanidad, las infraestructuras o el pago a proveedores”.
Corgos urge al Ejecutivo central a actualizar lo antes posible las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica pues en este momento las comunidades autónomas están recibiendo los mismos importes que en el año 2023 y no los comunicados por el Ministerio de Hacienda el pasado mes de diciembre durante la celebración del último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
Esta actualización tiene que realizarse teniendo en cuenta la nueva previsión de ingresos de las entregas a cuenta y de las liquidaciones comunicados en el último CPFF, que al mismo tiempo debería corregirse para incluir el impacto de las medidas prorrogadas por el Gobierno para luchar contra la crisis de precios.
Por eso, Corgos advirtió de un posible déficit de tesorería más de 725 millones de euros, lo que supone un importe mensual aproximado de 60,5 millones de euros si el Gobierno central no actualiza las entregas a cuenta del Sistema de Financiación Autonómica.
Principales repercusiones
Según se desprende del informe, la prórroga anunciada por el Gobierno central podría afectar a áreas relacionadas con la sanidad, la dependencia, las infraestructuras, el pago a proveedores o incluso a las retribuciones del personal empleado público, entre otras.
Además también afectará a los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública de las administraciones territoriales en el año en que las reglas fiscales se recuperan al tiempo que se generará un superávit para la Administración central ya que se beneficia del incremento en la recaudación tributaria previsto para este año 2024 y que no se distribuye entre las comunidades y las corporaciones locales mientras no se actualizan las entregas a cuenta.
En cuanto a las retribuciones de los empleados públicos, la incapacidad del Ejecutivo central de impulsar los Presupuestos Generales congela las retribuciones de los trabajadores al servicio del sector público en contra de los propios acuerdos que el Gobierno firmó con las organizaciones sindicales en un contexto de alta inflación.
Estos acuerdos fijaban para el año 2024 un incremento retributivo fijo del 2% sobre las retribuciones vigentes a diciembre de 2023 que debe ser habilitado por la normativa básica del Estado para que se pueda incluir en las nóminas de los empleados públicos de la Comunidad. Con esta situación, el personal empleado público verá incrementada su nómina con un retraso de cinco o seis meses.
Estos efectos negativos de la prórroga de los PGE podrían extenderse además a los proveedores del sector privado que podrían verse afectados por la falta o retraso en los pagos por parte de las administraciones que no pueden contar con los recursos de estar en una situación de ciclo presupuestario normal.
Déficit acumulado por retrasos
Galicia soporta ya cerca de 180 millones de euros de déficit acumulado en el primer trimestre, que es la diferencia entre los importes que se reciben actualmente y los comunicados a las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Pero además, a esto es preciso sumar el coste financiero de esta demora, que de seguir a este ritmo alcanzaría los 4 millones de euros en los primeros seis meses del año.
El Gobierno gallego pide seriedad y responsabilidad al delegado del Gobierno y recuerda que los números no mienten. Todo ello tras calificar Pedro Blanco, el delegado del Gobierno de España en la Comunidad, de “rotundamente falsas” las declaraciones realizadas por el presidente gallego y el conselleiro de Facenda en funciones en relación a las entregas a cuenta para Galicia, apuntando que éstas “se incrementarán” en 2024 aún a pesar de la prórroga de los Presupuestos y que la Comunidad recibirá una “cifra récord”.
El Ejecutivo autonómico aclaró, respecto a las actualizaciones por Real decreto Ley, que ya habían sido demandadas por la Xunta de Galicia en el CPFF de diciembre, tanto para la adecuación de los pagos a cuenta del Sistema de Financiación Autonómica, como para la actualización de las retribuciones de los empleados públicos. Como puso de manifiesto el día 21 el conselleiro de Facenda e Administración Pública en funciones, en su informe al Consello, ya se daba por segura una prórroga presupuestaria para los primeros meses de 2024, que ahora se confirma que se va a mantener todo el año.
El Gobierno gallego no entiende que la ministra de Hacienda decida de manera discrecional cuando transfiere a los gallegos los recursos que les corresponden al amparo de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) y a los empleados públicos de Galicia los acuerdos retributivos entre el Gobierno y los sindicatos. “El Gobierno central tiene que actuar lo antes posible y no esperar a hacerlo siguiendo otro tipo de intereses partidistas, ya que de no actualizar las entregas a cuenta el déficit de tesorería alcanzaría hasta los 725 millones de euros”, reiteró la Xunta tal y como había advertido el día anterior.
Por otro lado, el BNG recordó al Gobierno que debe cumplir los compromisos con Galicia. “Si el Gobierno dice que con los Presupuestos prorrogados puede gobernar, el Goberno podrá -y deberá- cumplir los acuerdos a los que llegó”, señaló el deputado del Bloque Nacionalista Galego en el Congreso, Néstor Rego.
Unas política económica como activo para captar inversiones del exterior
La conselleira de Economía, Industria e Innovación en funciones, María Jesús Lorenzana, puso en valor el pasado 22 de marzo la política económica del Gobierno gallego como activo para que Galicia esté captando inversión extranjera. En un encuentro con miembros del Foro Económico de Galicia, Lorenzana apuntó que en 2023 Galicia se situó como la octava comunidad autónoma que más inversión foránea registró, 416,3 millones de euros, un 132% más que el año anterior, cuando ocupaba la decimocuarta posición. Es decir, pasó de representar el 0,5% del total nacional en 2022 al 1,5% en la actualidad. En paralelo, se refirió, también, al récord exportador de la Comunidad, que cerró 2023 por encima de los 30.000 millones de euros.
La conselleira quiso vincular esta tendencia al “buen clima” que el Gobierno gallego está tratando de generar para la inversión empresarial, con un compromiso decidido por la desburocratización, la aceleración de proyectos industriales, así como con un acompañamiento al tejido empresarial que la Xunta presta desde la Oficina Económica de Galicia. “La idea es clara: facilidad total”, remarcó.
Mencionó, en esta línea, los planes directores que la Administración autonómica está elaborando para seis sectores industriales declarados estratégicos: metalmecánico, automoción, construcción naval, forestal-madera, TIC y logística; de los cuales, tres, ya están en fase de consultas (naval, automoción y TIC). Junto con el mapa industrial de Galicia, añadió, son indispensables para por ejemplo “equilibrar oferta y demanda en suelo industrial”.
Lorenzana consideró también fundamental para el desarrollo industrial de Galicia, una red de transporte eléctrica adecuada, que volvió a reclamar al Estado para dar respuesta a las nuevas industrias con interés por implantarse en la Comunidad. “Vamos tarde”, alegó, porque el Ministerio para la Transición Ecológica no previno identificar los polos de consumo.
Del mismo modo, abogó por “darle un giro” a los Perte (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) porque “necesitamos ser competitivos desde el punto de vista de la financiación”. “Estamos llegando a un punto de colapso, en la parte política y en la parte técnica, porque el Gobierno centralizó esos fondos y no tiene capacidad para asumir su ejecución”, ahondó, para criticar que Galicia recibiera hasta ahora menos de 500 millones de euros mientras que a empresas de otras comunidades ya se asignaron 300 millones a un único proyecto. “Hay un problema de discriminación -dijo-. Hay una política clara de beneficiar a determinados territorios, además de ineficacia en la gestión. Y vamos a seguir denunciándolo”, aseveró.
Para concluir, la conselleira de Economía, Industria e Innovación en funciones puso como ejemplo el proyecto de Altri, que consideró un modelo de circularidad con implicación en el sector textil, “no una macrocelulosa”, diseñado atendiendo a niveles de exigencia medioambiental superiores a los que marca la legislación europea, buscando, además, la máxima reutilización de los recursos. Un proyecto con un impacto positivo en la cadena monte-industria, esgrimió.
