El miércoles 29 de diciembre una inusual reunión se gestó frente al hospital de Casa de Galicia, luego de que por las redes sociales se citara a los socios a defender la institución tras el atropello del poder judicial que decretó el cierre de la mutua y la arbitrariedad con que se está manejando el tema desde el Ministerio de Salud Pública, desde donde se firmó un acuerdo con los funcionarios para colocar las dos terceras partes de los mismos en las prestadoras de salud que recibirán los socios que no tendrán ninguna posibilidad de escoger a cuál afiliarse.
La convocatoria hacía referencia a la defensa de “nuestros derechos como socios y en apoyo a los funcionarios”, alentando a que “no nos vencerán”, y amenazando con que “no nos roben nuestra casa”.
España Exterior entrevistó en aquel borbollón de más de doscientos emigrantes y descendientes gallegos, a un veterano que estaba junto a su hija, ambos con mascarillas, pero con los ojos mojados por las lágrimas al descubierto, dejando ver, como casi todos los presentes, la angustia que están viviendo.
Celestino Fraga tiene ochenta y cinco años, nació en la provincia de A Coruña, en Val do Dubra, y llegó a Montevideo hace más de sesenta años. Al otro día de desembarcar ya se hizo socio de Casa de Galicia donde “nacieron mis hijas, murió mi esposa” y hoy siente una angustia muy grande por el cierre de la mutualista, que “para nosotros es un pedazo de nuestras vidas”.
Su hija entre sollozos dijo que “aquí hay responsables de todo esto y hay quienes pueden resolverlo”.
Al ver el número de socios que llegaron a la convocatoria, los organizadores propusieron ir hasta la Quinta de Casa de Galicia comenzando una procesión por el costado del hospital hasta reunirse y debatir los pasos a dar.
Allí se resolvió firmar una convocatoria a una asamblea general extraordinaria que seguramente se realizará a mediados de enero, indicando uno de los promotores de esta convocatoria, Eduardo Miras, que “la haremos seguramente en esta Quinta de Casa de Galicia, que es nuestra, al igual que el panteón social (en el Cementerio del Norte) porque nadie lo nombra, no se acuerdan de los familiares que tenemos ahí, y la parte de cultura gallega que tampoco a nadie le importa”.
También Miras anunció que también “se presentará un recurso de amparo en la Suprema Corte de Justicia” a los efectos de anular el cierre decretado por el juez concursal Leonardo Méndez el 23 de diciembre.
Esta reunión de socios decidió por otra parte hacer una protesta frente a la residencia del presidente Luis Lacalle Pou en el barrio del Prado de Montevideo, lo que se llevó a cabo a las 20 horas y, tras estar varios minutos golpeando ollas, el presidente, que había asegurado meses atrás que procuraría que Casa de Galicia continuara y así se lo hizo saber al presidente Alberto Núñez Feijoo, terminó acercándose a los manifestantes y aseguró que recibirá a dos representantes, uno por los trabajadores no agremiados y otro por los socios, para entablar un diálogo sobre el futuro de la mutua gallega.
Esta luz de esperanza que se abre tras la movilización de los socios de Casa de Galicia alentó a Eduardo Miras quien consultado por España Exterior sobre qué pasaría con los emigrantes que la Xunta de Galicia paga sus cuotas si la mutua desaparece, puntualizando que “tendría que encargarse la Xunta de ese tema”.
Aclaró que “podíamos haber creado un plan de salida entre todos los socios, porque cuando se construyó el sanatorio hubo una cuota extra de los socios y por qué no ahora” se preguntó sin encontrar una explicación al decreto del cierre del poder judicial y el acatamiento silencioso del gobierno de Lacalle.
Miras afirmó que “nadie del Gobierno preguntó a los socios que son los dueños de Casa de Galicia, algunos con más de sesenta o setenta años de socios. Bueno lo vamos a hacer nosotros ahora, vamos a preguntarle, vamos a tratar de salvar la institución a costa de lo que sea”, prometió el que fue candidato a la presidencia de la mutua.
Otro de los problemas que visibilizó este cierre es el aporte que Casa de Galicia hacía con el Hogar Español, explicando Miras que “el único que en este momento estaba aportando al Hogar, no solo en dinero sino también en atención, era Casa de Galicia”.
Sindicato firma acuerdo y Ministerio prosigue con el cierre de Casa de Galicia
Mientras tanto, en las primeras horas de la tarde del mismo 29 de diciembre, la mesa directiva del sindicato de trabajadores de la mutua gallega informó que habían mantenido una reunión con el actual equipo de dirección de Casa de Galicia, quienes les informaron que “se mantendrá la continuidad de todos los servicios trabajando en las mismas condiciones hasta que le den la orden de lo contrario”, incluido el hospital y las policlínicas, al tiempo que se pedirá la compra de medicamentos, insumos generales y médicos para 15 días, cubriendo los faltantes la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).
Por otra parte, aseguran que se mantendrán y pagarán todas las retenciones de sueldos que tienen los trabajadores, continuarán los convenios de funcionarios para acceder a medicamentos y estudios y que los trabajadores que facturan cobrarán con normalidad.
Asimismo, expresan que renunció la jefa de personal y que en su lugar se designará un jefe interino, por la imposibilidad de contratar personal.
Por su parte el ministro de Salud, Daniel Salinas, confirmó que “estamos con una hoja de ruta, nos hemos reunido con todos los actores de la salud”, aunque no nombró a los socios de la mutua gallega que en definitiva son los dueños de la misma.
“Pensamos que tenemos una solución que se aproxima a lo mejor posible en cuanto a la absorción de los socios y a la preservación del sanatorio de Casa de Galicia, donde seguramente muchos de los asociados van a poder seguir asistiéndose, de acuerdo con lo que es nuestra idea de maniobra”, remarcó Salinas.
La denuncia contra Iglesias se ampliará
Otro de los tantos temas colaterales del cierre decretado de la institución más grande la diáspora gallega, es la denuncia penal presentada por el Ministerio de Salud Pública (MSP) contra el expresidente de Casa de Galicia, Alberto Iglesias, y varios directivos más.
Según se supo, autoridades del Ministerio se reunieron con el fiscal especializado en Delitos Económicos de tercer turno, Gilberto Rodríguez, para conversar sobre la denuncia penal que presentaron a principios de diciembre contra el expresidente de Casa de Galicia, Alberto Iglesias, y otros integrantes de la directiva.
En los próximos días la denuncia será ampliada, para dar mayor especificidad y depurar la información, además de agregar nuevos puntos a indagar. Según dijeron, en la ampliación se presentarán “cuestiones importantes” de la gestión de la institución médica, que para las autoridades del Ministerio ameritan la investigación de la Fiscalía.
La denuncia surgió a partir del estudio contable realizado por los interventores que, tras 34 días de trabajo, detectó “múltiples y presuntas irregularidades que habrían cometido las anteriores autoridades de Casa de Galicia y otros particulares, en detrimento del patrimonio de la institución”, según señaló el Ministerio en un comunicado del 3 de diciembre.
El ministro Salinas apuntó en su comparecencia ante el Senado que algunas decisiones tomadas por las autoridades de la mutualista “llaman poderosamente la atención que, con los problemas financieros y las deudas con particulares de la institución, se haya solicitado un fideicomiso de 4,5 millones de dólares para atender la cancelación de pasivos financieros no bancarios”.
Salinas cuestionó que “dentro de este contexto de dificultad económico-financiera grave, de falta de liquidez, de falta de caja, a lo largo de este tiempo se haya participado en varias inversiones o compras –como parte de una emergencia móvil, un inmueble en el cruce de las avenidas 8 de Octubre y Centenario, una clínica de radioterapia, una envoltura para el edificio– sin la debida solicitud de autorización” al MSP.
El martes 28 de diciembre, el abogado de Alberto Iglesias fue notificado que el MSP planteó la existencia de libramiento de cheques sin fondos, irregularidades en las contrataciones realizadas por la mutualista, apropiación indebida y posibles estafas, además de otras situaciones que se describen sin asociar a una figura delictiva específica.
Se trata de una denuncia “muy genérica” en la que se nombra a Iglesias en su calidad de presidente de la junta directiva y se menciona, sin nombrarlos, a las otras autoridades y responsables de diferentes servicios de la institución.
A partir de la ampliación, la Fiscalía comenzará a llamar a declarar a los involucrados, además de concretar otras diligencias para avanzar en la investigación que estará en manos del Departamento de Investigaciones de Delitos Financieros.
Lo cierto es que, además de Iglesias, tres o cuatro integrantes más de la junta directiva podrían ver peligrar su patrimonio, de prosperar la denuncia por libramiento de cheques sin fondos.
