Esto es un convenio internacional que debería tener fuerza de ley entre las partes, en este caso entre los Estados de Venezuela y de España, y este instrumento tiene un primer objetivo, que es producir los efectos jurídicos que se pactan, acuerdan y se comprometen de modo recíproco.
Desde el mes de enero de 2016 hasta la fecha el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, presidido por Nicolás Maduro, no abona las pensiones a quienes han cotizado en su país y residen en el exterior, entre los que se encuentran unos 9.000 residentes en España, muchos de ellos emigrantes españoles y asturianos retornados.
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