El presidente del Principado, Adrián Barbón, reiteró el pasado 27 de agosto su posición sobre el sistema de financiación autonómica: “Ya lo he dicho y lo seguiré diciendo. No voy a aceptar ninguna reforma que perjudique Asturias”. El jefe del Ejecutivo insistió en que su posición no se ha movido un ápice y siempre se ha ceñido al acuerdo alcanzado en 2020 en la Junta General del Principado “por todos los partidos políticos que creemos en el estado de las autonomías”. Este texto, unido a la declaración que un año después se hizo en Santiago de Compostela junto a otras siete autonomías, constituyen la hoja de ruta del Gobierno de Asturias.
“Tenemos muy clara la posición de Asturias en materia de financiación autonómica y además yo siempre he defendido que es necesaria una reforma porque todas las comunidades autónomas están infrafinanciadas para prestar unos servicios de calidad como merecen los ciudadanos”, insistió.
Unas semanas antes, Barbón puso dos límites claros del Gobierno de Asturias respecto a la financiación autonómica: rechazo a que Cataluña abandone el régimen común y no rotundo a la aplicación del principio de ordinalidad, que las comunidades reciban en función de lo que aportan.
