Un Estado goza de libertad en la medida que la soberanía recae en las leyes y no en los gobernantes. Pero ¿quién hace las leyes?
A menudo nos quejamos de la “injusta” Justicia y lanzamos críticas contra jueces y tribunales, como si ellos fuesen los culpables de la elaboración de las leyes. Y en ese grado de frustración no dudamos en implicar también a fiscales y a la propia policía judicial. Pero ni unos ni otros hacen las leyes, porque esta función viene encomendada, en el caso de la normativa estatal, a las Cortes Generales (Congreso y Senado) que son los encargados de aprobarlas para su posterior ratificación, publicación y entrada en vigor. Sin embargo, esto no siempre es así, pues los distintos gobiernos vienen utilizando, de forma abusiva, la figura del Decreto-Ley, que sólo está contemplada para casos extraordinarios y urgentes, y que les permite aprobar normas al margen de las Cortes, aunque posteriormente se sometan a debate y votación en el Congreso, pero “trufando” al Poder Legislativo.
La voluntad popular controla (¿?), normalmente, cada cuatro años al Poder Ejecutivo. Pero ¿qué pasa cuando una ley, como la vigente Ley Electoral (reformada en el año 2011) “roba” la posibilidad de votar a la mayoría de emigrantes? (en el año 2008 el censo de votantes de la emigración era del 31%, y después de la reforma, apenas alcanzó el 4%). ¡Nueve años clamando para eliminar el voto “robado” (perdón, el “voto rogado”) y sin que se haya tenido en cuenta la voluntad popular! ¿Es así como funciona un Estado de Derecho?
Seguiremos oyendo ese tipo de “matracas” que nos dicen que el Congreso, los Gobiernos… son la expresión de la voluntad popular. Si, pero en la elaboración y aprobación de las leyes, no. Porque las leyes las propone el Gobierno, el Congreso o el Senado o las Comunidades Autónomas (rara vez la iniciativa popular a la que se le exige 500.000 firmas y que su propuesta se eleve para debate y aprobación). Toda iniciativa o proposición pasa por el control que ejerce cada Gobierno para aprobar las leyes. El ejemplo lo tenemos en esos dos millones de emigrantes clamando durante 9 años para que se elabore una ley que les permita ejercer el derecho al voto, sin que los Gobiernos hayan hecho ni el más mínimo esfuerzo para aprobar esa ley.
Las leyes las hacen los que gobiernan. O peor, las hacen aquellos que elige el gobierno para elaborarlas, y con las órdenes del Gobierno. Y decir que este o los anteriores gobiernos son la expresión de la voluntad de la emigración española, con un sólo un 3% ejerciendo el voto, es una broma de mal gusto. Y esta broma de mal gusto del voto “robado” o inexistente dura ya 9 años. De ahí mi escepticismo sobre ¿quién hace las leyes?
(*) Fundador del Despacho Martínez Barros en Vigo, uno de los más prestigiosos y grandes de Galicia, formado por abogados gallegos. Director de los servicios jurídicos del R.C. Celta y Vicepresidente en su día. Persona ligada a la emigración con más de 1.500 artículos publicados en varios medios.
