¿Pueden obligar a vacunarnos?

La respuesta, sin ningún tipo de duda, es SÍ.

¿Puedo circular libremente por el territorio nacional y elegir mi residencia dentro del mismo? La respuesta es también, sí, porque así lo ampara el art. 19 de la CE. Pero realmente esa circulación, si es con vehículo, está sometida a una serie de condicionantes (cinturón de seguridad, límite de velocidad, no adelantamiento en raya continua y decenas de prohibiciones). Y estas limitaciones se fijan para preservar la seguridad de los demás, así como para evitar colapsos hospitalarios y gastos de Sanidad.

El art. 15 de nuestra CE consagra el derecho a la vida y a la integridad física y moral. Y por su parte en el art. 43.1 de la Carta Magna se reconoce “el derecho a la protección de la salud”, siendo “competencia de los poderes públicos (art. 43.2) organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios”.

¿Se contradicen los artículos 15 y 43 de la CE? La respuesta es NO. ¿Por qué existe tanto recelo para obligar a vacunarnos una vez que científicamente está demostrado que con la vacuna se evitan muertes, se ayuda a la economía y se libera la saturación del sistema sanitario? Por cobardía y por una falta de autoridad internacional y nacional que impulse una legislación que sustente y ampare esa decisión.

Bastó una semana, en octubre de 2021 para modificar, por ley, el impuesto de Plusvalía. Bastaron quince días, en junio de 2014, para elaborar y aprobar una Ley Orgánica en 2014 que hiciese efectiva la abdicación del Rey Emérito. ¿Por qué en este país somos tan pacatos a la hora de adoptar decisiones que deben primar el interés general por encima del interés electoral? Pues porque los que nos gobiernan sólo se obsesionan por su interés partidista o particular y descuidan la máxima que debe regir toda actuación política y que no es otra que “HACER POSIBLE LO QUE ES NECESARIO”.

Por supuesto que todas las opiniones a favor y en contra deber ser oídas y saldrá vencedora la que refleje la mayoría que actué con criterios de sensatez, ponderación y equilibrio en pro del interés general. Claro que el vocablo “general” en este país produce “urticaria”. Quizás habría que suprimirlo en el escalafón militar y sustituirlo por “comisario-a” o por “rufián-a”. Algo que sea sonoro. Y para que la ocurrencia tenga substrato democrático, debe someterse a referéndum entre la ciudadanía en el que voten también los muertos de “memoria democrática”. ¿Acaso todo esto no serviría para evitar tener que resolver el problema sobre si la vacuna debe ser obligatoria?

(*) Fundador del Despacho Martínez Barros en Vigo, uno de los más prestigiosos y grandes de Galicia, formado por abogados gallegos. Director de los servicios jurídicos del R.C. Celta y Vicepresidente en su día. Persona ligada a la emigración con más de 1.500 artículos publicados en varios medios.