PSOE y Podemos proponen eliminar el delito de sedición y sustituirlo por desórdenes públicos

Tendría un castigo máximo de 5 años en prisión y de 8 años de inhabilitación

Patxi López (PSOE) y Jaume Asens (U. Podemos) registraron la iniciativa en el Congreso.

Los grupos parlamentarios del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y de Unidas Podemos, las fuerzas que forman parte del Gobierno de coalición en España, presentaron el pasado 11 de noviembre en el Congreso de los Diputados una proposición de ley orgánica para reformar el Código Penal, diseñada principalmente para derogar el delito de sedición. 

Para ello incluyen la sustitución del delito de sedición por uno de “desórdenes públicos agravados” en un texto que también es un conglomerado de trasposiciones de normas europeas que van desde la lucha contra el fraude hasta asuntos relacionados con la competencia y que incluye también una nueva pena por la ocultación del cadáver. PSOE y Podemos proponen rebajar el actual delito de sedición, penado hoy en día para autoridades con 10 a 15 años de cárcel y el mismo tiempo de inhabilitación, hasta penas de 3 a 5 años de prisión y de 6 a 8 años de inhabilitación.

Además, este nuevo tipo penal de desórdenes públicos no encajaría con los parámetros del proceso soberanista de Cataluña del año 2017.

Los portavoces en el Congreso del PSOE, Patxi López, y de Unidas Podemos, Jaume Asens, fueron los encargados de presentar en el Registro la propuesta que, al ser iniciativa parlamentaria, sortea los informes de órganos como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Consejo de Estado. Si fuera una iniciativa del Gobierno sí sería procedente el análisis por organismos constitucionales y, de esta manera, los partidos del Gobierno de coalición apuestan por una tramitación rápida.

El propio jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, había anunciado pocas horas antes la propuesta. “Va a ser una iniciativa que ayude a distender la situación en Cataluña, pero entiendo que haya españoles con dudas”, aseguró en una entrevista televisiva en La Sexta.

Varios medios de comunicación recordaron que Sánchez ha pasado de pedir la aplicación del delito de rebelión a los protagonistas del procés catalán, antes de las últimas elecciones generales, a cumplir cada requisito de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), formación clave para la permanencia del Gobierno, amparado en una supuesta presión de la Unión Europea para la homologación de delitos.

Esta decisión ha provocado una gran polémica no sólo en la oposición, en los órganos judiciales y en la opinión pública, sino también la división en el independentismo catalán -con la Assemblea Nacional Catalana (ANC) en contra de ERC- y la incomodidad en los barones del PSOE y los candidatos ante las elecciones municipales y autonómicas del próximo mes de mayo.

Esquerra, por su parte, no se conforma y pide nuevos acuerdos con Sánchez y pasos hacia la amnistía tras las sucesivas cesiones que ha ido logrando: la mesa de diálogo, los ndultos a los condenados por el Tribunal Supremo, el cese de la directora del CNI por el caso Pegasus y ahora esto. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, aseguró que es un paso indispensable y un gran avance para la desjudicialización.

Mientras que el Tribunal Supremo ve una amnistía encubierta en la derogación de la sedición. Además el Supremo sostuvo en la sentencia del 1-O que los hechos ocurridos en octubre de 2017 no fueron meros desórdenes.

Esta medida truncó en su momento el pacto del Gobierno con el PP para removar el CGPJ. El Partido Popular aseguró que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, había garantizado al PP que no habría reforma del Código Penal sobre la sedición. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo se compromete a revertir el delito de sedición si llega a Moncloa y a recuperar el delito de referéndum. El presidente del PP acusó a Sánchez de “humillar a una nación” y llamó a los barones del PSOE a rebelarse para no ser cómplices de “esta barbaridad política”. Feijóo, sin embargo, rechazó la moción de censura que le reclamaron Vox y Ciudadanos y afirmó que “lo que sirve es ganar las elecciones”.

Esta reforma de la sedición, junto a otros acuerdos con el PNV y Bildu, le allana al Gobierno la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, al cumplir las exigencias de sus socios nacionalistas e independentistas.

Aunque ERC reclama ahora la rebaja exprés también del delito de malversación, que podría liberar a 25 cargos del procés para dejar sin efecto los juicios del 1-O. El Gobierno no lo descarta y deslizó que deben rebajarse las penas si no hay  enriquecimiento personal.

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