PSOE y Junts llegaron el pasado 3 de marzo a un acuerdo para la delegación de las competencias migratorias a la Generalitat de Cataluña. Ambas formaciones, que presentaron una proposición de ley en el Congreso con lo que se evitan los informes del Consejo de Estado o el Consejo General del Poder Judicial, se decantaron por utilizar la fórmula de acuerdo de colaboración por el que se incluye a la policía autonómica catalana en el control de las fronteras, donde la última palabra la sigue teniendo el Ministerio del Interior.
De esta manera, en lugar de una “cesión integral” de las competencias de inmigración a Cataluña, tal y como pedía el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, y que pactó con los socialistas hace un año, sería un acuerdo de colaboración entre todas las fuerzas a imagen del modelo de Alemania con Baviera.
La ley acordada entre PSOE y Junts incluye la gestión de la Generalitat de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) o la devolución de los extranjeros que tengan prohibición de entrada. Además, el texto equipara a la población extranjera en la Comunidad con los “españoles nacidos” fuera de ella, según se recoge en el preámbulo de la proposición de ley orgánica que ha sido registrada en el Congreso de los Diputados.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del día 4, la titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, aseguró que “no es una cesión, es una delegación de competencias”, que “no se cede el control de fronteras” y que “se aplica con la Constitución española en la mano”.
Críticas de socios y oposición
Podemos rechazó el acuerdo de PSOE y Junts, que tachó de “racista”, por lo que la propuesta podría no salir adelante, y algunos dirigentes de Sumar y Compromís, otros socios del Ejecutivo, también mostraron su desacuerdo.
Por su parte, el Partido Popular considera esta proposición de ley como “la cesión más grave en la historia constitucional”. “El Gobierno no lidera, nos está desprotegiendo internamente con el desmantelamiento de extranjería e inmigración del Estado”,criticó el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. “Se está comprometiendo la seguridad nacional. Todos sabemos que en los últimos años ha habido muchas cesiones, pero esta es la más grave en la historia constitucional”, añadió Feijóo.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, cargó contra la dirección nacional de su partido al calificar de “bochorno” esta iniciativa para delegar las competencias en materia de inmigración y advirtió que “dinamita por completo la viabilidad de un pacto de Estado sobre inmigración en España con las comunidades autónomas”. El líder socialista criticó también que “la izquierda pueda asumir que se puede regular el tráfico de personas por cuestiones de idioma, de creencia, de identidad”.
Por otro lado, el Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó el pasado 26 de febrero la asunción por parte del Estado de 83.252 millones de euros de deuda de las comunidades autónomas con los votos del Gobierno central, que cuenta con la mitad en este foro, y los de los consejeros de Castilla-La Mancha, Cataluña y Asturias. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, destacó que se trata de una medida histórica.
Condonación de la deuda
Sin embargo, las comunidades del PP abandonaron en bloque la reunión a la media hora de empezar por considerarlo “una trampa” y “las migajas del pacto de Sánchez”, además de lamentar que en el orden del día no figurara ningún punto relativo a una propuesta de reforma del sistema de financiación. La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España cree que es “una trampa” para “blanquear algo ya firmado y pactado con los independentistas” de Esquerra. “Una cesión más al independentismo”, concluyó.
El expresidente de Gobierno y exlíder del PSOE, Felipe González, aseguró respecto a la rebaja fiscal del Gobierno que “no van a quitar nada, es mentira, la vamos a pagar todos”.
Los pactos del PSOE con Junts por la inmigración y con ERC por la deuda están levantando críticas y podrían dificultar que el Gobierno mantenga la mayoría en el Congreso con sus socios. Como también los problemas judiciales a afectan al Ejecutivo y su entorno.
La empresaria Carmen Pano confirmó el 25 de febrero en el Tribunal Supremo que entregó 90.000 euros en la sede del PSOE en Ferraz en octubre de 2020 por orden del empresario Víctor de Aldama, presunto conseguidor del caso Koldo.
Mientras que el magistrado Ángel Hurtado recoge en un auto que es una “evidencia” que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, “ha hecho desaparecer pruebas” que podrían encontrarse en sus móviles, algo que no puede ignorar que tenga incidencia en la causa.
