Un grupo de trabajadores locales de la Embajada de España en Bélgica protestó el pasado 17 de mayo frente a las puertas del edificio en Bruselas para reclamar unas condiciones salariales “dignas” para los empleados de las delegaciones de todo el mundo, que se respete la legislación local y que mejoren las condiciones en edificios, material informático y plantillas.
“Lo que estamos reclamando es unas condiciones salariales dignas en todos los países del mundo, porque el personal laboral en el exterior lleva 13 años con una congelación salarial que ya es totalmente insostenible” explicó la secretaria general Exterior de UGT para el Benelux, Elisa Marín Herrero, acompañada por una quincena de personas.
Esta protesta, si bien el día 17 de mayo se ha limitado a la capital belga, ya se ha producido en otras delegaciones españolas de Reino Unido, donde estuvieron 45 días de huelga, Alemania, Países Bajos, Uruguay y Australia, y se espera que pronto haya nuevas protestas en Francia e Italia, dijeron los convocantes.
Según explicaron los sindicalistas, el caso de la Embajada española en Bruselas es “especialmente grave”, ya que el número de inscritos ha pasado de 38.000 a 75.000 ciudadanos, y no solo no se ha aumentado la plantilla, sino que se ha recortado una plaza, una situación que califican de “inasumible”.
“Apelamos no solamente a nuestro ministro de Asuntos Exteriores, sino a todos los ministerios”, explicó Marín Herrero, quien recalcó que sus reclamaciones no van contra ningún gestor específico.
Asimismo, el personal laboral de la Representación Permanente de España ante la UE, también en Bruselas, ha iniciado movilizaciones para reclamar una mejora salarial conforme estipula la legislación belga, a la que deberían estar sujetos al no ser funcionarios y trabajar en Bélgica, pero que el Estado español no les reconoce. En concreto, han convocado movilizaciones los lunes y jueves a las 10.15 horas en la entrada de la Representación Permanente (REPER) de España ante la UE, “a la espera de recibir una respuesta a nuestros problemas”, explican en un comunicado tras llevar a cabo la primera de estas movilizaciones el pasado 10 de mayo.
Según exponen, la REPER en Bruselas cuenta, al margen de los funcionarios, con unos 90 trabajadores laborales, los cuales son contratados locales y por tanto debería aplicárseles la legislación belga en materia laboral.
Como resultado de ello, están sujetos desde 2018 a la Comisión Paritaria (CP) 337 si bien el Estado español “se niega a reconocer” dicho órgano, el cual confiere a los trabajadores laborales una serie de derechos, lo cual les deja “ante un auténtico vacío jurídico”, según denuncian. “No se nos aplica la ley española, pero por otra parte se niegan también a reconocer la legislación belga”, lamentan.
Al igual que el resto del personal laboral en el exterior, denuncian que tienen congelado su salario desde 2009, “lo que ha supuesto una pérdida de poder adquisitivo de alrededor del 30% (salvo una revisión salarial del 3,22% en 2019)”.