El juez del Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, decretó el pasado 30 de junio prisión provisional, comunicada y sin fianza para Santos Cerdán tras la declaración ante el magistrado del exsecretario de Organización del PSOE y mano derecha del líder socialista y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la formación.
Considera que Cerdán, que ese mismo día ingresó en la prisión de Soto del Real (Madrid), está implicado en la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública que se investiga en el ‘caso Koldo’, atribuyéndole delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, al considerar que ejercía un rol de cierta “preeminencia” en las supuestas corruptelas. En el auto, el juez instructor, señala que Cerdán “se encargaba de reclamar a las constructoras indebidamente favorecidas por las adjudicadas las cantidades adeudadas, las recaudaba y las hacía llegar después a Ábalos y Koldo García”.
En su declaración, según publicaron varios medios de comunicación, el ex secretario de Organización del PSOE reveló que su socio en Servinabar, Antxon Alonso, medió con el PNV para que apoyase la moción de censura contra Mariano Rajoy que permitió la investidura de Pedro Sánchez, en 2018. Y afirmó que Sánchez le encargó personalmente negociar la moción de censura.
La empresa Servinabar resulta crucial al haber recibido más de 75 millones de euros en adjudicaciones de obra pública realizadas por el Gobierno navarro que preside María Chivite y que ya están siendo investigadas por el Supremo.
Según fuentes presentes en la declaración, Cerdán denunció una “persecución política” por cerrar pactos con PNV y Bildu. Leopoldo Puente le había llamado a sede judicial tras recibir el informe de la UCO con audios de conversaciones junto al exministro de Fomento y antecesor de Cerdán en su cargo en el PSOE, José Luis Ábalos, y de su asesor, Koldo García.
Tras conocerse su ingreso en prisión, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo que el PSOE actuó de “manera contundente desde el principio” con Cerdán y que “ahora es el momento de la Justicia” para “dirimir responsabilidades”.
El juez ya adoptó medidas cautelares en contra de José Luis Ábalos y Koldo García, prohibiéndoles la salida del país, retirando su pasaporte y solicitando su comparecencia en el juzgado de manera periódica. Ambos fueron citados el 23 de junio y mientras Ábalos declaró asegurando que no se reconoce en los audios que le implican en mordidas, Koldo se acogió a su derecho a no declarar.
Previamente, el día 20, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entraron en la sede del PSOE para clonar el correo corporativo del exsecretario de Organización, Santos Cerdán. Además de este registro, los agentes entraron en las sedes de ADIF, el Ministerio de Transportes y la Dirección General de Carreteras con el objetivo de buscar los contratos de posibles adjudicaciones irregulares de obra pública, y el día 26 en las casas de la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y el exdirector de Carreteras, Javier Herrero, por la investigación del ‘caso Koldo’.
Además, Juan Carlos Peinado, juez del caso Begoña Gómez, remitió una exposición razonada al Supremo pidiendo que investigue al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por un delito de malversación por la contratación de Cristina Álvarez, asesora de la esposa del presidente del Gobierno en Moncloa, y falso testimonio.
Por otro lado, un millar de jueces y fiscales se manifestaron el día 28 a las puertas del TS, bajo el lema ‘Sin Estado de derecho no hay democracia’, en contra de la reforma legislativa que pretende el ministro Bolaños y que modifica las condiciones para acceder a las dos carreras. La protesta continúa del 1 al 3 de julio con una huelga convocada por todas las asociaciones de jueces y fiscales, excepto las progresistas, contra esas reformas al considerar que suponen un ataque a la independencia judicial y al Estado de Derecho.
