El candidato del PSOE, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, ha sido elegido presidente del Gobierno de España en el Congreso de los Diputados el 16 de noviembre con los 121 votos de su formación, 31 de Sumar, 7 de Esquerra Repúblicana de Catalunya (ERC), 7 de Junts per Catalunya, 6 de Euskal Herria Bildu, 5 del Partido Nacionalista Vasco (PNV), 1 del Bloque Nacionalista Galego (BNG) y 1 de Coalición Canaria (CC). En total, 179 apoyos frente a los 171 en contra que sumaron los 137 del Partido Popular (PP), 33 de Vox y 1 de Unión del Pueblo Navarro (UPN), por lo que logra en la primera votación la mayoría absoluta -que está en 176- necesaria para su investidura.
El debate de investidura que se celebró en el Congreso los días 15 y 16 de noviembre finalizó con la votación a viva voz de los diputados que ratificaron la reelección en el cargo del presidente del Gobierno en funciones tras su acuerdo de gobierno con Sumar y sus pactos con los partidos independentistas y nacionalistas, que incluyen entre otras cuestiones la amnistía a los protagonistas del proceso soberanista en Cataluña.
Sánchez tomó posesión de su cargo el día 17 ante el Rey Felipe VI y nombró a sus ministros el 20 para que el 21 hicieran estos lo propio ante el jefe del Estado.
Nacido en Madrid el 29 de febrero de 1972, Pedro Sánchez es presidente del Gobierno de España desde junio de 2018 tras una moción de censura contra Mariano Rajoy y renovó su cargo, posteriormente, tras las dos elecciones generales en 2019. Es doctor en Economía y secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), al que se afilió en 1993. También fue secretario general del PSOE, líder de la oposición y candidato a la Presidencia del Gobierno entre 2014 y 2016. Previamente, fue diputado en el Congreso por la circunscripción de Madrid y concejal en el Ayuntamiento de Madrid.
Casado y padre de dos hijas, Sánchez se licenció en 1995 en Ciencias Económicas y Empresariales por el Real Colegio Universitario María Cristina, centro adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Posteriormente, cursó dos estudios de posgrado: Máster en Economía de la UE por la Universidad Libre de Bruselas y Diplomado en Estudios Avanzados en Integración Económica y Monetaria Europea por el Instituto Universitario Ortega y Gasset.
En 2012, Sánchez se doctoró en Economía por la Universidad Camilo José Cela, donde ejerció de profesor de Economía.
Con anterioridad a su etapa como profesor universitario, trabajó como asesor en el Parlamento Europeo y fue miembro del gabinete del Alto Representante de Naciones Unidas en Bosnia Herzegovina.
Debate de investidura
El líder socialista empleó en su discurso en el debate de investidura casi dos horas para presentar el programa que quiere desarrollar al frente del Ejecutivo. Tras entrar por la puerta de atrás del Congreso de los Diputados y en medio de unas fuertes medidas de seguridad con los alrededores de la Cámara blindados con más de 1.600 antidisturbios, comenzó mostrando su respeto por las protestas en la calle sobre sus acuerdos con los independentistas y nacionalistas catalanes y vascos siempre que sean pacíficas. Se centró en ocho grandes compromisos de legislatura que se resumen en más empleo y de mejor calidad, aumento del poder adquisitivo, refuerzo del Estado del Bienestar, impulso de la transición ecológica, fomento de la igualdad, reducción de las diferencias entre provincias y toma de decisiones de la UE.
Anunció, entre otras cosas, la prórroga de la rebaja del IVA a alimentos hasta junio de 2024 y la gratuidad del transporte público urbano para los menores de 24 años y también para las personas en situación de desempleo.
En materia política se presentó como el líder que ha conseguido frenar a la derecha y la ultraderecha y llamó a levantar “un muro” en nombre de “la convivencia”, mientras que garantizó a Junts “dar pasos” en esta legislatura para “resolver el conflicto definitivamente”. En este sentido, afirmó que la amnistía es “perdón” frente a la “venganza” de la derecha, además de culpar al PP del proceso soberanista en Cataluña.
El candidato socialista defendió esta medida por “interés general” para “consolidar los avances logrados” y “para ayudar a superar la fractura del 1-O”. Consideró, además, que la amnistía es “perfectamente legal” y “acorde a la Constitución”.
“Fraude electoral”
Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, le acusó de “corrupción política” por “tomar decisiones contra el interés general a cambio de beneficios personales”. Y le reprochó conseguir el poder tras “perpetrar un fraude electoral”, puesto que negó hasta el mismo día de los comicios la amnistía a los responsables de la consulta ilegal de autodeterminación del 1 de octubre de 2017 (1-O) y la posterior declaración unilateral de independencia efímera en el Parlament. “Esta investidura nace de un fraude. Lo que se trae hoy a la Cámara no se votó en las urnas”, añadió. “No ha conseguido el apoyo de nadie, lo ha comprado, que es muy distinto, firmando cheques que todos pagaremos”, le espetó. Y no solo lamentó que lo haya comprado, sino que se lo adquirió al independentismo y aceptando sus imposiciones.
“Tenemos que encender todas las alertas democráticas”, advirtió Feijóo aunque no negó la legitimidad de Sánchez para la investidura, a quien sí acusó de enfrentar a los españoles al hablar de levantar muros entre ellos y fomentar las desigualdades con sus pactos. “Cuando Junts y ERC le fallen, no me busque”, le dijo para dar por imposible cualquier pacto de Estado con el PSOE a medio plazo. “A usted la historia no le amnistiará, se lo aseguro”, concluyó Feijóo.
Del resto de intervenciones, todos sus socios de investidura le recordaron su debilidad en esta legislatura para lograr sacar adelante las iniciativas de Gobierno y parlamentarias, instándole a cumplir todos sus compromisos. Especialmente, Junts y ERC que coincidieron en señalar que la amnistía no es suficiente y quieren un referéndum y la independencia. Míriam Nogueras, portavoz de Junts, le amenazó: “Con nosotros no pruebe a tentar a la suerte”. De hecho, el tono del discurso inicial de Sánchez generó malestar en las filas de Junts, que así se lo trasladó al PSOE en una reunión durante el pleno de investidura.
El PNV, Bildu y el BNG apoyaron la investidura pero también recordaron que no hay un acuerdo de legislatura, sólo de investidura, por lo que vigilarán sus promesas.
El presidente de Vox, Santiago Abascal, acusó al PSOE de dar un golpe de Estado, comparó a Sánchez con Hitler por sus leyes para romper la democracia y exigió al PP que pare la amnistía en el Senado, donde tiene mayoría absoluta.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en funciones y líder de Sumar, Yolanda Díaz, defendió el acuerdo de coalición para gobernar con el PSOE y denunció las políticas de la derecha, como también hizo el portavoz socialistas, Patxi López.
Finalmente, la votación le permitió a Pedro Sánchez renovar su cargo de presidente del Gobierno para una legislatura que estará marcada por sus pactos y, sobre todo, por la ley de amnistía.
Alcance de las medidas de gracia y fuerte oposición de jueces, fiscales y cuerpos del Estado
El pasado 9 de noviembre firmaron el PSOE y Junts el acuerdo para la investidura que incluye la amnistía y el lawfare, para poder ampliarla a los casos de corrupción, sin renuncia a la unilateralidad. Se discutirá la autodeterminación, se habla de un reconocimiento nacional, en una mesa de negociación que se reunirá fuera de España con verificadores internacionales para supervisar que la acción del Gobierno cumple lo pactado. Se negociará la cesión a Cataluña del 100% de los tributos y se promoverá el regreso de todas las empresas que se fueron. El texto reconoce que trata de “contribuir a resolver el conflicto histórico sobre el futuro político de Catalunya” y culpa al PP y al Tribunal Constitucional por su sentencia por el recurso sobre el Estatut.
El texto de la amnistía, que deja fuera el concepto de lawfare aunque incorpora su espíritu, se conoció el 13 de noviembre y se interpretó como una forma de borrar el 1-0 de la historia para que Puigdemont regrese libre. Termina con todas las causas del procés, incluyendo las que tienen terrorismo y malversación. Da dos meses a los jueces aplicarla y establece que las cuestiones al TC o a la UE no podrán paralizarla. La justifica por “razones de utilidad social” y promete que España será ahora un país “más habitable”. Una decisión en pro de un “interés superior”, el de la “convivencia política”.
Todas las asociaciones de jueces denunciaron que el pacto permite a los diputados “perseguirles” con comisiones en el Congreso para analizar su actuación y critican la “quiebra” de la separación de poderes. Se produjo, además, una alerta unánime de jueces y fiscales: se abre la puerta a exigir “responsabilidades” a los magistrados que aplicaron la Ley en el procés. El Tribunal Supremo exigió, tras conocerse el texto de la ley, “absoluto respeto a la división de poderes”. Jueces, abogados del Estado, diplomáticos, letrados de la Seguridad Social, inspectores de trabajo y otros cuerpos del Estado denunciaron el pacto de PSOE y Junts.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, proclamó que la “democracia prevalecerá” e hizo un llamamiento a la respuesta cívica y “sin ira” en las calles. “En España ya no somos todos iguales ante la Ley”, denunció. “España ha perdido, los independentistas están ganando y el PSOE ha desaparecido”, concluyó Feijóo.
Por otro lado, el acuerdo firmado con el PNV asume el “reconocimiento nacional” de Euskadi y abre la puerta a una Seguridad Social vasca. Por su parte, el BNG logró “medidas compensatorias” para Galicia en caso de perdón de deuda a otras comunidades y bonificaciones en los peajes de las autopistas del Estado.
TRAIDOR !!!!