El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, llegó a un acuerdo de investidura con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que incluye la aprobación de una ley de amnistía, el reconocimiento de un conflicto político en Cataluña, la continuidad de la mesa de negociación, una votación del “pueblo catalán”, el traspaso del servicio ferroviario de Cercanías (Rodalíes) y de sus infraestructuras, la condonación del pago de 15.000 millones de euros de la deuda de la Generalitat catalana y de 1.300 millones en intereses y un verificador del cumplimiento de los acuerdos.
El pacto lo firmaron el 2 de noviembre el líder de ERC, Oriol Junqueras, y el miembro de la Comisión Ejecutiva Federal y de la Comisión negociadora del PSOE además de ministro de Presidencia en funciones, Félix Bolaños. El 31 de octubre, Sánchez y el dirigente de ERC y president de la Generalitat, Pere Aragonès, habían dejado casi listo el acuerdo.
La amnistía limpiará de delitos a todos los insurgentes por el ‘procès’ (proceso soberanista catalán) desde el año 2013, incluidos los acusados de terrorismo de los Comité de Defensa de la República (CDR) y de Tsunami Democratic, movimientos de agitación callejera creados para coordinar los altercados tras las actuaciones del Gobierno central y el fallo del Tribunal Supremo contra los responsables de la consulta ilegal de autodeterminación del 1 de octubre de 2017 y la posterior declaración unilateral de independencia efímera en el Parlament.
“Conseguida la amnistía, es la hora de avanzar hacia la autodeterminación y el referéndum”, afirmó posteriormente el president de la Generalitat, Pere Aragonès.
Sánchez justificó la amnistía en el Comité Federal del PSOE del 28 de octubre por “interés” nacional tras reconocer que es una “condición” de Junts y ERC. “Es la única vía de que haya un Gobierno de España”, afirmó admitiendo que es el peaje para ser presidente y deslizando que “la amnistía no es el fin del camino”. “En el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña”, fueron sus palabras, que provocaron una ovación en pie de los presentes.
Presentó esta medida como “una contribución a la normalización política en Cataluña” y explicó que el PSOE realizaría una consulta a sus militantes con la siguiente pregunta: ¿Apoyas el acuerdo para formar un gobierno con Sumar y lograr el apoyo de de otras formaciones políticas para alcanzar la mayoría necesaria?
Reunión en Bruselas
Por otro lado, el secretario de Organización y número 3 del PSOE, Santos Cerdán, viajó a Bruselas el 30 de octubre para reunirse con el prófugo de la Justicia española, Carles Puigdemont, en una sala presidida por la foto de una urna del referéndum ilegal del 1-O. En un comunicado emitido por el PSOE le tratan como “President Puigdemont”, a pesar de que como president de la Generalitat impulsó las leyes de desconexión, realizó una declaración de independencia efímera y se fugó a Bélgica para que no le detuvieran ni le juzgaran.
Pese a estas negociaciones y pese al acuerdo con ERC, Puigdemont -que dijo que no renunciará nunca a la vía unilateral- quiso desmarcarse y exhibir el carácter decisivo de los votos de su formación al cierre de esta edición, planteando nuevas “discrepancias” con la amnistía y exprimiendo al máximo el pacto.
Con quien sí cerró un acuerdo Sánchez fue con Yolanda Díaz y Sumar para renovar el Gobierno de coalición, que firmaron el 24 de octubre en un acto sin aceptar preguntas. Entre otras medidas, el acuerdo incluye la reducción de la jornada laboral de 40 horas semanales a 37,5 horas en 2025 sin merma salarial, renovar los tributos a bancas y eléctricas y una reforma fiscal para elevar los ingresos en 40.000 millones de euros, el veto a los vuelos cortos que tengan una alternativa en tren de menos de dos horas y media, y fijar el impuesto de Sociedades en el 15%.
Los acuerdos del PSOE con los independentistas llevaron al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a reclamar elecciones mientras su formación denunció, además, la parálisis del Congreso de los Diputados.
Además, surgieron muchas voces dentro de la judicatura en contra de la amnistía, su legalidad y encaje constitucional. De hecho, vocales del Consejo General del Poder Judicial solicitaron un pleno que abordará este asunto el 6 de noviembre. Y una asociación de jueces denunció que la medida derivaría en la “abolición del Estado de derecho”, supone “generar una casta impune” y carga contra los partidos que “utilizan las leyes en su beneficio”.
disculpen, pero el Sr. Sanchez deberia estar tras las rejas con su projecto con la extrema izquierda. golpistas y etarras. Esto es la pura verdad y francamente, cada persona que le voto nuevamente no es un Español – las cosas claras y el chocolate espeso….