Este proceso, con el tráfico de influencias, cobro de comisiones y blanqueo de capitales relacionado con Plus Ultra, completa las nueve causas que atenazan al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Son los casos del fiscal general del Estado, condenado por revelación de secretos por difundir datos confidenciales del novio de Isabel Díaz Ayuso, enconada rival del jefe del Ejecutivo; el del hermano de Sánchez, por su presunto enchufe en la Diputación de Badajoz que está en pleno juicio; el de su mujer, Begoña Gómez, por el uso de su influencia como esposa del jefe del Ejecutivo para negocios privados; o el de las ‘cloacas’ para dificultar la investigación de casos de corrupción del PSOE o del Gobierno.
A estos hay que sumar los casos de los hidrocarburos, por fraude en la obtención de licencias y distribución de combustible en España; de las mascarillas sobre la compraventa de material sanitario durante la pandemia; la financiación del PSOE sobre ingresos y pagos en el partido y el uso de dinero efectivo en Ferraz; y el de Transportes sobre el amaño de contratos de obra pública en dicho Ministerio.
A pesar de todo ello, Pedro Sánchez rechazó un adelanto de las elecciones generales, que mantiene para el fin de la legislatura -tras el primer semestre de 2027-, a pesar de las presiones que está recibiendo. El jefe del Ejecutivo dice que las investigaciones judiciales “no impugnan lo que hace” el Gobierno. Varios socios de Sánchez, como Podemos, Junts o el PNV, aseguraron que la legislatura -sin Presupuestos y con minoría parlamentaria, además de los casos de corrupción- está finiquitada y debe convocar elecciones. El PP, por su parte, señala a los socios del Gobierno por no echarlo y ofrece una moción de censura instrumental para quitar a Sánchez y llamar a los españoles a las urnas.
