El presidente del Gobierno de España y líder del PSOE, Pedro Sánchez, vivió el 20 de marzo uno de sus días más complicados en la legislatura, que evidencia la fractura del Consejo de Ministros y pone en entredicho la estabilidad del Ejecutivo con una votación. Mientras negociaba en Bruselas las condiciones del aumento del gasto militar, la vicepresidenta segunda de su Gobierno, Yolanda Díaz, y su grupo parlamentario, Sumar, le daban la espalda votando en contra del rearme europeo y pidiendo la salida de España en la OTAN.
La división dentro del Ejecutivo se manifestó en la votación de una moción presentada por el BNG que rechaza el aumento del gasto militar exigido por la Comisión Europea. Mientras el PSOE votó en contra de esta propuesta, Sumar apoyó la medida, desmarcándose del presidente del Gobierno. Las discrepancias entre los socios se escenificaron en otros tres puntos: el rechazo a crear un fondo europeo de 800.000 millones de euros para gasto en defensa, renunciar a cualquier aumento de gasto militar y pedir la salida de España de la OTAN. Todo lo contrario de lo que pide la Unión Europea, que presiona para acelerar el rearme y el aumento del gasto en Defensa.
Además, los socialistas votaron en contra de una propuesta del PP que reclamaba que cualquier compromiso adoptado sobre estas cuestiones tenía que ser debatido y votado en la Cámara. La oposición exige que lo haga y denuncia que comprometa miles de millones de euros sin el visto bueno del Parlamento y sin aprobar nuevos Presupuestos Generales del Estado.
Pedro Sánchez, por su parte, defendía ante sus socios europeos la necesidad de fortalecer la defensa comunitaria, mostrando su respaldo al plan de Ursula von der Leyen, que prevé un fondo de 800.000 millones de euros para modernizar la seguridad europea. Sin embargo, su postura queda debilitada al no contar con el apoyo ni de sus aliados habituales, como ERC, Bildu, BNG o Podemos.
Polémica por el “rearme”
En declaraciones a su llegada al Consejo Europeo, Sánchez dijo que respalda “con algunos matices” el marco del Libro Blanco sobre defensa europea que se está impulsando ante el giro de Estados Unidos en política exterior y la amenaza rusa, pero que rechaza el término “rearme” para dicho plan. El presidente del Gobierno defendió que “cuando hablamos de la necesidad de mejorar la seguridad y las capacidades de defensa europeas” hay que “hablar de otra manera” a los ciudadanos y que debe incidirse en aspectos como un “salto tecnológico” en la UE.
Con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y la creciente inestabilidad en el mundo, la Unión Europea busca reforzar su estrategia militar y de defensa. Sin embargo, en España, la izquierda se encuentra dividida entre quienes apuestan por fortalecer la seguridad y quienes, como Yolanda Díaz, se mantienen firmes en su rechazo al rearme europeo y a la pertenencia a la OTAN.
En una jornada en la que no solo se encontró con la oposición de su socio en el Gobierno, sino que también Junts votó junto a PP y Vox para tumbar otro de los proyectos del Ejecutivo, la Agencia Estatal de Salud Pública. La mayoría parlamentaria que sostuvo su investidura se desmorona en las votaciones clave, dejando al Gobierno sin capacidad para sacar adelante su agenda política.
La situación en el Congreso apunta a un horizonte cada vez más complicado para el presidente del Gobierno. Sin el respaldo de sus socios, con una oposición fortalecida y con divisiones internas en su propio partido, Pedro Sánchez se enfrenta a una legislatura en la que cada pleno le desgasta y donde las derrotas parlamentarias son cada vez más frecuentes.
Todo esto se produjo, además, tras la ronda de contactos que el presidente Pedro Sánchez celebró el pasado 13 de marzo con los representantes de los distintos grupos parlamentarios y que un día antes le llevó a reunirse durante casi dos horas con la vicepresidenta segunda y cabeza de lista de Sumar, Yolanda Díaz.
Ronda de contactos
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se mostró molesto ante la falta de “seriedad” y “claridad” en la reunión que mantuvo con Sánchez. “No puedo decir que tras 30 minutos tenga alguna información, me he quedado pendiente de obtener respuesta”, afirmó el líder de la oposición. Feijóo insistió en que España carece de un plan para aboradar la cuestión de la Defensa y ve “muy difícil” poder alcanzar un acuerdo. “Ni tenemos un Gobierno sólido y coherente en España, ni tenemos un plan de Defensa”, afirmó para señalar que la debilidad del Ejecutivo, sin presupuestos ni una mayoría en el Congreso, debilita las posiblidades de llevar a cabo una estrategia firme.
El presidente del Gobierno excluyó de la ronda de contactos a Vox pero sí recibió a Mertxe Aizpurúa, portavoz de EH Bildu, en la primera ocasión en la que un representante del partido independentista vasco, que presentó a militantes de ETA en sus listas, realizaba una visita oficial a La Moncloa. Por su parte, Ione Belarra (Podemos) acudió a Moncloa con una camiseta con el lema ‘No a la guerra’ y llegó a referirse a Sánchez como un “señor de la guerra”.
Otro punto de fricción entre PSOE y Sumar, integrantes del Gobierno de coalición, es la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), porque el Ministerio de Hacienda de la socialista María Jesús Montero tiene intención de vetar las tres leyes de PP, Sumar y Podemos para eximir del IRPF a los trabajadores que cobran el SMI. Sin embargo, Sumar prevé aliarse con el PP en el Congreso para levantar ese bloqueo.
Mientras, los Presupuestos Generales del Estado siguen en el aire y el Gobierno no parece tener claro si podrá o no presentarlos en este 2025. Justo cuando se cumple un año de la renuncia del Ejecutivo a los de 2024, debido al adelanto electoral en Cataluña, la situación no parece haber cambiado, y el debate desatado en los últimos días sobre el aumento del gasto en Defensa no hace más que dificultar la llegada a acuerdos. Desde el Ejecutivo no descartan culminar el mandato incluso sin aprobar en cuatro años un nuevo presupuesto.
Desigual reparto de menores migrantes
Junts anunció el acuerdo alcanzado con el Gobierno para el reparto de menores migrantes no acompañados entre comunidades, el pasado 18 de marzo en un comunicado, “teniendo en cuenta el peso poblacional, pero también el esfuerzo hecho por Cataluña a lo largo de los últimos años”. Así, el partido del expresident de la Generalitat catalana huido de la Justicia española, Carles Puigdemont, adelantó que el pacto “limita la llegada de menores no acompañados destinados a Cataluña”, que recibirá entre 20 y 30 de los 4.000 que se encuentran actualmente en Canarias, mientras que Madrid acogerá a más de 700. Ese mismo día, el Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros por decreto la modificación de la ley de extranjería para articular un mecanismo permanente de reubicación de los menores migrantes no acompañados que llegan a zonas tensionadas como Canarias a otras comunidades autónomas. El texto de la nueva norma permitirá que cuando determinados territorios estén muy tensionados puedan activarse traslados a otras regiones. Una vez que Junts mostró su apoyo a la iniciativa, el Gobierno dio luz verde a la reforma del artículo 35 de la ley.
El PP acusó al Ejecutivo de “pasar de mercadear con leyes a hacerlo con menores de edad” y denunció que troceó la gestión de fronteras y el control de la inmigración para “contentar al independentismo catalán”. Las críticas al pacto con Junts llegaron también desde dentro del PSOE, con el castellano-manchego Emiliano García-Page al frente, y de miembros de Sumar, de Compromís o de Podemos.
