El Gobierno, a través de su mayoría socialista, y el principal partido de la oposición, el PP, pactaron la renovación de cuatro órganos constitucionales, que llevaban tiempo paralizadas. En concreto, del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y de la Agencia de Protección de Datos, llegando a un acuerdo sobre las personas que se van a incorporar.
Solo queda pendiente el Consejo General del Poder Judicial, por falta de consenso en los candidatos y por el interés del PP en despolitizar los nombramientos de la Justicia.
