El vicepresidente primero de la Xunta y conselleiro de Presidencia, Xustiza e Turismo, Alfonso Rueda, aseguró que el Ejecutivo autonómico seguirá reclamando ante el Estado las competencias que Galicia necesita, pero exigirá que las transferencias lleguen acompañadas de la financiación necesaria para asumirlas y que el Gobierno central salde las deudas pendientes con la Comunidad Autónoma; entre ellas, los 204 millones del IVA del año 2017.
En su respuesta a una interpelación en el Parlamento el pasado 28 de abril, recordó que el Gobierno gallego nunca dejó de reclamar las competencias que le corresponden a Galicia para seguir avanzando en el autogobierno siempre dentro del marco establecido por la Constitución española y por el Estatuto de Autonomía. Con todo, Rueda señaló que Galicia tiene hoy en día otras prioridades que reclamar ante el Gobierno central, como el cobro de la deuda del IVA del año 2017, los compromisos pendientes con las infraestructuras, el apoyo al tejido industrial y productivo y la mejora de los servicios públicos del Estado en la Comunidad.
El vicepresidente primero se refirió a la reciente sentencia del Tribunal Supremo que dio la razón a Castilla y León en su reclamación del IVA pendiente del año 2017. Toda vez que Galicia hizo una demanda similar, Rueda reiteró la necesidad de que el Gobierno central devuelva a la Xunta los 204 millones que le corresponden antes de que se pronuncien los tribunales. En la negociación de las transferencias, la Xunta dará prioridad a demandas históricas como son el traspaso de la AP-9 y el del dominio público marítimo-terrestre, sin olvidar otras pendientes.
Discrecionalidad
Por otro lado, el conselleiro de Facenda e Administración Pública, Valeriano Martínez, criticó el 27 de abril la discrecionalidad del Gobierno central en el reparto de los fondos para luchar contra la pandemia y denunció que Galicia tendría que recibir 660 millones de euros más de los que lleva percibidos. Y en este sentido, pidió el apoyo de todos los grupos parlamentarios de la Cámara para demandar que en los recursos vinculados al Plan Nacional de Recuperación, Transición y Resiliencia “se corrija esta discriminación a Galicia”.
Valeriano Martínez compareció en el Parlamento gallego para informar sobre el avance del resultado del cierre del año 2020 y del gasto ocasionado por la pandemia del coronavirus en ese ejercicio. Explicó que los recursos procedentes de la Unión Europea son una pieza fundamental “y una oportunidad si realmente el Ejecutivo central cuenta con las comunidades autónomas y permite el acceso a esos fondos en igualdad de condiciones, pero no todas las comunidades están siendo tratadas por igual”. Así, apeló a la necesidad de una cogobernanza real entre el Estado y las comunidades autónomas y lamentó que el Gobierno “lleve muchos meses perjudicando a Galicia en el reparto de todos los fondos que se habilitan para la lucha contra la pandemia”.
Durante su exposición, Martínez explicó que la crisis sanitaria supuso en 2020 un gasto extraordinario para la Xunta de 629 millones de euros, con un esfuerzo adicional para la Administración autonómica de 90 millones, ya que tuvo que gastar esa cantidad por encima de los recursos recibidos. En cuanto al desglose por áreas, de estos 629 millones de euros, 270,3 -la mayor parte- se destinaron a la Sanidad; 115,8 a Educación; 70,2 fueron para el refuerzo de las políticas sociales; y finalmente, 53,7 millones se destinaron a empleo.
El conselleiro explicó también que en 2020 se suspendieron las reglas fiscales y Galicia cerró el año con un déficit del 0,1% del PIB. El Gobierno gallego gastó todo lo necesario para atender a la pandemia y al mismo tiempo controló el déficit y la deuda. Además, la Comunidad cerró 2020 con un diferencial de deuda con la media autonómica de 7,2 puntos, el máximo de la serie histórica, según los datos publicados por el Banco de España, y fue la tercera comunidad de régimen común con menor endeudamiento, con un 19,9% de ratio deuda/PIB, frente al 27,1% de la media de las comunidades.
Recurso ante el TC
Y, por último, el Consello da Xunta dio luz verde el pasado 7 de mayo para que la Asesoría Xurídica Xeral comparezca ante el Tribunal Constitucional y presente alegaciones de oposición ante el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Estado contra la Lei de Saúde de Galicia. La Xunta solicitará el levantamiento de la suspensión de los preceptos impugnados del número 5 del artículo único de la norma, por considerar que ofrece un marco legal para regular las medidas sanitarias y otorgar seguridad jurídica dentro del marco permitido por la Ley orgánica estatal de salud pública que regula esta cuestión.
Reunión con la ministra de Economía sobre decisiones que ponen en peligro 16.000 puestos de trabajo
El presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, trasladó el pasado 30 de abril a la vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, la oportunidad que suponen los fondos europeos Next Generation para modernizar la economía y contribuir a paliar los efectos de la crisis industrial y de la transición energética. “Tuvimos una reunión dos gallegos para analizar la situación económica e industrial de Galicia”, dijo, incidiendo en que la reconstrucción económica del país pasa por que se financien las mejores iniciativas, con independencia de los territorios que los proponen y de determinados intereses políticos, además de apelar a los principios de concurrencia competitiva, solvencia y de inversión privada.
En esta línea, trasladó los detalles de la candidatura gallega a los fondos europeos, integrada por más de 300 iniciativas que totalizan una inversión de 20.000 millones. Todos ellos proyectos sólidos, vinculados a la economía circular y con los sectores estratégicos gallegos, entre los que destacó la construcción de una fábrica de fibras textiles, un proyecto de la automoción, iniciativas relacionadas con el campo-mar-industria o la biotecnología, así como proyectos públicos relacionados con la sanidad o con el sector de las tecnologías.
En el contexto de la crisis industrial que atraviesa Galicia y que está poniendo en peligro 16.000 puestos de trabajo en sectores clave como el electrointensivo, el energético, el forestal o la cadena mar-industria, Feijóo recalcó que la Xunta no comparte las decisiones del Gobierno central que conducen a una transición energética y ambiental abrupta. Unas decisiones, recordó, que están afectando especialmente a la comarca de Ferrol, Eume y Ortegal, con el cierre de la central térmica de As Pontes y de Siemens-Gamesa, así como la falta de carga de trabajo en los astilleros de Navantia, con 1.800 empleos perdidos en los últimos meses. Feijóo propuso a la vicepresidenta un Pacto de Estado entre todas las administraciones -Gobierno de España, Diputación de A Coruña, ayuntamientos y Xunta-, con el objetivo de buscar carga de trabajo para Navantia y el desarrollo de proyectos Next Generation en distintos emplazamientos de la comarca.
Respecto al ámbito tecnológico, Feijóo expuso como objetivo prioritario llegar a una velocidad de conexión de 100 megas al 100% del territorio gallego, además de valorar la disposición del Ministerio para analizar conjuntamente los proyectos en los que la Administración autonómica está trabajando en materia de transformación digital. En relación al Xacobeo 21-22, reiteró la necesidad de que los Presupuestos Generales del Estado incluyan una partida específica para una celebración que implica a Galicia, pero también a toda España.
Por otro lado, la Xunta, Abanca, Reganosa y Sogama constituyeron el 28 de abril la nueva sociedad público-privada que se encargará de impulsar los proyectos tractores en Galicia. La Sociedade para o Desenvolvimento de Proxectos Estratéxicos de Galicia nace para madurar iniciativas empresariales con relevante efecto dinamizador en la economía gallega. Favorecerá la transformación de la economía implantando un modelo verde y digital y promoverá la captación de fondos, la incorporación de socios y la colaboración entre instituciones, al tiempo que fomentará especialmente la participación de las pymes.
Respecto a Ferrol, el presidente de la Xunta anunció el pasado 29 abril la propuesta de conseguir un auténtico Pacto de Estado para la recuperación y transformación industrial de la comarca. Ante la preocupante situación en la que se encuentra la ciudad y su comarca, tal y como reflejan los datos de paro y el saldo vegetativo y con unas expectativas que no son buenas tras varias decisiones del Gobierno central, Feijóo anunció que se actuaría de inmediato a través de tres vías: abriendo un proceso de diálogo entre los agentes económicos, sociales y los partidos políticos; movilizando a todas las consellerías para que prioricen las inversiones; y reclamando la implicación de todas las administraciones a través de un pacto que congregue a Gobierno central, Xunta, Diputación de A Coruña y ayuntamientos.
El 7 de mayo, el titular del Gobierno gallego presentó los ocho ejes de actuación del “documento base” propuesto por la Xunta para la elaboración del Pacto de Estado. Feijóo destacó que servirá “para ampliar, negociar, reflexionar y unir” las distintas prioridades de las administraciones porque “en este momento debemos estar todos juntos”. El vicepresidente segundo y conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde, explicó que entre las propuestas aportadas en las diferentes reuniones con ayuntamientos, sindicatos y tejido empresarial, destacan la transformación del buque civil de transporte Galicia en Navantia, el refuerzo del Plan Rexurbe o la creación del Xeoparque Ortegal.
