La ley pretende establecer un nuevo modelo de gobierno caracterizado por “la transparencia, la información y la asunción de responsabilidades” por parte de sus miembros y en el que, además, se facilite la participación de los ciudadanos, su conocimiento acerca de las actividades y bienes patrimoniales de los altos cargos y su mejor acceso a las ayudas. Para ello, el anteproyecto incluye el impulso a la administración electrónica, para permitir la tramitación de diversos procedimientos a través de la red, y la obligación de difundir las retribuciones del Gobierno, para garantizar el objetivo principal de la ley, la transparencia.
Difundir la acción de gobierno
En consecuencia, una de las novedades más importantes será la proporción de “información constante y veraz” sobre la actuación del sector público, para que los gallegos accedan a todos los datos relacionados con los servicios públicos, su estructura orgánica y funcional, y a la localización de las unidades administrativas, así como a los conocimientos necesarios para tramitar los distintos procedimientos administrativos.
Por lo que respecta a los principios de actuación de los miembros del Gobierno y altos cargos, reflejan la obligación de promover el respeto a los derechos fundamentales y a las libertades públicas. Además, no podrán implicarse en situaciones o actividades que sean incompatibles con sus funciones, al tiempo que se abstendrán de intervenir en asuntos en los que concurra alguna causa que afecte a su subjetividad.
Asimismo, sus retribuciones aparecerán en internet y se constituirá un Registro de Actividades de Altos Cargos y otro de Bienes Patrimoniales en los que se podrán consultar las correspondientes declaraciones, para hacer así realidad el objetivo reivindicado por Touriño de garantizar los “bolsillos de cristal”. El contenido del primero de ellos se publicará en el Diario Oficial de Galicia y estará disponible en internet, mientras que el segundo se presentará anualmente en el Parlamento de Galicia.
Además, la ley establece que el tratamiento oficial de los miembros del Gobierno y de los altos cargos se restrinja a ‘señor’ o ‘señora’ si bien no incluye medidas sancionadoras en caso de incumplimento de estas pautas de conducta.