Las asociaciones de recuperación de la memoria histórica y de familiares de víctimas expresaron a EFE su gran satisfacción por la decisión de la Justicia argentina de reabrir la investigación sobre los crímenes del franquismo. Un tribunal de apelaciones de Buenos Aires admitió la apelación presentada por familiares de víctimas, que en abril pidieron a la Justicia argentina que investigara los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el franquismo, y anuló la decisión de la juez María Servini de archivar el asunto.El tribunal pidió también al Gobierno español que informe sobre si se están investigando los crímenes llevados a cabo durante el período comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977.
En España “no se está investigando”, recalcó a EFE Santiago Macías, vicepresidente de la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), quien criticó la actuación de los jueces españoles en estos casos, a quienes acusó de “prevaricar”.“Es muy grave que los jueces no están cumpliendo la ley a sabiendas”, señaló Macías quien aseguró que, salvo contadas excepciones, cuando desde las asociaciones ponen en conocimiento de la Justicia el hallazgo de fosas “dictan el sobreseimiento sin ver los restos”. El 18 de noviembre de 2008 el juez Baltasar Garzón se inhibió de la investigación sobre la causa de las desapariciones durante el franquismo y la remitió a los Juzgados territoriales.
El vicepresidente de la ARMH pidió a los políticos españoles que sean igual de respetuosos con la decisión judicial argentina como lo fueron con las que llevó a Garzón al banquillo de los acusados por investigar estos casos. En cuanto a la respuesta que debe dar el Gobierno español, señaló que sería una falsedad considerar que la Ley de Memoria Histórica es una forma válida de investigación para “poder justificar así que se está haciendo algo”.Por su parte, la Plataforma contra la impunidad del franquismo ha calificado de “lamentable paradoja” que España, ejemplo del desarrollo del derecho internacional y de investigaciones sobre genocidio en otros países, tenga que recurrir a la Justicia extranjera para este asunto.Los denunciantes son Inés García Holgado y Darío Rivas Cando, hijo de Severino Rivas, fusilado en 1936 cuando era alcalde de la localidad de Castro de Rei. Interpusieron su denuncia en el juzgado el pasado 14 de abril, fecha elegida por ser el aniversario de la Segunda República.