Este servicio está diseñado para trasladar a los centros asistenciales a las personas dependientes con una movilidad reducida que les impida viajar en transporte público o que tengan una minusvalía superior al 65 por ciento.
Durante tres meses la iniciativa estuvo bloqueada por los socialistas que alegaban que el servicio debía estar mejor delimitado en sus prestaciones, ya que se temía que el coste se disparara hasta más de cien millones de euros. Con el fin de solucionar este problema, la pasada semana, el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, y el vicepresidente, Anxo Quintana, mantuvieron una reunión en la que analizaron los pormenores del llamado 065 social. La reunión no fue en vano ya que el Consello de la Xunta sacó adelante el decreto.
El servicio entrará en funcionamiento este año con un presupuesto de 6 millones de euros y estará plenamente operativo en 2009, ejercicio a partir del cual costará 33,6 millones de euros al año. El Ejecutivo gallego estima que en las tres primeras fases de implantación habrá 38.500 usuarios potenciales y que, en dos años, el servicio tendrá capacidad para atender a 100.000 personas.
Gratuidad limitada
Sin embargo, el transporte no será universal. El decreto establece que los beneficiarios que podrán acceder al servicio de forma gratuita deben tener un grado de minusvalía del 65% y unos ingresos iguales o inferiores al 75% del indicador público de renta de efectos múltiples (Iprem), que este año está fijado en 5.990 euros. En cuanto al resto de personas dependientes, su grado de participación en la financiación del servicio dependerá del excedente de ingresos conforme al tope exigido. Los usuarios que superen en un 250% el indicador de renta deberán abonar 1,40 euros por kilómetro.
Prioridades del 065 social
La prestación del servicio, según Pérez Touriño, se hará en función de una serie de prioridades. Entre ellas, está la necesidad de acudir a consultas o tratamientos en el sistema público cuando el transporte no sea competencia del sistema sanitario. Así como el traslado de los interesados a los centros o equipamientos de alojamiento temporal o permanente de los servicios sociales y a los centros que dispongan de programas o actividades.
Con esta iniciativa ligada a la ley de dependencia, vicepresidencia pretende facilitar la movilidad de los beneficiarios y garantizar su acceso en igualdad de condiciones a servicios de cualquier tipo, favoreciendo su plena integración y participación en su contorno habitual.